Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Si el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se atreve a salir y decir que sólo hay violencia en Iguala y no en el resto de la entidad, lo hace sin ningún sustento, porque en México no existen ni lo datos ni la metodología para medir con exactitud qué está pasando en materia de seguridad en cada municipio, dijo Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
"Si el Gobernador cree que Guerrero está en paz, excepto Iguala, es el estado en el que vive el Gobernador, no el pueblo. Ni siquiera sale con información para defender su dicho, son declaraciones políticas, lo que proponemos es que cuando se hable de la condición de un municipio, de una región, haya evidencia empírica confiable, con métodos y estándares técnicos que permiten creerle que su estado está en paz, porque tiene información atrás, porque, ¿cuántos Iguala habrá?", dijo.
De acuerdo con López Portillo y organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Causa Común, México Unidos contra la Delincuencia, entre otras, en el país existe un fenómeno de debilidad crónica de información y una actitud política que se resiste a la rendición de cuentas.
Existen inconsistencias y modificaciones injustificadas en las estadísticas que compila y reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información que sirve como sustento para la evaluación que realiza el gobierno federal de su estrategia de seguridad, advirtieron.
Esta es la razón que explica porqué en Iguala la población tenía conocimiento de los nexos del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez con el crimen organizado, pero las autoridades se dijeron sorprendidas por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
"El gobierno debe llevar al máximo sus capacidades posibles la recopilación de información, es un principio de gobernabilidad y particularmente construir sistemas que recojan no sólo las denuncias de un delito, si no la forma en que la gente percibe. Esto implica tener la información suficiente para atender las problemáticas reales, no las que están en la mente de las autoridades, sino las que están en la gente", explicó.
López Portillo detalló que aunque el país cuente con "bases de datos descomunales" como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 95 mil muestras anuales, hay entidades como Guerrero y Veracruz, por ejemplo, donde la autoridad tiene una versión de los hechos y la población otra.
Cabe recordar que hace unos días el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, redujo la criminalidad en su entidad al robo de "un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
"Cuando las autoridades no recurren a lecturas cualitativas de lo que está pasando, no saben dónde están los conflictos. No saben qué capital social tienen instalado para resolver esa conflictividad", dijo.
Alejandro Hope, consultor especializado en materia de seguridad, coincidió con López Portillo y aseguró que el gobierno federal "está tomando decisiones sin información, como en Guerrero".
"El caso de Guerrero demostró la debilidad institucional y la impunidad que forma parte de la vida pública del país", dijo.
Para los expertos y activistas en México existe una desconfianza de los datos oficiales, debido a que domina la simulación en la rendición de cuentas.
MEJORAR LAS ESTADÍSTICAS
Las organizaciones alertaron sobre la deficiencia de recursos humanos, tecnológicos y de procesos en las procuradurías y fiscalías generales de justicia en el país, así como la ausencia de una metodología pública detallada que reduzca los errores en la recopilación de datos que se están reportando.
Para contribuir en el mejoramiento de los datos oficiales, a través de la Iniciativa Común por la Seguridad y Justicia, las organizaciones propusieron tres acciones para superar los problemas que se registran en las estadísticas de incidencia delictiva.
La primera tiene que ver con publicar una metodología que sustente las estadísticas de incidencia delictiva alineada a la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos.
Además propusieron establecer mecanismos de verificación y validación de los datos que incorporen algún espacio para la participación de expertos y especialistas externos y, formular y socializar el plan de trabajo para la implementación del acuerdo que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre ampliar la información disponible y fortalecer las áreas de estadística y análisis de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que la claridad de los datos influirá en la Estrategia Nacional de Seguridad.
"Para poder implementar de manera adecuada la estrategia, es urgente que el país cuente con un sistema que provea de información confiable, consistente y oportuna sobre la incidencia delictiva, pues de esta manera las decisiones estratégicas, la vigilancia del desempeño gubernamental en materia de seguridad pública y la rendición de cuentas serán acertadas", dijo.
