Por Ángel Ruiz (@ruizangelt)*

Ayer, 11 de mayo de 2020, se publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El mismo, faculta a las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública –adjudicadas a la polémica Guardia Nacional– regulando con esto la actuación de militares y marinos hasta marzo de 2024, fecha en que deberían regresar a sus cuarteles. En concreto, las funciones que adquieren el Ejército y la Marina son de prevención del delito, participación en puntos de control migratorio, detención y aseguramiento de bienes, fungir como primeros respondientes en la preservación y procesamiento de escenas del crimen, así como en funciones conjuntas de vigilancia, verificación e inspección, entre otras.

En resumen, se formalizan las funciones que las Fuerzas Armadas venían realizando de facto en la estrategia de militarización de la seguridad pública del país. Este hecho era previsible: dicha posibilidad ya había sido aprobada en la Reforma Constitucional de 2019 sobre Guardia Nacional, con la anuencia de todos los partidos políticos del Senado de la República.

Tomando en cuenta lo anterior, desde Fundar vemos tres preocupaciones principales con este Acuerdo: 1) la continuidad de una política pública de seguridad que falla en su diagnóstico de la crisis de impunidad que vivimos; 2) la salida de dicho acuerdo en el contexto de una crisis sanitaria; y 3) las fallas legales de origen que centralizan y amplias facultades al poder militar, en un contexto donde la experiencia y recomendaciones de organismo internacionales han concluido que las fuerzas armadas no tienen la formación y capacidad para actuar en tareas de seguridad pública y que actúan, por lo general, sin controles estrictos de carácter civil.

Continuidad de una política pública de seguridad incapaz de atacar la crisis de impunidad

En el debate legislativo sobre la Guardia Nacional, fijamos una postura donde aceptamos que vivimos una situación de violencia sumamente compleja que requiere de acciones decididas y medidas de carácter extraordinario, pero disentimos de la solución de la militarización, por una premisa falsa que la sostiene: el naufragio y corrupción de las policías estatales y municipales ante el poder del crimen y la violencia; junto con la falsa percepción de que las Fuerzas Armadas son inmunes a la corrupción. Para nosotras, tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, se han envuelto en la dinámica del crimen; así como han sido parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no se trata de situaciones extraordinarias que representan una amenaza para la paz (previstos en la Constitución), sino de ausencia de Estado de derecho: una crisis de impunidad.

Una estrategia militarizada en medio de una crisis sanitaria

Por otro lado, el Acuerdo es publicado en medio de una crisis sanitaria por la COVID-19. Según los modelos y la evidencia mostrada por las autoridades federales estamos en el punto crítico de la pandemia: en el nivel de mayor contagio y saturación hospitalaria. De manera paralela, hemos vivido los meses más violentos de los últimos años a la par de la implementación de las medidas sanitarias (confinamiento, distanciamiento, atención diferenciada) establecidas por el Gobierno Federal para hacer frente a la pandemia.

Ante las medidas establecidas por el Gobierno Federal para gestionar la crisis de la pandemia de COVID-19, una buena noticia fue que no se hiciera uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de confinamiento, evitando proponer medidas represivas en un contexto propicio para ello. Ahora, con la publicación del Acuerdo por parte de la Presidencia de la República, se posibilita la adopción de medidas autoritarias para el control territorial centralizado en respuesta a las crisis simultáneas de seguridad y salud. La tentación autoritaria, a la cual no ha cedido el Gobierno Federal en medio de las crisis que vivimos, podría tomarse si se tienen los incentivos legales y políticos para hacerlo.

Como en toda medida potencialmente peligrosa para los derechos humanos, el Ejecutivo Federal tiene la obligación de exponer detalladamente las razones y hechos que lo motivan ahora a regular el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Contrario al manejo de la crisis sanitaria –donde el debate público y la explicación técnica han primado– carecemos de los diagnósticos territoriales de la violencia, así como de la evidencia del desempeño de la Guardia Nacional que motivan la aparente necesidad del uso de las Fuerzas Armadas, la cual debería ser de último recurso y no la generalidad.

Fallas de origen que centralizan el poder militar

Si bien el Acuerdo publicado ayer responde al artículo Quinto transitorio de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional –el cual facultó al Ejecutivo para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública– en ningún momento le dio facultades para reglamentar esas tareas mediante un acuerdo o decreto. En vista de que el contenido del Acuerdo regula cuestiones sustantivas como lo son las atribuciones en materia de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, rebasa el ámbito de las facultades reglamentarias en materia de organización de la Administración Pública Federal que tiene el Ejecutivo. Por tratarse de una cuestión sumamente relevante para romper la inercia de un modelo de seguridad que ha tenido tan graves consecuencias para la sociedad mexicana, el debate de esta regulación debió hacerse en el foro legislativo, bajo los principios del Parlamento Abierto, en particular, la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, el Decreto no establece salvaguardas para garantizar que las Fuerzas Armadas se subordinen y rindan cuentas al mando y mecanismos civiles en el ejercicio de tareas de seguridad pública. La subordinación al mando civil es en sí misma frágil en el diseño de la Guardia Nacional en general: es formal y declarativa la subordinación al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Comandante civil, pues no hay mecanismos claros para garantizarla operativamente, situación que se agudiza en el caso de elementos que seguirán siendo parte de las Fuerzas Armadas y que, por tanto, responderán primero a sus mandos militares.

Desde Fundar consideramos sumamente relevante retomar las discusiones legislativas y de política pública alrededor del modelo de seguridad pública del Estado mexicano, pues éstas son las que informan y permiten ponderar las problemáticas que formalizan una respuesta estatal militarizada ante la crisis de impunidad que vivimos en México desde hace casi una década y media. También consideramos importante analizar procedimental y políticamente las razones que motivan la aprobación de dicho Acuerdo desde el Ejecutivo Federal con una visión contextual, donde nos encontramos en medio de una crisis sanitaria que ha profundizado la crisis de impunidad que ya vivíamos. En estas crisis sobrepuestas no podemos obviar las exigencias democráticas: necesitamos procesos abiertos, deliberativos y con información pública relevante en mano para la toma de decisiones.

La investigación y desmantelamiento de la macrocriminalidad que ha permitido la impunidad de los delitos que han deteriorado profundamente la confianza del pueblo en las instituciones (desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios) requiere de investigaciones complejas para identificar patrones y las estructuras que le dieron soporte, no de un poder más centralizado cuyo objetivo principal sea el control del territorio.

* Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Según el informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina” los índices de letalidad del Ejército y la Marina superaron por mucho lo indicado por las prácticas internacionales.

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