El ex dictador gutemalteco, Efraín Ríos Montt, fue declarado incapaz de enfrentar a la Justicia por su condición mental desfavorable. «El juicio se suspende definitivamente, ya que se vulneraron principios constitucionales, tanto de los acusados como de las víctimas a las que representamos», expresó a dpa Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos.
Ciudad de Guatemala, 12 may (dpa) – El nuevo juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio queda «definitivamente suspendido», dijo hoy a dpa una de las partes procesales tras ser notificada del fallo de una Sala de Apelaciones.
«La sala nos da la razón. El juicio se suspende definitivamente, ya que se vulneraron principios constitucionales, tanto de los acusados como de las víctimas a las que representamos», expresó a dpa Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el proceso.
Explicó que tras la confirmación del amparo por parte de la Sala Primera de Apelaciones, este juicio quedaría anulado y los jueces que integraron el Tribunal B de Mayor Riesgo, de Sentencia, deberán excusarse, «ya que se contaminaron con la presentación evidencial» y deberán ser nombrados nuevos jueces.
El «agravio a los principios constitucionales» -explicó Reyes- fue cometido por el Tribunal B de Mayor Riesgo cuando el pasado 25 de agosto de 2015 ordenó llevar los dos juicios de manera simultánea en referencia a los dos acusados por genocidio: Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia, el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Este jueves la Justicia de Guatemala informó el amparo provisional otorgado la semana pasada a favor de los querellantes adhesivos.
El fallo determina que lo actuado en el segundo juicio por esta causa iniciado a mediados de marzo queda «suspendido definitivamente» y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá designar un nuevo tribunal para celebrar dos juicios separados.
«La autoridad impugnada deberá enmendar el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación, dictando la resolución que en derecho corresponde», resolvió la Sala Primera de Apelaciones, al resolver la impugnación.
Reyes advirtió que «terceras partes interesadas» tienen tres días de plazo para apelar la resolución dictada por la Sala de Apelaciones, lo cual, de ocurrir, deberá resolverse en la instancia de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El nuevo juicio por genocidio contra Ríos Montt, junto a Rodríguez Sánchez, se inició el 16 de marzo a cargo del Tribunal B de Mayor Riesgo, a puerta cerrada y bajo medidas especiales de seguridad dado que el ex dictador guatemalteco fue diagnosticado con demencia vascular mixta.
Las organizaciones Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y Acción para la Justicia y Reconciliación (AJR), que participan en el proceso como querellantes ahdesivos en representación de los familiares de las víctimas de genocidio, habían planteado un «recurso de reposición» por estar en desacuerdo con la dualidad del juicio.
Alegaron que ambos casos debían llevarse en juicios separados. No obstante, la acción fue rechazada, por lo que recurrieron ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.
El 6 de abril, tras el amparo provisional otorgado por la Sala a los querellantes, el nuevo juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fue suspendido.
De acuerdo con Héctor Reyes, el tribunal estaba cometiendo una «ilegalidad» al celebrar el juicio de forma conjunta.
«El juicio contra Ríos Montt debe ser a puerta cerrada, pero el de Rodríguez debe ser público y se estaban vulnerando las garantías procesales tanto de los acusados como de las víctimas que nosotros representamos», manifestó.
La resolución de la Sala de Apelaciones definió que se deben separar los procesos.
Reyes explicó que, tras confirmarse el amparo, la Corte Suprema deberá designar al nuevo tribunal que celebre el juicio contra Ríos Montt y otro para Rodríguez.
Ríos Montt ha sido declarado mentalmente incapaz para enfrentar a la Justicia y en el debate es representado por sus abogados, mientras que Rodríguez sí asiste a este nuevo juicio.
Ambos están acusados del asesinato de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983.
El 10 de mayo de 2013 el Tribunal A de Mayor Riesgo sentenció al ex dictador a 80 años de prisión al hallarlo culpable de genocidio y absolvió a Rodríguez de los cargos imputados.
Sin embargo, por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la condena y ordenó un nuevo juicio.
