Morena va a la Corte Interamericana por consulta popular
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Reforma Energética y la negación de la consulta popular determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, dijo que el documento está dirigido a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y que está respaldado por Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú y Loreta Ortiz, quien fungirá como representante legal de Morena.
La semana pasada, después de cinco meses de trabajar por la consulta popular, los dos partidos, Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fracasaron en su intento de que se consultara el nuevo marco legal de los energéticos del país, pues la SCJN rechazó más de seis millones de firmas recabadas en el país entre ciudadanos que solicitaron ser consultados sobre el tema en las elecciones de 2015.
Pero, por mayoría, nueve ministros de la Corte resolvieron rechazar la propuesta con el argumento de que el tema de los ingresos y egresos del Estado se ubican en una de las restricciones establecidas por la propia Constitución para ser sometidos a consulta.
Batres Guadarrama indicó que, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debió aprobarse la reforma ni rechazarse la consulta popular.
"Se violó el principio constitucional de progresividad, que establece que toda reforma o ley debe contemplar la ampliación de derechos humanos, no de restringirlos, como es el caso de la privatización del petróleo y, particularmente, del criterio utilizado por los magistrados para frenar la realización de la consulta popular sobre la materia", dijo.
Por lo tanto, añadió, la SCJN no tenía la facultad de interpretar el texto constitucional para restringir el derecho de la población a ser consultada sobre la reforma, debido a que no existe una negativa expresa para preguntar sobre la participación de privados en el sector energético.
Loreta Ortiz, Diputada Federal por el Partido del Trabajo (PT), indicó que uno los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos violados por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión, los Congresos locales y la SCJN tanto en el proceso de aprobación de la Reforma Energética y la revisión de la consulta popular, es el que establece la propiedad de las comunidades.
"Los derechos de las familias a contar con energéticos domésticos y el derecho a la participación ciudadana", dijo.
Finalmente, Martí Batres aseguró que la lucha contra la privatización del petróleo aún no concluye, pues el Gobierno mexicano signó tratados internacionales y tendrá que esperar hasta la resolución de la CIDH para aplicar la reforma.
Batres dijo que, de concretarse la Reforma, habrá más polarización, violencia y caos en México.
El PRD también prevé interponer un recurso ante la CIDH. De acuerdo con Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional de esta institución política, la corte dio un “cerrojazo" a los derechos constitucionales.
