Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– El próximo año será de intenso trabajo para las organizaciones ambientales, debido a que surgirán los primeros proyectos impulsados por la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto y, con ellos, las primeras manifestaciones de inconformidad de las comunidades afectadas.
Edith Martínez Ramos, activista y una de las voceras de Greenpeace, dijo que las leyes secundarias del llamado “Paquete Verde”, eliminaron la consulta previa a la población que será afectada en su territorio con proyectos energéticos como los relacionados con la fractura hidráulica o fracking.
“Vamos a tener mucho trabajo para bajar toda la información legal a las comunidades. El próximo año se presentarán los primeros conflictos de la operación de la Reforma Energética. De hecho hay algunos medios que ya reportan marchas en Tapachula, Chiapas de la población que se opone a la construcción de minas y presas hidroeléctricas. 2015 será un año donde se intensificarán las protestas”, dijo.
La activista detalló que entre los puntos rojos que la organización detecta alrededor del tema del fracking están las modificaciones a la Ley General de Aguas y la forma cómo será administrado ese recurso.
La reforma al campo es otro de los puntos que causarán controversia el próximo año, debido al interés del gobierno federal en incentivar los cultivos transgénicos, dijo.
Edith Martínez explicó que 2014 fue un año de retroceso legislativo en materia ambiental, debido a que se anuló el derecho a la consulta a las comunidades y la posibilidad de realizar proyectos en áreas naturales protegidas.
De acuerdo con la organización, el “Paquete Verde” incluye la modificación a los artículos 38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio permitirá que la infraestructura relacionada con hidrocarburos, no se considere para la planeación territorial.
Estos cambios, de acuerdo con la organización, representan un riesgo para otras actividades y para la población.
“De tal suerte que la población que habita un territorio no podrá conocer si en su comunidad o sus terrenos se instalarán obras relacionadas con el sector hidrocarburos, además de que no serán consultadas si están o no de acuerdo con que en sus predios se puedan realizar dichas actividades, independientemente de que sean o no compatibles con las actividades que ya estuviesen ordenadas en el territorio”, expuso Alberto Rojas Rueda, Enlace Legislativo de Greenpeace.
El “Paquete Verde” de Peña Nieto también afectará a proyectos de diversa índole, debido a que no se considerarán en el proceso de elaboración del ordenamiento ecológico regional, los de hidrocarburos.
“Un ejemplo sería un desarrollo turístico en el que derivado de lo anterior no se conocieran a tiempo las obras (como gasoductos u oleoductos) que pudieran construirse en la zona lo que en relación con la población que se encuentre en el emprendimiento turístico sea sujeta a un riesgo sin que se sepa. Esto representa un acto grave de desregulación ambiental. Se está pasando por encima de uno de los instrumentos legales más eficaces con los que cuenta la política ambiental para proteger el ambiente”, advirtió Rojas.
Además en las reformas al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se avala que se puedan realizar aprovechamientos forestales en Áreas Naturales Protegidas previa manifestación de impacto ambiental, que quedará en manos de la nueva Agencia juez y parte de la regulación en el sector.
“Es un caso de arbitrariedad ya que es la misma autoridad a la que se le solicita el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto ambiental, es la misma que también verifica su cumplimiento. Eso termina por evidenciar que el arreglo institucional de la Agencia busca en todo momento facilitar la operación de la industria del sector, no la protección del patrimonio natural de los mexicanos”, acotó Alberto Rojas.
EL AÑO DE LA RUPTURA
Edith Martínez dijo que 2014 fue un año donde el gobierno federal rompió el diálogo con las organizaciones ambientales.
Simplemente, no quiso escuchar ni atender las recomendaciones sobre la Reforma Energética.
“No hay diálogo, voluntad política para hacer cambios que beneficien a nuestro país. Hemos visto en estos dos años que hay un retroceso de los espacios democráticos, la apertura al diálogo, el gobierno protege los intereses económicos de unos cuantos. Ha ha ignorado a todas las propuestas no sólo de Greenpeace, sino a todas las organizaciones sociales que han presentado propuestas”, agregó.
Martínez recordó el caso de los seis activistas que se manifestaron en marzo en un edificio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz y que enfrentaron un juicio en su contra.
“Este año fue de grandes retrocesos. Greenpeace fue sujeto a una investigación después de 20 años de trabajo en México con el caso de Veracruz”, afirmó.
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El 1 de marzo Rosina González, de 26 años y otros cinco jóvenes colocaron una manta de 130 metros cuadrados con la imagen de Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada "Saving México" de la revista Time, lo que causó la ira del gobierno de Veracruz y Pemex en contra de seis activistas de la organización Greenpeace.
Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en edificio de Pemex Refinación como protesta por la Reforma Energética y el escaso apoyo gubernamental a las energías renovables, arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.
Fueron aprehendidos y Rosina González quien enfrentó cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.
El día de la manifestación, los activistas fueron detenidos por la Policía Naval y detenidos durante varias horas en Playa Linda, para después ser trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Veracruz en donde permanecieron 28 horas.
El juicio duró meses y al final Rosina y los otros activistas quedaron libres de cargos de los delitos por los que fueron acusados.
“Aquí en México el que paga tiene derecho a contaminar en detrimento de muchos sectores económicos y productivos. Este gobierno está privilegiando a las empresas que dañan el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades. No hay una política pública para cuidar al medio ambiente”, finalizó la vocera de la organización.
