Las líneas gratuitas dejaron de funcionar desde el 7 de agosto, dos semanas después del estreno de la séptima y última temporada de Orange Is The New Black, donde se aparece el número de asesoría legal.
Los Ángeles (EU.), 11 de diciembre (EFE).- Un grupo de activistas por los derechos humanos ha solicitado una orden judicial para reponer una línea telefónica gratuita de asesoría legal a inmigrantes detenidos, después de que el número fuera mencionado en la popular serie televisa Orange Is The New Black y las autoridades lo cancelaran.
«ICE está intentando silenciarnos y evitar que los inmigrantes en detención se conecten con comunidades en el exterior», dijo este miércoles a Efe la directora de Freedom for Immigrants (FFI), Christina Fialho.
«ICE cerró nuestra línea directa porque llamamos la atención sobre la inhumanidad de la detención de inmigrantes. Es solo la última en un largo patrón de represalias contra FFI. Estamos diciendo no más», agregó la activista de esta organización con base en Los Ángeles, California.
Desde 2013, FFI había logrado instalar el servicio en centros de detención de inmigrantes del país tras un acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según Fialho, las líneas gratuitas dejaron de funcionar el pasado 7 de agosto, dos semanas después del estreno de la séptima y última temporada de la serie de Netflix, Orange Is The New Black, en la que se menciona el número del servicio (9481).
En el quinto capítulo, titulado «Minority Deport», el personaje de Maritza (Diane Guerrero), una inmigrante que está por ser deportada, descubre que existe una línea telefónica gratuita a la que puede llamar para obtener asesoría legal sin coste alguno.
El número y el servicio se mencionan luego en otros episodios de la temporada, y esto forma parte de una campaña desarrollada entre los productores de la serie y la organización.
A pesar de las peticiones de FFI, desde agosto pasado ICE no reactivó el servicio, por lo que la organización presentó el martes una demanda en el Tribunal Federal.
La querella pide que se restablezca la línea y que ICE deje de interferir en el trabajo de FFI.
Fialho subrayó que, cuando estuvo operativa, la línea recibió hasta 14 mil llamadas por mes de personas detenidas por inmigración, personas que «estaban aisladas y sufrían abusos graves».
La fundadora resaltó que «la organización está siendo blanco de las autoridades federales por exponer abusos cometidos en las detenciones y ampliar las historias de personas que sufren en el sistema».
El abogado Moez M. Kaba, socio de la firma Hueston Hennigan, que representa a la organización, aseguró en un comunicado que «el cierre de la línea directa por ICE viola los derechos de la Primera Enmienda (…) a hablar libremente y los derechos de los inmigrantes detenidos a hablar con FFI».
