La comunidad científica levantó la voz en favor de los 31 académicos y funcionarios presuntamente acusados de nexos con la delincuencia organizada. Con anterioridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay perseguidos políticos, pero que está en contra de la riqueza mal habida y la corrupción.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Académicos, científicos e investigadores de diferentes instituciones y centros educativos internacionales se manifestaron para pedirle a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), reconsiderar las acusaciones en contra de los 31 académicos y funcionarios de la institución y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) implicados presuntamente en el delito delincuencia organizada.
Mediante una carta que se dio a conocer este domingo 10 de octubre, fue reconocida la labor del foro por la articulación de diferentes agencias sociales que se encontraban involucradas con la promoción del desarrollo tecnológico y la ciencia.
«Consideramos que el FCCyT ha llevado a cabo importantes acciones e iniciativas encaminadas a la articulación de un sinnúmero de organismos sociales involucrados en la promoción del desarrollo científico y desarrollo tecnológico de México. No obstante, se les ha acusado de actividades delictivas equivalentes a las de los cárteles de la droga, con sentencias que podrían llegar a los 80 años de prisión», expresaron en el escrito.
La comunidad científica reconoció que los presupuestos deben estar sujetos a una exhaustiva auditoría, sin embargo, dicho proceso se realizó en su debido tiempo.
«Por lo tanto, nos dirigimos respetuosamente a usted con el fin de solicitar una revalorización del compromiso sustancial de los mencionados 31 científicos en la construcción de un andamiaje sólido para el fomento de la ciencia y tecnología en México».
Los firmantes aseguraron estar convencidos de México obtendrá beneficios de la participación conjunta con la comunidad científica, sobre todo de los que han llevado a cabo contribuciones sobresalientes.
«Reiteramos nuestra solicitud de reconsiderar las acusaciones formuladas contra un grupo tan distinguido de científicos y académicos.
«Estamos convencidos de que México ciertamente se beneficiará de la participación conjunta de su vasta comunidad científica, especialmente de aquellos que han hecho contribuciones científicas y tecnológicas sobresalientes a México», explicaron.
En ese sentido, también comentaron que la reconsideración se encontraría en el marco de la filosofía de la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Científica y Cultural de las Naciones Unida, de Budapest, Hungría, de 1999.
«Todos los esfuerzos para promover el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, para eliminar toda discriminación con respecto a la educación y los beneficios de la ciencia, actuar de manera ética y cooperativamente dentro de nuestras propias esferas de responsabilidad, para fortalecer la cultura científica y su pacífica aplicación en todo el mundo, y promover el uso del conocimiento científico para el bienestar de poblaciones y por la paz y el desarrollo sostenibles, teniendo en cuenta los aspectos sociales y éticos principios ilustrados anteriormente».
La carta fue firmada por 145 académicos adscritos a universidades de Autónoma de Madrid, Cambridge, Harvard, Estatal de Arizona, Newcastle, Sapienza, de Sao Paulo o Yale.
Entre los firmantes se encuentran: Abigail Schoneboom, Abiodun Egbetokun, Adam Przeworski, Adarsh Anil, Adolfo Stubrin, Ana Langer, Andres Bernasconi, Andrew Roberts Cummings, Antonio Javier Calleja, Axel Haudiquet, Barbara Ann Bush, Carlo Pietrobelli y Claudio Lomnitz.
La carta fue suscrita por 124 residentes mexicanos, algunos de ellos son: Gloria Soberón, doctora en investigación biomédica; Silvia Cherem, periodista y escritora; Miguel Alcubierre, Dolores Beistegui; el físico; directora del Papalote Museo del Niño, y Luis Mochán, físico.
La FGR presentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico desde fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Fiscalía señaló que los servidores públicos del Conacyt supuestamente habrían creado una empresa privada para después incorporarse a ella, con lo que habrían violado la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.
Sin embargo, el pasado 22 de septiembre, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. No obstante, la Fiscalía anunció que volvería a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
A finales del mismo mes, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo en una serie de tuits que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. demandó al Gobierno de México cuando se le puso freno al gasto y no al revés. Y explicó que esa entidad privada perdió en la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su cuenta de Twitter, también aseguró que el Foro Consultivo gastó apenas 100 millones en proyectos de ciencia y tecnología, y que 471 millones de pesos se le fueron en tintorería, comidas, viajes y salarios desde que fue fundado, en 2002.
