La Suprema Corte ordenó reservar los nombres de todo el personal administrativo, peritos, ministerios públicos y policías federales ministeriales adscritos a la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los nombres de todo el personal administrativo, así como aquellos en ministerios públicos, peritos y policías federales ministeriales de cuatro subprocuradurías de la Fiscalía General de la República (FGR).
La sentencia se da después de que un ciudadano solicitara, por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los nombres y cargos del personal sustantivo y administrativo de las subprocuradurías especializadas en Control Regional, Derechos Humanos; en investigación de Delitos Federales y Delincuencia Organizada.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 12, 2022
En un primer momento, la FGR entregó los nombres del personal administrativo de todas las áreas solicitadas excepto los de SEIDO bajo el argumento de seguridad como motivo para reservar el resto de la información.
Ante la falta de datos, el peticionario tramitó un recurso de revisión y el INAI ordenó a la FGR entregar los nombres de los ministerios públicos de todas las subprocuradurías excepto de los SEIDO, así como el personal administrativo de estos últimos, y la denominación correcta de los cargos de todos los agentes del Ministerio Público federal, la Policía Federal Ministerial, peritos y analistas.
Pese a esta orden, la Corte concluyó por mayoría votos que se diera un revés, y los nombres de todos los funcionarios queden blindados.
Los ministros determinaron que las instrucciones del INAI afecta las atribuciones constitucionales de la FGR para investigar y perseguir delitos federales, pues revela su capacidad de despliegue y reacción. El Ministro Javier Láynez argumentó en el proyecto que, según la teoría mosaico, se puede recopilar y combinar información aparentemente inofensiva y aislada para descubrir vulnerabilidades estratégicas que son susceptibles de explotación para dificultar la procuración de justicia o actos de contra inteligencia.
De haberse cumplido la orden del INAI, se habría publicado el nombre de 73 por ciento de los agentes del Ministerio Público federal, que son los fiscales que lideran investigaciones penales y hacen las acusaciones por los cargos, así como detalles de funciones de otros nueve mil servidores públicos.
