Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña, usa un condominio de lujo –valuado en 2.5 millones de dólares- prestado por el Grupo Pierdant en el lujoso barrio de Cabo Vizcaya en la Florida Estados Unidos, reveló hace dos días el periódico The Guardian.

En el imaginario colectivo sigue retumbando aquel famoso perdón del Presidente por el tema de la «casa blanca». Posterior al perdón hubo debates interminables sobre si el perdón era suficiente, inclusive algunos sugirieron que podía ser la señal de que cosas en la administración de Peña iban a cambiar.

Nada más lejano a eso. No solamente no cambian sino que la inmersión en la controversia parece ser el estado presidencial donde mejor se siente. Porque independientemente de las carencias periodísticas de la pieza de The Guardian, lo cierto es que la ética del quehacer público para Peña es un ideal inalcanzable. Porque lejos de probar jurídicamente el conflicto de interés en el último escándalo de Riviera, se prueba una duda legítima que merecería una amplia explicación de rendición de cuentas por parte de Peña y su esposa.

Después del escándalo de la «casa blanca» uno de los elementos que quedó claro para muchos era la necesidad de regular elementos de la corrupción como el conflicto de interés. Esto porque ha quedado claro -después de los infames casos que casi diario aparecen en nuestra prensa- que la corrupción en México es legal. Todo se hace bajo el marco normativo, olvidando el elemento ético y filosófico del derecho.

Otro escándalo inmobiliario de la pareja presidencial. Otra controversia sobre el conflicto de interés no regulado. Ávido de leer más sobre el reportaje, de ver qué más se encontraba sobre el departamento en Florida y el grupo empresarial recurrí con fiereza a revisar la cobertura de los medios al día siguiente. Resultaba obvio, para mi ilusa cabeza, que el tema merecía un prominente espacio en las primeras planas.

Después de la búsqueda una fina desilusión arrancó mi bienestar. Solamente el periódico Reforma la trae en portada. Solamente ellos. Para Excélsior, Milenio, La Jornada, El Financiero, La Razón y El Universal la información del periódico británico y el conflicto de interés de Angélica Rivera no merecía ni una sola letra en su periódico. ¿Casualidad? Ciertamente no, más bien una alineación de las líneas editoriales para favorecer a Peña. ¿Qué hay detrás de ese voluntarismo periodístico para agradar al poder? Seguramente las enormes cantidades de dinero público que Presidencia gasta en los medios.

La pieza de The Guardian sin lugar a dudas aporta información valiosa, sin embargo, deja algunos lazos sueltos que merecerían ser atendidos para tener la información completa. Por ejemplo, el diario le llama a Grupo Pierdant “potencial contratista” para manejar los puertos de México. La laxitud de dicha aseveración no puede pasar desapercibida. Hoy no se conoce ningún contrato otorgado por el Gobierno Federal a dicho grupo empresarial, como sí estuvo claro en el caso de Grupo Higa y la «casa blanca». El reportaje sí hace mención a un contrato de más de un millón de pesos a la hermana del director del grupo: Aurora Pierdant. Pero requiere de un ejercicio de deducción y tal vez no sea apegado a la verdad.

En voz de Eduardo Sánchez, Los Pinos lanzaron una respuesta que lejos de explicar, clarificar e informar, está hecha para denostar la labor del diario británico. En otras palabras, el vocero no negó que la primera dama usaba dicho departamento (el 404 de la torre uno), y mucho menos negó que en 2014 el Grupo Pierdan pagó los impuestos del inmueble declarado por Rivera por un total de 29 mil dólares. ¿Por qué el pago? ¿a cambio de qué? Son preguntas que Sánchez ha decidido dejar en el limbo informativo y abren la puerta para la especulación informativa. “The Guardian faltó a la verdad con la publicación de la nota de hoy en la que alude a la señora Angélica Rivera de Peña”, sentenció el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, de acuerdo con un comunicado.

No, no es normal que un grupo empresarial le pague el predial a la primera dama. En cualquier democracia que verdaderamente valore su sistema de rendición de cuentas este hecho sería un escándalo. El préstamo de un departamento –y no sabemos bajo qué circunstancias- y el pago de miles de dólares es una prueba de que no es suficiente modificar el marco del sistema nacional anticorrupción, sino que la transformación tiene que ser desde la práctica más arraigada entre nosotros.

The Guardian es un periódico no es el ministerio público. La función del diario fue alertar sobre posibles hechos que van en contrario a la lógica del servidor público y su familia. La paupérrima respuesta de Los Pinos y el silencio de Rivera para poder entender bien el esquema de negocios que se tiene en los departamentos de lujo de Ocean Front son elementos que atizan la duda y dejan ver que si no hay respuestas claras es porque las acciones no son legítimas (aunque tal vez legales). Las preguntas pertinentes ahí están. El silencio en las respuestas es un indicador de algo: ¿De qué?

Darío Ramírez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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