El miércoles pasado dos personas fueron asesinadas y otras dos heridas por un joven de 22 años en pleno zócalo de Cuernavaca, en Morelos. No fue un hecho aislado en el contexto que se vive en esa entidad y en la periferia de la «ciudad de la eterna primavera». Morelos es un estado asediado por las crecientes desigualdades y la violencia que, además de robar vidas, extingue oportunidades para el desarrollo, particularmente para los más jóvenes, como es el caso de Maximiliano «N», el presunto asesino.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Maximiliano “N” apretó el gatillo porque alguien le pagó por ello. Porque hubo condiciones para que lo hiciera. Un hecho “lamentable” al que «llegamos por abandonar a los jóvenes”, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, en un estado cada vez más violento y pobre, en el que vale más un «perro vivo que [un] león muerto”, como cita el propio Maximiliano en su página de Facebook.
Hace unos días, el pasado 8 de mayo, Maximiliano mató a dos personas e hirió a dos más por 5 mil pesos, de acuerdo con la información disponible. Ese día, el joven de 22 años utilizó un arma que en 2017 pasó por las manos de la policía local; y en dos ocasiones, previo a la balacera en Cuernavaca en Morelos, Maximiliano ya había sido detenido por robo (2015) y posesión de marihuana (2016).
La versión pública no confirmada de los hechos refiere que Maximiliano residía en una quinta en la colonia Plan de Ayala del municipio de Cuernavaca. Un lugar ubicado en la misma zona de barrancas que la colonia Altavista, misma que es catalogada como una de las cuatro colonias más peligrosas de la región, de acuerdo con las declaraciones (2018) del Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Trinidad González Flores.
Incluso el año pasado, Cuernavaca figuró como uno de los 50 municipios más violentos del país.
En el índice de violencia municipal (2018) del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la tasa general de violencia (38 puntos) en Cuernavaca fue superior a la media nacional (26 puntos). Dicha tendencia, empero, es extensible al 80 por ciento de los municipios de Morelos que fueron incluidos en el estudio, y que «a su vez forman parte de los 104 [municipios] con un índice de violencia superior al nacional”.
Sin embargo, la violencia no se detiene allí. Hoy, Morelos vive su peor crisis de los últimos 19 años en materia de homicidios dolosos y secuestros, refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre 2018 y 2019, estos delitos aumentaron en 33.3 y 85.7 por ciento, respectivamente.
El nivel de incidencia de asesinatos intencionales de los primeros tres meses de 2019 fue, asimismo, 1.5 veces mayor al reportado en el mismo periodo del año 2000. En el caso de los secuestros, la incidencia fue 12 veces mayor que a inicios del sexenio de Vicente Fox Quesada.
Pese a que la cantidad de delitos del fuero común en Morelos durante los primeros tres meses de 2019 fue 1.2 por ciento inferior al mismo periodo de 2018, no obstante, la incidencia delictiva en la entidad fue en aumento (+67.4 por ciento) en los últimos 19 años. Esta tendencia coincide con un aumento paulatino y paralelo de la pobreza en la entidad.
PÓLVORA Y POBREZA
«Aunque todas las clases sociales padecen la violencia, las investigaciones demuestran que las personas de nivel socioeconómico más bajo son las que corren mayor riesgo. Si se desea prevenir la violencia, se ha de poner fin al abandono que sufren las necesidades de los pobres, que en la mayoría de las sociedades son quienes suelen recibir menos atención de los diversos servicios estatales de protección y asistencia”, se lee en el “Informe mundial sobre la violencia y la salud” (2002) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el caso de Morelos, como ya fue dicho, la pobreza recrudeció.
En 2010, cuatro de cada 10 morelenses vivían en situaciones de pobreza y para 2016 esa proporción aumentó a cinco de cada 10, de acuerdo con las cifras más actuales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto es que, en seis años, hubo 183.7 mil personas más en situación de pobreza en Morelos, pese a que hubo una reducción en las carencias promedio, que pasaron de 2.4 a dos en 2010-2016.
Para la OMS, “gran parte de la violencia guarda relación con las desigualdades sociales” por lo que, para luchar contra la violencia, «los gobiernos deberían esforzarse al máximo por mantener los servicios de protección social”. El problema con Morelos, en ese sentido, es que sus municipios «tienen capacidades técnicas y financieras limitadas”, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) citados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sólo el 6 por ciento de los ingresos de los municipios morelenses provienen de fuentes propias, de acuerdo con el PNUD. De esa forma, la entidad federativa «ocupa el sexto lugar en el ranking de los estados con el nivel más bajo de recursos propios per cápita”, además que “la coordinación entre municipios y estado y la cooperación interregional es escasa».
Las cifras de la OCDE indican, asimismo, que Morelos tiene (2017) cuatro principales cuellos de botella para su desarrollo.
Uno es que el 60 por ciento de su fuerza laboral tiene un nivel educativo inferior a la educación media superior. Otro es que tiene altos niveles de informalidad (equiparable al 66.5 por ciento de su población económicamente activa); y otro más son las «deficiencias en materia de seguridad”, así como un grado de infraestructura vial y conectividad interna insuficientes.
REINCIDENCIA E IMPUNIDAD
Hay dos factores que causan revuelo en el caso de Maximiliano “N”. El primero es que utilizó un arma que en 2017 pasó por las manos de la policía local. El segundo es que el joven de 22 años ya había sido detenido por robo (2015) y posesión de marihuana (2016).
Por un lado, la producción y comercio de armas «siempre corre en vías paralelas con los hechos ilícitos que se derivan de tales actividades y que dan lugar a la compraventa y al trasiego subrepticio de armamento y sus accesorios”, se lee en un informe (2014) del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
La información más reciente del CESOP indica que hasta 2016 circulaban en nuestro país alrededor de 20 millones de armas de fuego, de las cuales, el 15 por ciento eran legales. Sólo en el estado de Morelos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2006 y 2018 fueron comercializadas 5 mil 074 armas legales; y entre 2000 y 2018, hubo al menos 265 armas cortas (207) y largas (58) «extraviadas o robadas» por las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
«Dos estudios de México Evalúa, publicados en junio 2016 y septiembre 2017, indicaban que el número de hogares [a nivel nacional] que adquirieron un arma de fuego aumentó un 60 por ciento en los últimos cinco años”, refiere la auto-citada organización de la sociedad civil que advierte que, con la proliferación de armamento, hay proliferación de violencia.
Sólo en Morelos entre enero y marzo de 2019, el SESNSP reportó 176 casos de homicidios dolosos con armas de fuego. Esto es 43 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, cuando hubo 123 reportes. En total en Morelos, el año pasado hubo 495 asesinatos que involucraron un arma de fuego (un aumento de 46 puntos porcentuales en comparación con los 339 casos de 2017).
El otro elemento que causa revuelo en el caso de Maximiliano “N” es su antecedente delictivo.
Las cifras del Inegi (2016-2017) refieren en ese sentido que, en México, casi dos de cada 10 delincuentes reinciden en la comisión de delitos. Y entre los crímenes más comunes asociados a la reincidencia están aquellos que afectan el patrimonio (52 por ciento), así como los que atentan en contra de la vida (15 por ciento) y la seguridad pública (14 por ciento).
En el caso de Morelos, los datos oficiales indican que una de cada 25 personas que fueron privadas de su libertad consideró que podría volver a cometer alguna conducta delictiva después de cumplir su condena. Asimismo señalan que el 31 por ciento de los robos en la entidad, por ejemplo, son perpetrados por ex convictos.
A la carga de violencia, desigualdad, falta de oportunidades, reincidencia y acceso a armamento ilegal, se suma el grado de impunidad en Morelos, catalogada como la sexta entidad federativa con el más alto grado de impunidad a nivel nacional, según el índice Global de Impunidad México (IGIM) 2018. Inclusive, el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco tiene más impunidad que antes, siendo que en 2016 ocupaba la décimo quinta posición del IGIM.
Si Maximiliano “N” apretó el gatillo, no sólo fue porque alguien le pagó por ello, sino también porque hubo condiciones para que lo hiciera. Un hecho “lamentable” al que «llegamos por abandonar a los jóvenes” (AMLO) en un estado cada vez más violento y pobre, en que vale más un «perro vivo que [un] león muerto” (Maximiliano).
