Río de Janeiro, 11 nov (EFE).- La huelga iniciada el lunes por los camioneros independientes de Brasil contra los altos impuestos y los elevados costos de los combustibles se limitó hoy a pequeñas manifestaciones en algunas carreteras tras la decisión del Gobierno de elevar las multas a quienes obstruyan las rutas.
La paralización, que ya había perdido fuerza el martes, se redujo aún más este miércoles tras la publicación de un decreto en que el Gobierno fija en 19.154 reales (unos 4.910 dólares) la multa que la policía puede imponer a quien lidere manifestaciones que bloqueen las carreteras y en 38.308 reales (unos 9.822 dólares) la que tiene que pagar quien reincida en esa práctica.
La huelga estaba limitada a comienzos de la tarde de hoy a doce protestas en tramos de carreteras de cinco de los 27 estados de Brasil, con bloqueos parciales en sólo tres rutas, según el último boletín de la Policía Federal de Carreteras.
Los huelguistas llegaron a realizar el lunes manifestaciones o bloqueos de vías en 43 trechos de carreteras en 14 estados y el martes promovieron protestas en 34 tramos de rutas en nueve estados.
Mientras que el lunes llegaron a bloquear por completo importantes carreteras federales, ayer y hoy sólo promovieron bloqueos parciales, que únicamente impedían la circulación de otros camiones.
Además de aumentar las multas, el decreto ejecutivo publicado este miércoles establece otras sanciones para reprimir la obstrucción de carreteras, como la suspensión de la licencia para conducir por hasta doce meses, la inmovilización del vehículo y la exclusión de los conductores por diez años de la lista de quienes pueden obtener créditos públicos para la compra de camiones.
El endurecimiento del Gobierno frente a los huelguistas fue determinado por la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien ayer advirtió que bloquear carreteras es un crimen.
«Todo el mundo tiene derecho a protestar en el país. Construimos la democracia para que eso no fuese crimen. Pero este es un país responsable y bloquear carreteras, comprometer la economía popular, amenazar el abastecimiento de alimentos y de combustibles… esto tiene componentes de crímenes ya previstos», afirmó.
«Obstruir es crimen. Obstruir es afectar la economía popular, que es un crimen. Manifestarse es algo absolutamente legal. Es parte de la democracia y le hace bien al país. Todos estamos obligados a cumplir la ley, principalmente las personas que ejercen la facultad de cumplir la ley», agregó.
Los huelguistas, que se dicen independientes de los sindicatos y fueron convocados por las redes sociales, protestan contra los altos impuestos sobre el transporte y contra recientes aumentos de los precios de los combustibles, pero los principales sindicatos del sector, que rechazan la huelga, aseguran que esas reivindicaciones no son suyas sino de grupos con intereses políticos.
Los camioneros más radicales aseguran que tan sólo suspenderán la huelga con la renuncia de Rousseff, a quien acusan de haber hundido el país en una grave crisis económica y política.
El Gobierno, que alega haber atendido todas las reivindicaciones de los camioneros en las últimas negociaciones, asegura que la huelga es puntual y acusa a los organizadores de estar al servicio de la oposición para generar un «desgaste político».
El principal líder de los huelguistas, Ivar Schmidt, admitió que el objetivo inicial era presionar a Rousseff pero que, como la huelga no obtuvo el apoyo popular esperado, las reivindicaciones se limitarán a las de los camioneros.
