Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Rogelio Amaya Martínez es un joven originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, que el 11 de agosto de 2010 fue aprehendido y torturado junto con otros cuatro amigos. Hace cinco meses fue absuelto de los cargos que se le imputaron y salió del penal de máxima seguridad de Nayarit donde estuvo preso.
Pero Rogelio no dejó la cárcel totalmente limpio: psicológicamente está afectado y sobrelleva las secuelas de la tortura a la que fue sometido para obtener una confesión.
“Nos torturaron con golpes, patadas, agua en la cara, toques, abuso sexual a algunos compañeros en un cuartel que la Policía Federal tenía en Juárez; luego nos trajeron al Distrito Federal y nos siguieron torturando”, dijo.
El hombre recuerda que en la Ciudad de México fueron golpeados y humillados no sólo por uniformados, sino también por civiles. “Nos pateaban, todo era para obligarnos a hacer un video, y lo hicimos, no teníamos otra opción. Nos desmayábamos del dolor, nos tenían amenazados con nuestras familias. Creímos que ahí se terminaría todo, pero no”, narró.
Después de filmar aquel video, el cual no especificó su contenido, Rogelio y sus compañeros fueron presentados ante los medios de comunicación como los responsables del coche bomba que estalló en Ciudad Juárez en 2010.
“Tres años y siete meses después nos absuelven, se nos retiran los cargos. Pero la pesadilla no ha terminado, quedamos marcados y nuestras familias también: ¿Por qué no nos presentan ante los medios y limpian nuestra imagen?, después de que nos presentaron como la peor escoria de la sociedad”, indicó el joven.
Como Rogelio, miles de personas son torturadas en México. El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México revela que durante el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto se presentaron mil 505 casos de tortura, un incremento de 600 por ciento, respecto a 2003.
De acuerdo con la organización, el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de tortura. Sólo entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 7 mil 164 quejas por torturas y malos tratos.
La organización expuso que el miedo es tan generalizado, que entre 2005 y 2013 se presentaron tres mil 749 peticiones de amparo federal, donde las personas detenidas solicitaron protección frente a la tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
AI advirtió que la tortura creció vertiginosamente a partir de 2006, cuando inició la guerra contra las drogas y no se ha detenido en la nueva administración.
LA CNDH NO CUMPLE CON SU DEBER
Respecto a la CNDH, AI dice que no cumple con su deber debido a que apenas uno por ciento de los casos denunciados, cuentan con una recomendación. Las prácticas de tortura de autoridades mexicanas incluyen semi asfixia, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.
El documento detalla que tan sólo 2013, la CNDH recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza. Con datos del pasado mes de enero, se informa que entre 2005 y 2013 los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica.
“A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales”, dice el informe.
AI demandó al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas. El informe destaca que sólo el año pasado se denunciaron mil 505 casos; sin embargo precisa que la cifra real pudiera ser más elevada.
“Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos y que el problema está fuera de control”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
OTROS CASOS DE TORTURA
El informe de AI documentó los casos de más de 20 personas que, como el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.
Ángel Amílcar es un hondureño y es el primer migrante en ser reconocido como “preso de conciencia” por Amnistía, quien fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas.
“Preso de conciencia es el más amplio respaldo y apoyo que Amnistía pueda otorgar a las víctimas en su defensa. En México es el primer migrante con estas características, ya hubo otros como Jacinta Francisco Marcial, pero con otras características”, dijo Denise González Núñez, miembro del Área Institucional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
González explicó que la causa de Ángel será cerrada en unos días y que la sentencia por delincuencia organizada, el delito por el cual es procesado el hondureño, alcanza hasta los 70 años de cárcel.
“Este caso es muy grave porque pone en evidencia una realidad de la migración, porque tras documentar lo que sucedió, se concluye que fue discriminado por su origen étnico, torturado con insultos racistas, por su color de piel”, explicó.
El hondureño podría ser sentenciado con una pena que podría alcanzar los 70 años de prisión.
Su esposa Yuly Alexandra Baltazar Martínez no supo de Ángel hasta un año después de que salió de Honduras.
“Un año sin saber de él, si estaba vivo o muerto. Al saber que estaba en México, buen una buena noticia, estaba vivo, pero preso. Nosotros con recursos limitados, una difícil y compleja situación”, contó.
Yuly dijo que su esposo no pudo hacerle una llamada telefónica hasta tres años después de su detención, porque ella sólo tenía teléfono celular y no una línea fija.
Este año, Yuly y su hijo de ocho años, vieron a Colón Quevedo, después de cinco años preso en México.
Cuando Ángel salió de Honduras, su hijo menor tenía dos años. El pequeño no recordaba a su padre.
“Fue mucha impresión, comenzar de nuevo, es alguien con quien tienes hijos y que no has visto en tanto tiempo. Fue la primera vez que hablamos, luego le mandé una carta y un custodio se la arrebató. Es increíble a todo lo que lo han sometido”, dijo.
