Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa y abogados exigieron el alto a la represión y criminalización del Estado al movimiento de la búsqueda de los jóvenes.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien lleva el caso de los desaparecidos, dijo que durante los últimos días la criminalización y persecución a organizaciones y familiares se endureció.
"Tienen el objetivo de criminalizar a todos los colectivos que se solidarizan, han dicho que los compañeros pertenecen a Los Rojos y eso es falso, no hay pruebas ni elementos para establecer esa hipótesis", dijo.
Vidulfo lamentó la represión de Chilpancingo hace unos días, cuando los familiares y estudiantes realizaban una concentración en esa ciudad. Recordó el fichaje de los integrantes de Tlachinollan por el Cisen, donde se les vincula con grupos guerrilleros.
Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, denunció una campaña de desprestigio en Guerrero impulsada a través de los medios de comunicación locales.
Los padres, indicó, son presentados como los culpables por la prensa local. El padre de familia aseguró que a pesar de las intimidaciones, seguirán en la lucha y búsqueda de sus hijos.
"Si nosotros no tenemos navidad ellos tampoco, si nosotros no tenemos año nuevo, ellos tampoco, vamos a seguir a pesar de todas las amenazas y las intimidaciones", dijo Felipe de la Cruz.
En días pasados la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT) dijo que la información que difunde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pone en riesgo la vida de los representantes legales de los 43 normalistas desaparecidos, debido a que “desacredita y criminaliza su trabajo” y les define como “peligrosos para la gobernabilidad”.
“Manifestamos nuestra preocupación por la información publicada sobre Vidulfo Rosales Sierras y Abel Barrera, por las descalificaciones del Cisen a los defensores de derechos humanos y miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”, acusa una carta de la RTDT.
La red conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República exigió hoy al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se garantice la seguridad de los activistas.
“Vidulfo Rosales y Abel Barrera son reconocidos defensores de derechos humanos y su trabajo ha sido fundamental en el estado de Guerrero, ya que acompañan a diferentes víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos. Es sumamente preocupante que se trate de desacreditar y criminalizar su trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa”.
“Es importante recordarle –le dicen a Osorio Chong– que Vidulfo Rosales tuvo que salir del país en el 2012 al recibir amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de derechos humanos en Guerrero y porque el Estado no le garantizó medidas de seguridad para proteger su vida”.
Como Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “estamos sumamente preocupados por la seguridad de Vidulfo Rosales y Abel Barrera, ya que al ser considerados ‘peligrosos para la gobernabilidad’ los pone en un alto riesgo, por lo que le pedimos se garantice su seguridad y se les brinde garantías para que puedan seguir realizando su trabajo en la defensa de los derechos humanos”.
La Red pide que “esclarezca la información que se ha dado a conocer y que se brinde garantías para quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.
