La violencia política ya cobró la vida de al menos 20 candidatos y precandidatos de elección popular, en un contexto en el que las autoridades gubernamentales han confirmado que 117 aspirantes a cargos públicos fueron amenazados o agredidos desde septiembre de 2020, cuando comenzó el proceso electoral de este año.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- Los partidos políticos no son los únicos que hacen campaña para obtener gobiernos locales y estatales. Desde el año pasado, en algunas partes de México, diversas organizaciones del crimen organizado «emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política, mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio”, de acuerdo con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre el 7 de septiembre de 2020 —cuando iniciaron oficialmente las elecciones— y el 9 de abril de 2021, el Gobierno federal registró 103 eventos de agresión (o delitos del fuero común) en contra de uno o varios candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, por lo que hasta la fecha, las autoridades han abierto 60 carpetas de investigación.
Lo anterior implica que proporcionalmente, desde que inició el proceso electoral 2020-2021 han habido al menos tres actos de violencia política por semana. Una cantidad que podría triplicarse si consideramos que entre septiembre del año pasado y marzo de 2021, en el país hubieron 262 agresiones en contra de actores políticos, de acuerdo con el «Tercer Informe de Violencia Política en México 2021” de Etellekt Consultores.
Sin embargo y “afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más del 47 por ciento de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo”, dijo Rodríguez Velázquez en conferencia de prensa, el pasado 9 de abril.
La situación más lamentable con respecto a la violencia política es el número de asesinatos registrados en los últimos siete meses.
El pasado 4 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que hasta ese momento habían habido 64 víctimas de homicidio doloso relacionadas con acontecimientos políticos. Una cantidad de asesinados que coincide con el número de víctimas documentadas por las consultorías Integralia (64 casos) y Etellekt (65 casos).
De esos asesinatos, al menos 20 fueron candidatos o precandidatos a cargos públicos, entre ellos, 16 aspirantes a un Gobierno municipal, dos a un escaño legislativo, además de dos a una regiduría, de acuerdo con registros hemerográficos consultados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
A reserva de que los datos disponibles con respecto al número de agresiones varían de acuerdo con la fuente, el Gobierno de México asegura que «actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco”, toda vez que «en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales”.
Las campañas de miedo de los grupos del crimen organizado y de cuello blanco cuentan con un abanico de estrategias y acciones para incidir en las elecciones de este año, entre las cuales destacan las «presiones violentas”, como son los homicidios, los secuestros, las agresiones a familiares y colaboradores, o los daños a la propiedad privada.
En ese sentido, el análisis de casos de la consultoría Etellekt refiere que dentro de las 262 agresiones directas o indirectas contra políticos que se registraron desde que inició el proceso electoral 2020-2021, están incluidas 76 amenazas, 65 homicidios dolosos, 25 atentados contra familiares y colaboradores, 18 secuestros y 13 daños a la propiedad.
“La violencia contra personas políticas continúa focalizada en el ámbito municipal, pues el 79 por ciento de las 262 agresiones se dirigieron contra autoridades electas o aspirantes a cargos de elección de este nivel de gobierno, así como a militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales”, se lee en último informe de Etellekt Consultores.
En el caso de los asesinatos, los datos de la consultoría indican tres niveles de desagregación: 65 homicidios de políticos, entre los cuales hay 20 aspirantes que perdieron la vida, además de 80 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas, que murieron en atentados a partir de septiembre.
ELECCIONES Y MUERTE
El dato más consistente de “presiones violentas” en tiempos electorales es quizá el número de homicidios de candidatos y precandidatos, primero, porque son los actores que compiten por los cargos públicos en juego; y segundo, porque diversas fuentes —incluido el análisis hemerográfico de SinEmbargo— coinciden en la cantidad de asesinatos, lo que no sucede en el caso general de homicidios de políticos y funcionarios.
En los últimos siete meses fueron asesinados 20 aspirantes políticos. Dicha cantidad es 58.3 por ciento inferior al número de homicidios dolosos de candidatos y precandidatos (48) que Etellekt registró en el mismo periodo electoral de 2017-2018, aunque es un número de casos 2.3 veces superior a lo registrado (seis) en las elecciones intermedias de 2014-2015, en un contexto en que la violencia política tuvo una tendencia a la alza, considerando que en los últimos 20 años el número de aspirantes asesinados en los primeros siete meses de elecciones aumentó 825 por ciento real.
Acerca de los agresores, la consultoría señala que «17 de los 20 aspirantes que perdieron la vida en estos ataques, fueron asesinados por comandos armados (85 por ciento del total de casos)”, mientras que “dos aspirantes más perdieron la vida a manos de pistoleros solitarios y un precandidato a una diputación local por el Distrito 1 de Nuevo León [Mayco Fabián Tapia Quiñones] perdió la vida a manos de asaltantes en la ciudad de Monterrey”.
La información hemerográfica recabada por SinEmbargo indica que la cuarta parte de dichos asesinatos ocurrió en Veracruz, donde tres aspirantes a presidencias municipales (José Melquiades Vázquez, Juan Gilberto Ortiz Parra y Lucas Luis Juan Noriega), un candidato a Diputado local (Domingo Panzo Tecpile) y uno por una regiduría (Carlos Fernández Rocha) fueron víctimas de la violencia política.
Jalisco también fue uno de los epicentros de violencia en tiempo electoral. Allí, cuatro candidatos y precandidatos a presidencias municipales (Alfredo Sevilla Cueva, Álvaro Madera López, Analuci Martínez Saldívar y Manuel Aranguren Ochoa) fueron asesinados.
El resto de los homicidios dolosos ocurrió en los estados de Guerrero, Guanajuato y Quintana Roo (dos casos, cada uno), así como en Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí (un caso, cada uno).
En cuanto al número de aspirantes asesinados por cuadros políticos, el registro hemerográfico indica que a la fecha de esta publicación, los partidos más afectados fueron Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional (PAN) con cinco casos cada uno, además del Revolucionario Institucional (PRI) con cuatro defunciones.
Acerca de la violencia electoral, una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) refiere que «una mayor presencia de las agencias de seguridad del Estado, en particular de las encargadas de iniciar y dirigir las investigaciones penales en representación del estado, puede ser un elemento que disuada a los integrantes de las organizaciones criminales de ejercer actos de violencia en contra de los candidatos”.
En ese sentido, el análisis basado en las elecciones de 2017-2018 indica que a mayor presencia de agentes encargados de activar y ejercer la justicia penal en las calles, se incrementan los costos de ejercer la violencia electoral y que, por el contrario, «cuando los costos de ejercer la violencia electoral disminuyen, al haber un mayor número de organizaciones criminales operando en un municipio dado y observar una mayor tasa de homicidios, es más probable que se incrementen los asesinatos políticos».
El estudio «Candidatos asesinados en México, ¿competencia electoral o violencia criminal?» del investigador Víctor Antonio Hernández Huerta refiere a propósito de lo anterior, que «podríamos argumentar que la violencia electoral obedece primordialmente a incentivos materiales de competencia entre organizaciones criminales y a un débil Estado de derecho”.
Derivado de los actos de violencia política, el Gobierno federal anunció el viernes de la semana pasada que el Estado ya está brindando medidas de protección a 41 candidatos, siendo que 22 gozan de protección de policías estatales, 16 de integrantes de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.
Además, las autoridades locales y federales reaccionaron a 103 actos de violencia política, entre ellos, 10 casos de gravedad por cuestiones de desaparición forzada u homicidio, 35 casos relevantes que ameritaron medidas como la entrega de botones de pánico, escoltas, rondines policiales y teléfonos de contacto, además de 58 casos en estado preventivo, ya que son probables actos deliberados de agresión.
COOPTACIÓN Y COMPLICIDAD
En un contexto como el actual, en que están en juego más de 21 mil cargos públicos a nivel nacional, el llamado «partido del crimen” —que engloba a criminales de cárteles de la droga y de cuello blanco que buscan incidir en las elecciones— no sólo utiliza la violencia para lograr su cometido. También apela a estrategias de imposición de condiciones, así como de cooptación, financiamiento y complicidad con diversas instancias, de acuerdo con la SSPC.
En la opinión de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, “en algunas regiones el crimen designa, está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores”.
Con la narcopolítica, los grupos delictivos le apuestan a un control directo sobre las instancias gubernamentales, ya sea para limitar los operativos en su contra o incentivar políticas públicas discrecionales en materia de seguridad, o para obtener recursos públicos —capital económico y humano— que les permitan consolidar y expandir su dominio territorial. A cambio, las instancias cooptadas o en complicidad con los grupos criminales obtienen financiamiento, protección personal, treguas para pacificar regiones, e incluso, un músculo para frenar a las oposiciones.
En la actualidad y de acuerdo con una fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), «de los más de 62 mil candidatos a cargos de elección popular, por lo menos 370 aspirantes, principalmente a cargos dentro de diversos ayuntamientos, son objeto de investigación por sus presuntas relaciones con miembros del crimen organizado”, se lee en una investigación para Los Ángeles Times del periodista y escritor Jesús Lemus Barajas.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de José Ricardo Gallardo Cardona, Diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que compite por la gubernatura de San Luis Potosí, en coalición con el Partido del Trabajo (PT).
Gallardo Cardona, que hasta finales de marzo ocupó el tercer lugar en la preferencia electoral estatal, según Consulta Mitofsky, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cargos posiblemente relacionados con el uso de recursos de dudosa procedencia y enriquecimiento ilícito.
En 2015, el Diputado con licencia fue detenido por la extinta Agencia de Investigación Criminal de la otrora Procuraduría General de la República, por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Actualmente, además de ser investigado, es señalado —por el consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz-Durán— de operar redes de agresión en contra de la candidata morenista a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez.
Otro caso icónico es el de Gregorio Gómez Martínez, quien es candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Alcaldía de Tihuatlán, Veracruz. A través de un comunicado, la Fiscalía General del estado de Veracruz indicó, el jueves pasado, que el aspirante investigado fue puesto a disposición de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia por cometer «hechos constitutivos de delitos”.
De acuerdo con la SSPC, las campañas de miedo de grupos delictivos, más allá de los asesinatos y las amenazas, tienen tres modos de operar: uno, a través de la imposición de «candidatos y servidores públicos cómplices en áreas estratégicas”, del control de áreas financieras y extorsión de obra pública, o del bloqueo de reelecciones; dos, con mecanismos de cooptación, que incluye el acercamiento a aspirantes en el proceso electoral y colusión entre actores políticos y criminales; y tres, con financiamiento y complicidad, lo que incluye el uso de recursos económicos y materiales para financiar campañas, además del otorgamiento de protección personal.
