Hace unos días el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió, por fin, la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra los resultados electorales de la gubernatura en Colima, donde resultó ganador (por poco más de quinientos votos) el priista Ignacio Peralta Sánchez.
El TEE resolvió negativamente la impugnación, ratificando el triunfo de Peralta Sánchez y procediendo a entregarle su constancia de gobernador electo.
Más allá de la inconformidad de la militancia panista, la resolución del TEE –según el sentir de la sociedad en general, que ha encontrado en las redes sociales la única vía libre para manifestarse- fue de rechazo.
Aunque era de esperarse una resolución en este sentido, pues la actuación del IEE de Colima fue desastrosa en las elecciones pasadas (y ahí está el desaguisado de la propia presidenta del Instituto, Felícitas Valladares, quien declaró vencedor al panista Jorge Luis Preciado ante cadena nacional para luego, por la presión priista, desdecirse), la sociedad colimense quedó inconforme.
El TEE negó que las pruebas presentadas por el PAN hayan sido suficientes para anular la elección, pues no fueron sólidas.
De entre todas esas pruebas (que votaron muertos o personas que no estaban en Colima, que se inyectaron paquetes electorales, etcétera) la que sobresale es la que incrimina al Estado (priista también) de su injerencia en la campaña de Nacho Peralta, situación altamente penalizada por la Ley Electoral. Para toda la sociedad colimense era sabido (e incluso se presentaron pruebas de ello) que muchos funcionarios del gobierno estatal de Mario Anguiano estuvieron participando activamente en la campaña de Nacho Peralta y que incluso muchos de los recursos del gobierno estatal fueron a parar a esta campaña.
Dos evidencias confirman, ahora, lo anterior. La primera es que el gobierno del Estado, hace unos días, se declaró prácticamente en quiebra financiera. El gobernador Anguiano Moreno tuvo que anunciar un reajuste en sus finanzas y entre las medidas tomadas estuvo la de despedir a más de mil empleados. La segunda es que, a pesar de las críticas agresivísimas al Ejecutivo estatal por este colapso financiero, el ahora gobernador electo Ignacio Peralta Sánchez respaldó al gobernador cuando lo que la ciudadanía esperaba era que prometiera investigar y castigar a los responsables de tan severa crisis.
Estas dos evidencias han sido interpretadas por la ciudadanía como un conciliábulo y como la prueba más plena de la injerencia que tuvo el Estado en la elección, cosa que para el Tribunal Electoral Estatal no fue indicio de nada.
Por lo anterior, el candidato panista Jorge Luis Preciado ha anunciado la colusión entre el TEE y el gobierno del Estado con respaldo, incluso, del presidente Peña Nieto, quien se presume también presionará al Tribunal Federal para que ratifique el triunfo del priista Peralta Sánchez.
La gubernatura en Colima, pues, sigue en vilo, y serán las instancias federales las encargadas de dar la última palabra, aunque ésta siga llevando en sus entrañas la certeza de un descarado fraude electoral.
@rogelioguedea
