El sábado expiró el plazo dado por el presidente a los grupos opositores para que entregaran las armas y, posteriormente, se inició una búsqueda para encontrar armas ilegales en la que las fuerzas de seguridad pueden «utilizar todos los medios a su disposición», según indicó Nkurunziza.

«Los discursos amenazantes del presidente y de otros miembros del partido gobernante han desatado el pánico», alertó el director de HRW para África, Daniel Bekele.

El sábado por la noche, al menos 8 personas fueron asesinadas en la capital, Buyumbura, en un ataque perpetrado por hombres armados vestidos con uniforme policial contra un bar en uno de los feudos de la oposición.

Ante el riesgo de que se produzcan duras acciones policiales, muchos residentes han huido de los barrios de Mutakura y Cibitoke, donde se han concentraron las protestas contra Nkurunziza desde el pasado abril.

«Las fuerzas de seguridad de Burundi deben actuar con moderación» pidió HRW, «y no utilizar estas operaciones como una licencia para matar».

Según denunció Bekele, las fuerzas de seguridad han sido responsables de numerosos violaciones de los derechos humanos en los últimos meses, pero las autoridades siguen ignorando estos delitos.

Naciones Unidas pidió este martes la intervención de la Unión Africana (UA) para frenar la violencia en Burundi, ante el agravamiento de un conflicto que está adquiriendo claras connotaciones étnicas.

Cerca de 200 personas han muerto y cientos de miles han huido desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las revueltas contra los planes de Nkurunziza de optar a un nuevo mandato presidencial en contra de la Constitución.

En la ola de violencia que vive este pequeño país africano han sido asesinadas personalidades como el exjefe de la Inteligencia Adolphe Nshimirimana o el excoronel del Ejército y comandante tutsi durante la guerra civil (1993-2005) Jean Bikomagu, así como numerosos jóvenes y agentes de Policía.