Entre las principales tareas del DIF están las de servicios de instancias infantiles, casas hogar, desayunos escolares, centros de acopio, comedores comunitarios y apoyo a migrantes, sobre todo a los menores, pero al ser la oficina que desde siempre le otorgaba en automático a “la Primera Dama”, provocó que un mal manejo en materia presupuestal, que terminó por reflejarse en lo operativo.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, el Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), generó un posible adeudo con el erario público federal por 19 millones 784 mil 131 pesos.
Esa cantidad se desprende, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por una mala supervisión de los funcionarios públicos de esa dependencia de los servicios por los que pagó y también por la opacidad de sus contrataciones.
La ASF encontró que el DIF realizó contrataciones a modo; no pagó impuestos de los salarios de los trabajadores; realizaron contratos por adjudicación directa por montones y sin justificación; pagó por fiestas de las que no hay evidencia de que se realizaron; no cobró multas por retraso en los servicios a contratistas; pagó por publicidad sin un monitoreo, sin esquemas de alcance ni monitoreo y pagó por un servicio de limpieza “fantasma”.
Para 2018, el año auditado, Angélica Rivera, quien fue Presidenta del consejo consultivo del DIF, había dejado el puesto. El titular en ese entonces era Antonio de Jesús Naime Libién, quien ocupó el puesto luego de la salida de Laura Vargas Carrillo, esposa del ahora Senador Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con una investigación realizada por Linaloe R. Flores, el DIF gastó en el sexenio de Peña Nieto, 2 mil 264 millones 608 mil 839 pesos, principalmente en contratos para eventos de días festivos, rifas, comida, fotocopias, impresiones, viajes, tarjetas de regalo, limpieza, combustibles, seguridad para personal, muebles, ropa, cursos-talleres y difusión de campañas, de acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
En esta segunda entrega, la ASF solo revisó el 37.6 por ciento del presupuesto total del DIF, cerca de 909 millones de pesos, pero esta dependencia cada año suma observaciones que se reflejan en dinero perdido. En la Cuenta Pública de 2015, la ASF halló opacidad en la gestión del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, y en el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que hubo un probable daño al erario por 249 mil 119 pesos ante la falta de documentación comprobatoria de los gastos.
Sobre los desayunos escolares para contribuir a la seguridad alimentaria de estudiantes, el órgano fiscalizador observó en 2016 errores en el padrón de beneficiarios y en las reglas de operación del programa en Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.
Para la Cuenta Pública de 2017, la ASF expuso que a tres años de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a dos años de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ha faltado coordinación para integrar la información de niños y adolescentes susceptibles de adopción; de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología para los procedimientos de adopción.
LOS REPORTES DE 2018
Donde más fallas se detectaron fue en las compras públicas y licitaciones. La ASF señaló que el DIF no se aseguró de que tenía las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad. Por ejemplo, para el servicio de vigilancia, no se acreditó la información de los tabuladores de tarifas de los participantes desechados.
Para el suministro de gas LP y servicio de fotocopiado, no tuvo la documentación del estudio de mercado que acreditara que se obtuvieron las mejores condiciones económicas y para los servicios de suministro de víveres, de alimentación al personal y servicio de mensajería nacional e internacional, no se cumplió con la vigencia de los estudios de mercado de 30 días.
Tampoco se proporcionó el expediente de licitación pública para la compra de uniformes, ropa de trabajo y equipo de protección personal, ya que la entidad fiscalizada indicó “que no localizó el expediente del procedimiento de adjudicación” y en una licitación a Tres Personas, no se localizó la información relativa a las propuestas técnicas de los participantes, ni se evidenció su devolución o destrucción, por lo que no se contó con elementos para evaluar la transparencia de los procedimientos y constatar que se garantizaron las mejores condiciones.
Sobre sus pagos para la transmisión de spots de audio y video, el DIF no contó con la elaboración de un dictamen de justificación y en seis de ellos, de spots de radio, sólo “cartas firmadas por los representantes legales de los proveedores, en las que se manifiesta tener el licenciamiento exclusivo para comercializar sus espacios, sin acreditarlo, y únicamente un caso de estos seis”.
Para servicio de fotocopiado, el DIF no evidenció la existencia de un contrato anterior adjudicado mediante licitación pública, por lo que no se acreditó que el servicio se adjudicó en las mismas condiciones de precio, características y calidad.
Sobre el servicio de vigilancia, la empresa contratada no acreditó que cada uno de los elementos asignados tomara la capacitación correspondiente y en el expediente no se localizó evidencia de la elaboración y presentación del análisis de riesgo de cada uno de los inmuebles del DIF, cuyo fin era determinar la logística del despliegue del personal que prestaría el servicio.
Los eventos de los que no hay evidencia provocaron un posible daño al erario por 16 millones 016 millones 016 mil 702 pesos, por no acreditar con la documentación soporte, consistente en estados de cuenta en los que se detallen los conceptos y costos de los eventos, facturas, memorias fotográficas y actas de entrega-recepción de los servicios, que éstos fueron realmente brindados.
En la revisión del pedido a ABC Uniformes, S.A. de C.V., para la adquisición de uniformes, ropa de trabajo y equipo de protección para personal de la zona metropolitana y área foránea, se observó que existieron atrasos en la entrega de los bienes, de 15 a 20 días, por lo que la ASF determinó una multa, pero el DIF no la cobró.
Para el mantenimiento de equipo del sistema contra incendios, no se evidenció la entrega de los reportes del estado de los motores de combustión interna y eléctricos, alarmas, detectores de humo y estaciones manuales del inmueble, ni de la actualización del inventario de la infraestructura del equipo del sistema contra incendios.
De nuevo, en la revisión de la compra de publicidad oficial, se informó que se realizó por personal de la Subdirección de Difusión, sin que la entidad cuente con evidencia de ello, lo “que denota falta de control en la supervisión y verificación de su transmisión” y sobre los mensajes publicitarios en internet, el DIF no evidenció que dichos medios contaran con esquemas de compra fijos o variables, justificados por audiencia, frecuencia o alcance; tampoco estudio de perfil de audiencias, espacios publicitarios con medidas estándares, plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad y con formatos responsivos para los distintos dispositivos de consulta, tarifas acordes con su alcance o ventaja competitiva, y soluciones de validación de pauta.
Luego, con la revisión de los pagos y recepción de los servicios, del contrato celebrado con Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., para el servicio de limpieza de los inmuebles en la Ciudad de México, se determinaron pagos improcedentes pero no se acreditó la asistencia del personal de limpieza en 208 casos de marzo y 119 de abril.
Tampoco se evidenció la entrega del material necesario para el servicio ni el directorio telefónico de los encargados de limpieza en cada inmueble.
Finalmente, la ASF instruyó a iniciar un procedimiento administrativo de los servidores que no pagaron el impuesto sobre los sueldos y prestaciones de 15 estados y que no incluyeron en el anteproyecto de presupuesto anual.
