Díez informó a Efe de que «el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F., dentro de la causa penal 325/2015, decretó auto formal de prisión en contra de los 10 agentes federales que participaron» en su «detención ilegal».

A los procesados se les acusa del «delito de simulación de pruebas con el propósito de inculpar a alguien, previsto en el artículo 248 bis del Código Penal Federal», agregó.

El letrado fue detenido el pasado 7 de septiembre en la capital mexicana en medio de denuncias de sus familiares contra la policía por abuso de autoridad y que fue objeto de una acusación falsa por posesión ilegal de armas.

La versión de la familia de Díez fue corroborada con un vídeo grabado por una cámara de circuito cerrado en el que se ve como un agente coloca al parecer un arma en el vehículo de Díez.

El objetivo de su detención fue para que prestara declaración como testigo en una denuncia sobre escucha ilegal de comunicaciones, a raíz de la difusión en el primer semestre del año en las redes sociales de unas llamadas telefónicas que involucraban en actos de corrupción a directivos de OHL, grabadas sin su consentimiento.

Entre otras cosas las grabaciones ilegales dejaron al descubierto supuestos sobornos que provocaron la renuncia del titular de Comunicaciones del Estado de México (centro del país), Apolinar Mena, y del directivo de OHL México Pablo Wallentin.

Por los audios, algunos de los cuales implicaron también al secretario (ministro) mexicano de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, OHL interpuso una demanda contra Infraiber.

Las instalaciones de esa empresa fueron allanadas el 21 de septiembre y en su interior fue descubierto equipo usado presuntamente para intervenir llamadas telefónicas.

Infraiber fue contratada por el Estado de México para la instalación de un sistema de monitoreo de peajes en el Circuito Exterior Mexiquense, que OHL tenía en concesión, pero su labor fue cancelada.

Según Díez el encarcelamiento de los diez agentes federales «significa que tanto la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), al ejercer acción penal en contra de sus propios agentes, como un juez penal federal han considerado que existen elementos suficientes para concluir que los agentes sembraron el arma de fuego» en su automóvil.

Sin embargo, se quejó de que «la averiguación previa» en su contra «por el inexistente delito de portación de arma de fuego todavía se encuentra abierta».

«La Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales, a cargo de José Guadalupe Medina Romero, se niega a exonerarme y a decretar el no ejercicio de acción penal en mi favor, con lo que pretende mantener un ilegal ‘control político’ sobre mí. Increíble, pero cierto», concluyó Díez