México puede ser un referente a nivel internacional con su nuevo etiquetado frontal si no cede a la presión de la industria de la comida chatarra, coincidieron expertos internacionales en un foro organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria. Los especialistas reconocieron que hasta el momento el Gobierno mexicano se ha mantenido firme ante la presión de las empresas, pero le advirtieron de posibles impugnaciones ante la Organización Mundial de Comercio.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La industria de la comida chatarra utilizará todos los recursos legales para evitar el nuevo etiquetado frontal en México, incluso puede haber impugnaciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) argumentando falsamente que violan acuerdos internacionales de comercio y propiedad intelectual, pero el Gobierno debe mantenerse firme y no ceder ante las presiones, recomendaron expertos internacionales.
Durante el foro «Amenazas sin sustento de la industria de comida chatarra contra el etiquetado frontal de advertencia relacionadas a acuerdos internacionales», organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, los especialistas en salud reconocieron el esfuerzo del Gobierno mexicano por mantenerse firme en la decisión de implementar este nuevo etiquetado, que entrará en vigor en noviembre debido al plazo de 30 días que se le dio a la industria. También se congratularon con la legislación oaxaqueña que prohibe la venta de bebidas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad.
«Las medidas mexicanas van a enfrentar impugnaciones, no obstante, la OMC reconoce que los estados tienen el derecho soberano de regular aspectos de salud. No se dejen engañar y manténganse fuerte en esta medida. No hay que ceder», dijo la doctora Pepita Barlow, profesora asistente en Políticas de Salud en la London School of Economics and Political Science (LSE).
Los expertos alertaron que países como Estados Unidos, Suiza y Canadá podrían ser presionados por la industria para impugnar este etiquetado mexicano ante el Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la OMC, como lo hicieron en su momento con Chile (primer país de Latinoamérica en implementar el etiquetado frontal claro), que no cedió a las presiones, o con Indonesia (2013), donde esta nación terminó por posponer su legislación.
«Al unirse a la OMC los estados aceptan acuerdos, como los obstáculos técnicos al comercio, cuyo objetivo es que los miembros no introduzca algunas políticas que sean obstáculo entre los países miembros y esta cláusula de la OMC es aprovechada por la industria», señaló la doctora Pepita Barlow. No obstante, aseguró, «la OMC también reconoce el derecho de los estados a regular la salud».
«Chile enfrentó muchos obstáculos en estos organismos cuando cambiaron su etiquetado, pero logró soportar una presión fuerte de las empresas y quejas en organismos internacionales como la OMC, pero otros países como Indonesia no soportaron la presión», agregó la profesora del ILSE. «No sabemos qué sucedió en estas reuniones a puerta cerrada, pero después Indonesia anunció que iba a retrasar el etiquetado y que en su lugar iba a implementar campañas».
De acuerdo con Eric Crosbie, profesor asistente de la Escuela de Ciencias de la Salud Comunitaria, University of Nevada, en Reno, la industria no tiene argumentos para rebatir este etiquetado ante la OMC, incluso si lo hace y si México no se deja presionar y se defiende, estas empresas –que están detrás de las impugnaciones de grandes países–, perderían millones, como sucedió en Uruguay, donde la tabacalera Philip Morris International (PMI) promovió acciones legales internacionales y tuvo que pagarle a este país 8 millones de dólares al perder el juicio.
«Philip Morris Internacional temía la extensión de esta política de Uruguay en toda América Latina y la empresa amenazó con acciones legales en contra de las advertencias sanitarias a través de un tratado internacional, pero Uruguay defendió esas advertencias y ganó el desafío legal», recordó Crosbie. «PMI tuvo que pagarle a Uruguay 8 millones de dólares que costó el litigio».
El profesor de la Universidad de Nevada aseguró que la industria de la comida chatarra está usando las mismas estrategias que la del tabaco en el caso de México. «Está usando los tratados internacionales para intimidar al Gobierno de México, pero el Gobierno ha mantenido una posición muy fuerte para defenderlas».
Los especialistas advirtieron que la industria no sólo podría interponer quejas ante la OMC, también ejercerán presión argumentando que se viola el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Codex Alimentarius, el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación.
«La industria amenazará al Gobierno con desafíos legales para intentar bloquear, debilitar y retrasar este etiquetado, pero México tiene el derecho soberano de implementar este etiquetado por razones de salud», señaló Eric Crosbie.
La doctora Gabriela Rodríguez Huerta, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), coincidió en que la industria pretende «asustar» con estas impugnaciones, pero «los derechos comerciales no son absolutos, existen excepciones que están incluidas en estos mismos tratados comerciales».
«Gran parte del etiquetado que se busca en México es darle amor información al consumidor», enfatizó.
El sistema de etiquetado vigente en México –el que vemos en la parte inferior de los paquetes– es el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consiste en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías. Pero con el nuevo etiquetado todos los productos incluirán etiquetas con advertencias como: “Alto en calorías”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”.
