El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su presunto prestanombres y sus familiares no sólo son acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera por poseer propiedades en México y Estados Unidos que no coinciden con su patrimonio, también por diversos esquemas de corrupción a través de sus empresas fachada con daño al erario estatal y federal.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Una de las empresas fachada de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, coparticipó con la española Acciona –sancionada por corrupción– en un negocio derivado de la Reforma Energética peñista en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar su desafuero.
Otras compañías del presunto prestanombres, el único detenido hasta ahora por una red de enriquecimiento ilícito, han obtenido contratos millonarios de dependencias públicas estatales y federales durante la gestión del mandatario panista, un esquema de corrupción del que también ha gozado su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca y su hermano, José Manuel mediante empresas familiares, muestra la indagatoria federal.
Baltazar Reséndez está fichado desde 2008 por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como un empresario tamaulipeco ligado con lavado de dinero y accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos con el Gobierno de Tamaulipas. Sus cuentas fueron bloqueadas y fue detenido en julio pasado en Texas, Estados Unidos, pero el Gobernador García Cabeza de Vaca, para quien supuestamente operó, cuenta desde junio con un amparo para evitar ser detenido y este año concluye su administración. La madre y y el hermano están libres.
SinEmbargo informó ayer que, sin coincidir con su patrimonio reportado desde hace veinte años, el Gobernador de Tamaulipas y sus familiares poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos, entre ellas casas, ranchos y departamentos de lujo, incluyendo uno ubicado en Santa Fe, al sur de la Ciudad de México, que fue revendido a un sobreprecio de 300 por ciento.
EL NEGOCIO ENERGÉTICO
En septiembre de 2018, la empresa energética española Acciona inició la operación del parque eólico «El Cortijo», en Reynosa, como parte de las subastas eléctricas derivadas de la Reforma Energética peñista votada a favor, entre otros legisladores, por el entonces Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) muestra que Enerxiza Wind, una empresa fachada a nombre del presunto prestanombres del ahora Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Reséndez, coparticipó para instalar el parque eólico con Acciona, la ibérica sancionada por corrupción en América Latina y en España, que incluye un caso con su entonces socia Odebrecht, señalada en una docena de países por sobornos y fraudes.
A partir del esquema de Certificados de Energía Limpia (CEL’s) implementado con la Reforma Energética de 2013, y revertida por el actual Gobierno federal por dañar a las paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a ofrecer un porcentaje de energías limpia, por lo que por 20 años debe comprarle electricidad a esta empresa señalada de corrupción y que el director Manuel Bartlett Díaz coresponsabilizó por el apagón de diciembre de 2020 que dejó sin luz a 10 millones de personas de 15 estados.
Enerxiza Wind tramitó en 2012 con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) –donde trabaja en la Secretaría de Administración el primo del Gobernador, Hugo Guerra, también denunciado por la UIF– la instalación de una torre de 50 metros para hacer estudios eólicos y determinar la factibilidad de la instalación del parque eólico en un ejido que ahora pertenece a la familia Cabeza de Vaca.
Derivado del estudio de factibilidad de la UAT se determinó que el parque eólico «El Cortijo» fuera instalado cerca del ejido de la Retama en Reynosa, donde la empresa fachada Enerxiza Wind tiene su domicilio y, de acuerdo con la UIF, también una de las empresas familiares del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la «Desarrolladora y Constructora Cava», donde los accionistas son su hermano y madre, José Manuel y María de Lourdes Cabeza de Vaca.
En 2016 se lanzó la licitación para la construcción del parque eólico y generación de 168 MW, ganada por la cuestionada Acciona. Además de los señalamiento en México, su filial en Ecuador está indagada por posibles sobornos a autoridades del país sudamericano al participar con Odebrecht en la construcción de la primera línea del Metro en la capital Quito. En 2015 el consorcio se adjudicó la obra por mil 538 millones de dólares.
Sin embargo, en 2017 la brasileña Odebrecht se salió del proyecto luego de que la Fiscalía ecuatoriana le abrió una investigación tras el escándalo de que pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos, una parte de la red de sobornos entregados a nivel global, incluyendo México.
En Bolivia, en 2019 su otra filial, Ingeniería Especializada en Obra Civil e Industrial, fue vetada por 28 meses por el Banco Mundial por «prácticas corruptas, colusorias y fraudulentas en el proyecto de infraestructura de carreteras nacionales y aeropuertos» que el banco financió, concretamente la carretera San Buenaventura-Ixiamas y la seguridad del aeropuerto de Rurrenabaque.
Y en España, su nación sede, Acciona pagó recientemente una multa por defraudar a las autoridades de la localidad de Aragón por un mal servicio de ambulancias contratadas, que afectaron la calidad del transporte sanitario por problemas con las llantas y los choferes.
LA REVENTA DEL DEPARTAMENTO
La indagatoria federal también halló que durante la administración en Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Obras Públicas estatal, titulada por Cecilia del Alto López, autorizó tres licitaciones por 54.5 millones de pesos a la empresa inmobiliaria «RC Tamaulipas» y a la empresa «Barca de Reynosa», en las cuales el presunto prestanombres Baltazar Higinio figura como representante legal, accionista y administrador único. Ambas compañías no solo incumplieron el contrato estatal con daño al erario, sino que una de ellas formó parte de un esquema de desvíos y sobreprecio.
El contrato con la inmobiliaria «RC Tamaulipas» se firmó para construir y amueblar la Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Reynosa. Sin embargo, las obras no fueron concluida por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un probable daño al fideicomiso de Administración y Distribución por 6 millones 422 mil pesos.
La UIF indagó que esta firma inmobiliaria envió 300 millones de pesos entre 2019 y 2021 al dueño, el presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Higinio, quien a su vez transfirió 33 millones de pesos de marzo a abril de 2019 a Juan Francisco Tamez Arellano, otro presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca que es representante legal de la empresa fachada «T Seis Doce».
De los 33 millones de pesos transferidos, Juan Francisco Tamez envió 2.4 millones de pesos a su empresa fachada «T Seis Doce», a través de la cual se compró por 14.38 millones de pesos un departamento en Bosques de Santa Fe, una de las zonas con más plusvalía al sur de la Ciudad de México.
Dicha compañía fachada que adquirió el inmueble recibió a su vez 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada relacionadas a un esquema de lavado de dinero vinculadas con Rodolfo «T», operador financiero del Cártel de Sinaloa vinculado a proceso en 2016, de los cuales envió 36.8 millones de pesos al Gobernador García Cabeza de Vaca.
El Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, resaltó la UIF, a su vez revendió el departamento de Santa Fe a la empresa fachada T Seis Doce de su segundo presunto prestanombres en 42 millones, un valor 300 por ciento más alto respecto a la primera adquisición.
EL ROBO A LAS MUJERES
Aunque la indagatoria de la UIF no precisa en qué años, la empresa «Barca de Reynosa», la otra firma del presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Higinio, también recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el Gobierno de Tamaulipas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Nacional del Agua (Conagua), pese a que en 2021 tampoco entregó con tiempo obras a la Secretaría de Obras estatal.
De 2017 a 2018, la Secretaría invirtió 28 millones 884 mil pesos con subsidios estatales y federales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia para las Mujeres (CONAVIM) para que las mujeres tamaulipecas contaran con el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa.
Para enero de 2021, a dos meses de la fecha para entregar el edificio según el contrato, la obra sólo llevaba un avance físico de 9 por ciento, pero el monto ya se había elevado a 66 millones de pesos sin haber sido concluida. En imágenes satelitales se sigue viendo un terreno baldío.
LOS BENEFICIOS DE LA FAMILIA
A José Manuel, hermano del Gobernador de Tamaulipas, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le tiene ubicadas propiedades en McAllen e Hidalgo, Texas, y en Reynosa, Tamaulipas, así como 11 vehículos de gama alta, a la par de que sus empresas han recibido contratos del Gobierno estatal.
Es apoderado legal de «Construcciones y Mantenimiento Roca», una empresa que gozó entre 2005 y 2017 de 23 contratos por un total de 400 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones de Tamaulipas, la Alcaldía de Reynosa y el Gobierno de Tamaulipas, destaca la investigación que actualmente está en manos de la Fiscalía General.
Cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca era el Presidente Municipal de Reynosa (2005-2007), la empresa del hermano fue contratada por 2 millones de pesos para pavimentación asfáltica; por 43.5 millones de pesos para un puente vehicular; y por otros 33.9 millones de pesos para una obra municipal.
El negocio familiar no terminó ahí. Mientras su hermano ha sido el Gobernador de Tamaulipas (2016-2022), de 2016 a 2017 la compañía de José Manuel también recibió contratos por 122 millones 75 mil pesos para remodelar un centro deportivo, construir un edificio para el sistema de seguridad, pavimentación, conservación rutinaria de caminos y rehabilitación del sistema eléctrico del Acueducto Guadalupe-Victoria, desglosa la investigación.
Además, el hermano José Manuel se asoció con su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, a través de la empresa «Desarrolladora y Constructora Cava», la cual operó de 2010 a 2019 unos 409 millones de pesos. De 2010 a 2015, recibió 10 contratos por 67.5 millones de pesos con dependencias estatales y federales, entre ellas, la CFE, Pemex y Conagua, dice la UIF.
Sólo entre 2010 y 2011, «Desarrolladora y Constructora Cava» fue contratada por un total de 6.4 millones de pesos por Capufe Delegación Reynosa para mantenimiento y trabajos en puentes. En 2011 la Conagua le otorgó un total de 16.3 millones de pesos en contratos para el revestimiento con concreto hidráulico y modernización de estructuras. Y la Administración Portuaria Integral (las extintas API) de Altamira la contrató por 10.4 millones de pesos en 2012 para la construcción de un carril en puerto industrial.
La UIF observó que esta empresa –fortalecida en 2012 cuando el Gobernador de Tamaulipas era Senador de la República– operó un esquema de transferencias con posibles empresas fachada.
«Desarrolladora y Constructora Cava» recibió transferencias interbancarias de empresas de las que se detectaron 31 contratos con el Gobierno de Tamaulipas y otros por mil 789 millones de pesos.
A su vez, envió transferencias interbancarias a nueve empresas que son proveedoras del Estado de Tamaulipas y que tienen 488 contratos con el gobierno de Tamaulipas y otros por 700 millones de pesos.
Posteriormente, detectó la UIF, esta empresa se escindió en «Desarrolladora y Constructora CDEV» que requirió un crédito a SOFOM por 20.9 millones de pesos, pero los terminó usando Productora Rural, una de las empresas de las que es accionista el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien lleva un año resistiendo a una orden de aprehensión y en meses concluirá su mandato estatal.
Se requirió el crédito, indagó la UIF, para que Productora Rural –también relacionada con el otro hermano, Ismael– comprara uno de los ranchos, el ubicado en Soto la Marina, valuado en 63 millones de pesos.
