Las crisis de 1982 y de 1994-95 que desembocaron en la nacionalización de la banca, el Fobaproa y más deuda distan de la actual, explican economistas luego de que el Gobierno federal se niega a «rescatar» grandes empresas como entonces. Lo que pide el sector privado, exponen, son transferencias directas y tiempo para pagar impuestos para no generar desempleos masivos.
Ciudad de México, 12 abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que ante la crisis económica que se aproxima por el coronavirus no habrá «rescate» de empresas ni de la banca como ocurrió en la crisis financiera de 1994-1995 a través del Fobaproa, y tampoco habrá «condonación de impuestos» mientras hay 15 grandes contribuyentes que deben 50 mil millones de pesos con los que podrían darse 3 millones de créditos a pequeñas y medianas empresas.
Los organismos empresariales más influyentes del país libran hoy una batalla con el Presidente porque consideran que el plan de rescate de la economía mexicana, frente a la crisis que ya ha genera y generará la pandemia del COVID-19, «se queda muy corto». Piden ayudas como diferir impuestos, reducir cargar fiscales y que el Estado inyecte aún más dinero en inversión pública. López Obrador, en cambio, ha priorizado el apoyo a los más necesitados y, de forma tajante, ha rechazado ayuda especial o «rescate» a las empresas más poderosas.
El Primer Mandatario pone de ejemplo una larga historia de rescates de parte del Estado mexicano a compañías y empresarios poderosos a lo largo de las crisis económicas del México moderno, especialmente el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990, pero que en 1994, con el priista Ernesto Zedillo Ponce de León como Presidente, absorbió la cartera vencida de los bancos instalados en México, e incluso los capitalizó. Esa deuda ahora pública asciende hasta febrero de este 2020 a 10 billones 970 mil millones de pesos (7 billones por deuda interna y 201 mil millones de dólares por deuda externa). De ésta, ha repetido el Primer Mandatario, los mexicanos han pagado el capital por generaciones y sólo por concepto de intereses erogan medio billón de pesos cada año.
Sin embargo, analistas económicos expusieron que la actual crisis no tiene relación alguna con la de hace más de 25 años entre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponde de León (1994-2000) ni con la de 1982 cuando el saliente José López Portillo decidió nacionalizar la banca frente a una deuda externa millonaria. El sector empresarial, observaron los economistas, no está solicitando ningún rescate puesto que aún no hay quiebras, sino un apoyo en su liquidez a través de endeudamiento responsable (hay margen) y mayor flexibilidad en los tiempos para pagar impuestos, para mantener empleos y salarios.
«El Fobrapoa es un animal de otra especie que estuvo centrado en el sector financiero con incapacidad de pago de créditos por la devaluación y las tasas de interés que crecieron como locas, lo que a su vez hizo que los bancos implotaran. Fue un rescate necesario, quizá mal hecho porque ‘a río revuelto ganancia de pescadores’ y hubo abusos porque había que actuar muy rápido para no quedarnos sin sistema de pagos, y no faltó el vival que hizo negocio con ello. Debió haber habido auditorías para ver quién abusó y castigarlo», dijo Héctor Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los señalados de abusar en la era Fobaproa fueron Norberto Alcántara de Bancrecer; Ángel Isidoro Rodríguez, «El Divino», de Banpaís; Jorge Lankenau de Banco Confía y Carlos Cabal Peniche de Banco Unión y Banca Cremi, quien además usó depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad.
«Pero aquí estamos hablando de otro animal», contrastó Villarreal respecto a la pandemia que amenaza con destruir 25 millones de empleos a nivel mundial como calcula la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Está en toda la economía y además está la parte sanitaria, y no se habla de un rescate de que el Gobierno absorba deudas de nadie. Ahorita es cuando se vale dar dinero a la población de manera general para que el bienestar de la gente no se nos haga pedazos».
Ha sido una declaración recurrente. El 3 de marzo pasado, a solo cinco días del primer caso detectado de COVID-19 en territorio nacional, el Presidente López Obrador comentó que no aplicarían «la estrategia» del Fobaproa en que «las deudas privadas se vuelven la deuda pública». El 23 de marzo, a un paso de la fase dos de la pandemia, rechazó «rescates al estilo del periodo neoliberal» pues «si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los pobres». Finalmente el domingo 5 de abril en su informe reiteró que «ya no es la misma receta».
En 2014, por ejemplo, bajo la dirección del detenido Emilio Lozoya Austin, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) rescató a sobreprecio Agro Nitrogenados, una planta abandonada propiedad del otro encarcelado Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
Enrique Díaz-Infante, director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social en Centro de Estudios Espinosa Yglesias, coincidió en que se apoye a los más de 50 millones en situación de pobreza. Pero, afirmó, «el Presidente no lo entiende. Para eso se necesita cuidar los empleos, las empresas y que se mueva la economía». Para el economista Héctor Villareal, está «confundido» con conceptos básicos o está aferrado a su plan de hace años que dista del escenario actual.
En línea con más de cien economistas que firmaron un documento del CEEY, Díaz-Infante planteó que si las grandes y pequeñas empresas no pueden vender y no hay consumidores, lo que se necesita es que el Estado les dé transferencias directas y plazos de gracia para las obligaciones fiscales. «Es una incongruencia que el Gobierno pida cerrar los negocios y no les mande transferencias. Es una incomprensión y desconexión de la realidad», comentó mientras comía en una fonda de Yautepec, Morelos, donde el restaurantero no ha dejado de atender porque sino se quedaría sin comer.
A diferencia del Fobrapoa, donde «hubo algunas irregularidades y opacidad en el funcionamiento del Comité Técnico y se rescataron empresas que no se debía», esta crisis es un colapso en el mercado que requiere inyección de dinero, reiteró el economista.
«En otros países, como Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, conscientes de que ahorita no hay consumidores y que las empresas no pueden colocar sus bienes y servicios están haciendo transferencias directas por parte del Estado a las familias y empresas para que puedan sobrevivir y consumir. Y están dando una tregua en el cobro de impuestos. Con ello se evita que una crisis de liquidez se convierta en una de solvencia y empiecen a quebrar las empresas», expuso.
LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que a diferencia de las dificultades de 1976, 1982, 1994-95, 2001 y 2008-09, «en esta ocasión el sector bancario, la deuda y el gasto público están en buenas condiciones» por lo que hay que actuar rápido: meterle liquidez a la economía.
«Hay que ponerse en manos de los expertos. El Presidente señaló la importancia que tuvo [el Presidente Franklin] Roosevelt en Estados Unidos para salir de la Gran Depresión en 1929. Él no entendía de economía, pero tenía tres asesores y entendieron el momento, la necesidad de actuar y de meterle dinero a la economía. Y es lo que necesitamos en este momento», dijo el representante de los banqueros en entrevista radiofónica con MVS, .
Un poco de historia: es 1976 y el Presidente José López Portillo (1976-1982) recibe de Luis Echeverría (1970-1976) una bomba a punto de estallar. En 1976-1977 el PIB solo aumentó 4.2 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente, frente al 6 por ciento acostumbrado. Luego, ante el descubrimiento de reservas petroleras, de 1978 a 1981 el PIB creció 8 por ciento anual. Pero cuando los precios internacionales del petróleo se desplomaron también cayeron los ingresos de México, documenta el artículo «El impacto social de la crisis económica de México» publicado en la Revista Mexicana de Sociología.
«En octubre de 1981 uno de los más grandes grupos financieros del país, Alfa, se encontró imposibilitado para pagar su propia deuda externa de más de dos mil millones de dólares, y el Gobierno federal vino al rescate con un gran préstamo. A finales de año, la deuda externa del gobierno alcanzó los 15 mil millones de dólares y la del sector privado, más de 4 mil millones. Para sostener el peso, el régimen contrató en 1981 más deuda externa de la que había adquirido entre 1975 y 1980», expone el autor Jeffrey L. Bortz.
Y el PIB se pintó de rojo. El crecimiento real per cápita cayó un 3 por ciento en 1982 con una inflación de 98.8 por ciento y un 6.5 por ciento en 1983; 1984 y 1985 fueron testigos de tasas de crecimiento insignificantes (y de un terremoto); en 1986 el PIB real per cápita cayó otro 6.1 por ciento con una inflación que subió 105.7 por ciento y luego en 1987, un 0.8 por ciento con un alza de precios de 159 por ciento, rescata el artículo.
Es finales de 1982. López Portillo medita qué hacer en un viaje a la playa con sus nietos. Dos bancos privados, Comermex y el Banco del Atlántico, están técnicamente en bancarrota, no hay con qué pagar la deuda externa y se cocina otra devaluación del peso. Llega a su último informe de Gobierno el 1 de septiembre.
«No nos volverán a saquear», dijo en el Congreso culpando a la banca de la fuga de capitales. Militares comienzan a rodear los bancos. «No va a pasar nada, lo único que va a pasar es que vamos a cambiar de dueño porque nos traicionaron», justificó.
Pero sí pasó: los inversionistas perdieron la confianza en el país durante el sexenio siguiente.
¿MÁS DEUDA?
Han pasado 38 años. El Presidente José López Portillo murió. Y una pandemia tiene de rodillas al mundo. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) plantea la necesidad de solicitar deuda para realizar transferencias, pero el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo.
«No hay ruptura, sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda; yo no considero que eso sea conveniente», aseguró el Presidente esta semana en conferencia de prensa.
Además, «no podemos diferir el pago de impuestos; al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar [dirigente del CCE] que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes», dijo.
El CCE pide un endeudamiento hasta en 4 puntos porcentuales del PIB para sufragar gasto en salud, compensar caídas en ingreso y para sentar las bases para la reactivación de la economía.
México debe más de 10 billones de pesos, un 45 por ciento del PIB, muestran cifras de la Secretaría de Hacienda. Los economistas calculan que hay cierto margen para endeudarse y con ello soltar el gasto en transferencias directas parejas, en apoyos a empresas y en obra pública sencilla como carreteras o drenaje.
«Tenemos margen de 6 puntos porcentuales más para endeudarnos», estimó Enrique Díaz-Infante, del programa del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). «Nuestros niveles de recaudación están en el 17 por ciento del PIB, frente al promedio del 34 por ciento de los países de la OCDE. Dependiendo el ingreso se puede endeudar. Nuestro monto de deuda ahora es de 45 puntos porcentuales del PIB, muy abajo del promedio de otros países. Brasil está en el 69 por ciento y Chile está llegando al 100 por ciento. Aunque esos países recaudan más en impuestos», dibujó.
Desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal ve posibilidad de abrir la cartera. «No tenemos que irnos a lo que está haciendo Estados Unidos y Europa con paquetes de estímulos de 8 por ciento del PIB, pero sí debemos ver la experiencia argentina, chilena, peruana y no temerle al endeudamiento, si es responsable», aseveró.
En diciembre de 1982, cuando asumió la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa ascendía a 100 mil 384 millones de dólares. En 1987, el equipo Carlos Salinas-Perdo Aspe-Ernesto Zedillo dirigió la economía con el Pacto de Solidaridad Económica. Salinas ya era candidato presidencial y el país se hallaba al borde de la hiperinflación. El pacto buscaba nuevos acuerdos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos. Ya como Presidente, comenzó la privatización de Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana e incluso Telmex, resume «El impacto social de la crisis económica de México» publicado en la Revista Mexicana de Sociología.
«Privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda, el Gobierno podía tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado por un lado y por el otro lado podía el gobierno tener más recursos para el gasto social», dijo Pedro Aspe, Secretario de Hacienda (1988-1994), en el documental «La decisión del Presidente» coordinado por el CEEY. «Queríamos abrir la economía. Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada»
El 17 de mayo de 1990, tras una reunión de banqueros con el Secretario de Hacienda, se anunció la reprivatización de la banca tras casi diez años de ser propiedad del Gobierno. Se vendieron 18 instituciones bancarias en subastas en un periodo de 13 meses por 39 mil millones de pesos entre el 7 de junio de 1991 y el 16 de julio de 1992. El dinero fue a un fondo de contingencia para reducir deuda.
Pero los grupos de banqueros se prestaron dinero entre ellos para comprar los bancos, por lo que el capital no existía: eran millonarios créditos cruzados. Además los nuevos banqueros empezaron a dar préstamos al consumo y generaron el boom crediticio. Eran impagables por lo que crecieron las carteras vencidas, expone el documental.
El 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, Salinas, Zedillo y Aspe decidieron posponer la devaluación. Tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo el 1 de diciembre de 1994 y días después hizo el ajuste cambiario en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda de nuevo se disparó.
Se perdieron 1 millón y medio de empleos ante la quiebra de las empresas, y los ciudadanos no podían pagar los créditos.
LA REPRIVATIZACIÓN DE LA BANCA
En enero de 1995 el Presidente Ernesto Zedillo anunció que logró un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y además el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que se requirió el rescate de Fobaproa y las pérdidas se socializaron.
Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, donde pidió que el Congreso reconociera la deuda pública por 552 mil 300 millones de pesos. El costo del rescate bancario al 31 de diciembre de 2009 era de 1 billón 644 mil 300 millones de pesos, equivalente al 13 por ciento del PIB, expone el documental «La decisión del Presidente».
«El Gobierno de Salinas reprivatizó la banca, pero lo hizo de tal manera que sus efectos estuvieron caracterizados principalmente por lo negativo y finalmente se terminó el ciclo con la extranjerización de la banca», dijo su antecesor Miguel de la Madrid al CEEY.
En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte. El resto desapareció y solo los extranjeros quisieron comprarlos. En 1998, BBVA adquirió Bancomer, Citibank compró a Banamex y Santander, a Serfín y lo fusionó con Banco Mexicano.
«El saldo de la deuda resultante del rescate bancario se ha pagado con impuestos, la venta de activos de la banca intervenida y con las aportaciones legales de los bancos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario», concluyó el CEEY. «Tras la crisis del rescate bancario, el 72 por ciento de los activos de la banca comercial se encuentran en manos extranjeras».
Volvemos a 2020. Sin medidas ambiciosas para la contingencia económica, el sector empresarial estima que el PIB se desplomará entre 7 y 10 por ciento, la inflación se disparará a 10 por ciento, la deuda pasará hasta 50 por ciento del PIB, y sobre todo, desaparecerán entre 800 mil y un millón de fuentes de empleo.
Enrique Díaz-Infante, del CEEY, recuerda cómo en la crisis financiera de 2008-9 el PIB cayó 6 por ciento, pero al igual que en 1995 la recuperación fue relativamente rápida con apoyo de Estados Unidos. Esta vez la crisis es mundial.
«Si el TMEC ha perdido cierto impacto, además la falta de Estado de Derecho y la pérdida de confianza de inversionistas hace que la recuperación vaya a ser más difícil», concluyó.
