[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: «Vamos a sacar adelante a nuestro estado. Mi compromiso con familiares y víctimas es implementar políticas públicas y mecanismos eficaces que den resultados rápidos y se les apoye de forma integral. En mi gobierno las víctimas de desaparecidos y sus familias no estarán solos” (el panista Francisco García Cabeza de Vaca, durante un acto de proselitismo político en Tampico, Tamaulipas, en abril de 2016).
EL HECHO: A siete meses y nueve días de que Francisco García Cabeza de Vaca ocupara la gubernatura de Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, fue asesinada en su casa a manos de un comando que le disparó en repetidas ocasiones. Ella se convirtió en activista hace tres años, luego de que hallara, en una fosa clandestina, el cuerpo sin vida de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, secuestrada dos años antes por supuestos integrantes del crimen organizado -entre ellos, un hombre llamado Enrique Yoel Rubio Flores-. Tras el hallazgo y una denuncia que llevó a la captura de algunos de los responsables, se supo que Miriam estaba amenazada. Para algunos activistas, como Guillermo Gutiérrez Riestra del Colectivo Amigos y Familiares de Desaparecidos, se trata de un caso de negligencia por parte de las autoridades, para con una persona que, como muchas, se encontraba bajo amenaza. «Si la señora hubiera estado protegida por el Estado, como tenía derecho, pues no hubiera ocurrido este hecho lamentable”, acusó Gutiérrez Riestra en entrevista con Milenio Televisión. Ayer, vía Twitter, el Gobernador condenó «el cobarde asesinato de la activista” y dijo que «no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más”.
#DichosyHechos recuerda que Cabeza de Vaca prometió, como candidato a Gobernador, dar “resultados rápidos” y no abandonar a los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, a más de la mitad de su primer año de gobierno, se enfrenta a una entidad en crisis, donde la violencia no aminora y donde urgen resultados. Los datos sugieren que, hasta ahora, Tamaulipas va de mal en peor.
· El asesinato de Miriam: Tras su homicidio, hubo señalamientos públicos que relacionaron el siniestro con la fuga de reos del penal de Ciudad Victoria -ocurrida en marzo-. Entonces Rubio Flores, implicado en el asesinato de la hija de Miriam, escapó. En este contexto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas informó estar investigando el asesinato de la activista, y desmintió el posible vínculo entre el asesinato y la fuga, ya que asegura que Rubio Flores fue detenido al poco tiempo de haber escapado y que «está actualmente llevando su proceso penal privado en el CEDES de Ciudad Victoria”, según se lee en un comunicado de prensa. Asimismo, la dependencia aseveró que «en cuanto se tuvo conocimiento de que Enrique Yoel Rubio fue reportado como fugado, el Ministerio Público del fuero común solicitó de oficio a diversas autoridades de seguridad pública, tanto estatales como federales, medidas de protección para la señora Miriam Elizabeth”. Además sostiene que, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, tanto la PGJ como la Secretaría de Seguridad Pública del estado brindaron seguridad a Miriam, «a través de rondines, tres veces al día en su domicilio”. Por otro lado, la PGJ menciona que Miriam Elizabeth también solicitó protección ante instancias federales, entre ellas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, ella habría señalado que «no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión”. La PGJ recalcó que, derivado de los esfuerzos de las autoridades «hay 9 procesados […] con relación al secuestro y homicidio de su hija. De igual manera tenía permanente atención por parte del Instituto Estatal de Atención a Víctimas, tanto para sus requerimientos como para los de otras personas por quienes intermediaba».
· Desaparición forzada: De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), desde antes del año 2007 y hasta el 31 de enero de 2017, a nivel nacional, se registró un total de 29 mil 912 casos de personas desaparecidas (22 mil 172 hombres y 7 mil 740 mujeres). De ese absoluto, Tamaulipas fue la entidad que más incidencias tuvo, concentrando el 18.6 por ciento de los casos (5 mil 558), seguido por el Estado de México (3 mil 351 casos), Jalisco (2 mil 634), Sinaloa (2 mil 444) y Nuevo León (2 mil 429). Según el RNPED, al menos durante los últimos cinco años, Tamaulipas ha encabezado la lista negra. Irving Barrios Mojica, Procurador General de Justicia de Tamaulipas, ha declarado que la atención a personas con familiares desaparecidos es una prioridad en la entidad. Sin embargo, hasta ahora, varios colectivos de desaparecidos están inconformes con la Nueva Ley de Víctimas del Estado, pues según ellos, las víctimas de desaparición forzada quedan fuera del Sistema Estatal de Víctimas por no tener voz ni voto en las decisiones de las autoridades -el mes pasado, el Congreso local aprobó la norma sin consultarlos-; porque el comisionado estatal no es autónomo (depende del gobierno) y tiene margen de acción limitado; porque la Ley operará con un presupuesto de 12 millones de pesos, monto que no alcanza para realizar búsquedas y resarcir daños; y puesto que la Ley no considera la protección de identidad de víctimas de desaparición forzada, situación que vulnera sus derechos.
· Fosas clandestinas: El Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México (2017) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que de enero de 2007 a septiembre de 2016, en el país, se localizaron 855 fosas clandestinas, de cuyo interior, se habrían exhumado 1 mil 548 cadáveres (152 mujeres, 1 mil 053 hombres y 343 casos no especificados). Dentro de las entidades con mayor número de fosas clandestinas localizadas no figura Tamaulipas. El documento advierte que, el titular del órgano procurador de justicia del estado, no proporcionó datos (a la Comisión) sobre fosas clandestinas y cadáveres exhumados en la entidad. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República, 2011 fue uno de los años en que más víctimas se encontraron: 207 en 26 fosas en Tamaulipas, 14 de ellas halladas en el municipio de San Fernando, donde hace dos días asesinaron a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Asimismo, de 152 fosas clandestinas reportadas por la dependencia entre 2008 y 2014, en las que se contabilizaron 617 víctimas, después de Jalisco (39 fosas), Tamaulipas fue la entidad con más casos registrados (25) a nivel nacional. En dichas fosas, las autoridades reportaron el hallazgo de 259 cuerpos, la cifra más elevada hasta entonces en todo el país (42 por ciento del total de cadáveres hallados).
· Violencia en Tamaulipas: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de octubre de 2016 (cuando Cabeza de Vaca asumió la gubernatura) a marzo de este año (las cifras más actualizadas del Secretariado), en la entidad los homicidios dolosos aumentaron en 37 por ciento (pasaron de 30 a 41 casos registrados); los secuestros fueron al alza en 11.1 por ciento (de 9 a 10) y las extorsiones en 50 por ciento (de 10 a 15). Si comparamos estos primeros cinco meses de gobierno de Cabeza de Vaca con los cinco prístinos meses de administración de su antecesor, el priista Egidio Torre Cantú (2011 a 2016), obtenemos que entre enero y junio de 2011, estos mismos delitos decrecieron en 22, 9.5 y 6 por ciento cada uno.
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#DichosyHechos reconoce que en cinco meses es muy difícil cambiar la situación de un estado. Más si se trata de Tamaulipas, en donde el año pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada identificó la operación de al menos 23 células operativas del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Hasta ahora, no han habido “resultados rápidos” y el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se inscribe en el marco de las constantes matanzas en la entidad: 72 migrantes asesinados en agosto de 2010 dentro de un rancho en San Fernando; al menos 31 periodistas asesinados en casi cuatro décadas, 6 de ellos ocurridos durante el sexenio de Peña Nieto -María del Rosario Fuentes Rubio, de Valor por Tamaulipas, fue el último caso registrado, en octubre de 2014-; entre otros casos. La lista es larga y queda ver si Cabeza de Vaca será capaz de “sacar adelante» al estado. Hasta ahora, el apoyo integral a las familias de desaparecidos no es claro. Hoy Tamaulipas amanece con una activista menos.
