El Presidente de México ha pedido al Fiscal General al menos en cuatro ocasiones que dé celeridad a las investigaciones que involucran al País en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de América Latina, pero la respuesta es hasta ahora cuestionada.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El caso Pemex-Odebrecht es emblemático de la alta corrupción transexenal que involucra a prominentes figuras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), entre ellos a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ha sido hasta ahora un fiasco de la Fiscalía General de la República (FGR) con el principal implicado, Emilio Lozoya Austin, en libertad y sólo uno de 70 acusados en la cárcel: El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri.
Esta controvertida investigación se desarrolla en medio de varios escándalos del fiscal Alejandro Gertz Manero, como la indagatoria por delincuencia organizada a integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el encarcelamiento de su familia política y la acusación de plagiario para obtener una plaza en el Sistema Nacional de Investigadores.
Gertz Manero ha sido señalado de exonerar al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, tras ser devuelto por Estados Unidos a México, de mantener “injustamente” en la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y proteger a Emilio Zebadúa, el artífice de la Esafa Maestra.
LOS RECLAMOS DE AMLO
Tan lento ha sido el proceso de investigación en el caso Odebrecht y tan pobre en sus resultados, que luego de 14 meses de que Lozoya fue extraditado a México y obtuvo beneficios procesales para delatar a sus presuntos cómplices de corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha hecho cuatro reclamos públicos al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien impulsó para llegar a ese cargo autónomo.
Hace 10 meses, el 6 de enero, López Obrador manifestó su impaciencia por los nulos avances de la FGR. “Ya se tardó”, declaró sobre la lentitud de las investigaciones de Gertz Manero sobre los sobornos que Lozoya aseguró que entregó a políticos para aprobar la reforma energética, así como los beneficios a Agronitrogenados y a Odebrecht en su planta Etileno XXI.
“No tengo información del Fiscal, pero lo que considero es que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones”, enfatizó. “Pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa porque la fiscalía es autónoma, creo yo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación y otras”.
Desde entonces, la FGR sólo ha procedido penalmente por los presuntos sobornos contra Lavalle Mauri, quien desde abril está encarcelado, y contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la FGR pretende que involucre a Felipe Calderón.
Treviño Medina no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado, y exactamente lo mismo hizo el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusado de recibir 6.8 millones de pesos en sobornos, quien ha hecho una defensa mediática con la acusación de que López Obrador quiere meterlo en la cárcel “a la mala”.
El trabajo de la FGR ha servido a Anaya para hacer responsable de la investigación al presidente López Obrador y de acusarlo de proteger a Lozoya.
Anaya inclusive aseguró, con base en los documentos de la carpeta de investigación que obtuvo de la FGR, que Lozoya se quedó con los 6 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht le pagó en sobornos y que éste asegura que los entregó a senadores panistas en sobornos.
“Si Lozoya no repartió esos 6 millones de dólares entre legisladores, como alega, ¿dónde está todo ese dinero? Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos”, afirmó en el tercero de cuatro videos que difundió la semana pasada.
LOS INTENTOS DE LA UIF
En la denuncia que presentó ante la FGR a su regreso a México, Lozoya implicó en corrupción a 70 políticos y eso le permitió no pisar la cárcel mediante un criterio de oportunidad pactado con Gertz Manero.
Ese pacto ha impedido que se proceda penalmente contra Lozoya, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado siete denuncias en su contra por diversos delitos, entre ellos uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, peculado.
Pese a ello, y con sólo un brazalete electrónico para mantenerlo localizable, Lozoya disfruta de la libertad y, como lo exhibió este sábado la columnista Lourdes Mendoza, disfruta de restaurantes de lujo y es sabido que es asiduo a jugar al golf.
La más reciente denuncia de la UIF contra Lozoya Austin es del 4 de agosto y se le acusa de desviar, entre 2012 y 2016, mil 400 millones de pesos de Pemex a Odebrecht y, de ahí, a empresas fachada ubicadas en varios estados del país.
Un mes antes, el 16 de julio, la UIF presentó la sexta denuncia contra Lozoya, en la que se le acusó de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos con la constructora Odebrecht.
La dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo puntualizó que la sexta denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 personas morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
Pero de esto la FGR no ha investigado nada luego de que las autoridades de España detuvieron a Lozoya el 12 de febrero de 2020, en una lujosa urbanización de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Lozoya llegó extraditado el 17 de julio de 2020 a México, acusado de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático de corrupción que sigue impune.
