El dictamen inicial, conocido a principios de año, causó un terremoto en el sector agrícola porque permitía registrar las variedades de semillas nativas e imponía grandes sanciones económicas e incluso penas de prisión para quien no cumpliera con los pagos de regalías, y fue modificado para «reconocer los derechos de los campesinos», afirma el presidente la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
México, 11 jul (EFE).- México quería actualizar su Ley de Variedades Vegetales antes de la entrada en vigor del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero las presiones pararon la reforma. Detrás está la disputa entre campesinos e industriales por las semillas, que será ardua en los cuatro años de plazo para adaptarse al compromiso internacional.
La nueva norma pretende el pago de derechos de autor a quienes registren nuevas variedades de semillas, algo que ahora mismo no ocurre pero que «sustancialmente no cambia gran cosa» para Eraclio Rodríguez, el encargado de elaborar la reforma como presidente la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
REGISTRO O PRIVATIZACIÓN
«Las nuevas investigaciones se pueden registrar como se han venido registrando hace muchos años, no es nada nuevo para México tener un registro de obtentores de variedades vegetales. Tenemos en México más de mil variedades vegetales registradas», indicó Rodríguez en una entrevista con Efe.
Lo que sí es nuevo es la necesidad de pagar regalías a los obtentores de ese registro, algo que ha causado polémica entre organizaciones de agricultores y defensores de las prácticas tradicionales, como la agrupación Sin Maíz No Hay País o Greenpeace, que consideran la ley como una privatización.
«La iniciativa lleva una idea muy clara que es la de privatizar las semillas. Llevar a las patentes, al campo de la mercancía, lo que es un bien común como son las semillas. Es una estrategia constante de las empresas transnacionales», declaró a Efe Cristina Barros, investigadora que forma parte de Sin Maíz No Hay País.
PROTECCIÓN A SEMILLAS NATIVAS
El dictamen inicial, conocido a principios de año, causó un terremoto en el sector porque permitía registrar las variedades de semillas nativas e imponía grandes sanciones económicas e incluso penas de prisión para quien no cumpliera con los pagos de regalías, pero eso se modificó para «reconocer los derechos de los campesinos», según Rodríguez.
«Con la actualización, las semillas nativas nadie las tiene que registrar. La ley las protege y las excluye de los registros, declara con toda claridad la protección de las semillas nativas que han utilizado nuestros campesinos por generaciones», enfatizó el diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Además, el predictamen que se presentará cuando se vuelva a discutir la ley, solo contemplará el pago de regalías por la semilla, no por la cosecha y el producto como establece la norma internacional UPOV-91, la que el Senado mexicano se comprometió de facto a integrar en el plazo de cuatro años para cumplir con el T-MEC.
Sin embargo, para Barros, ese dictamen corregido «no existe» en tanto no es oficial y atribuyó esos cambios a las presiones, pero que el espíritu sigue siendo «el de la privatización».
«No se puede hacer una excepción a los verdaderos dueños, ellos tienen los derechos sobre esas semillas. Los pueblos originarios de México son los obtentores, además de muchas familias de plantas muy importantes», reivindicó la académica.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Rodríguez, convencido de la conveniencia de esta ley para luchar contra la piratería de semillas y de que «no es una privatización del campo», recalcó que el proceso de registrar solo tiene el costo de la investigación y ninguna tasa.
«La iniciativa está muy orientada a garantizar la seguridad alimentaria. Con las puras semillas nativas y si no usamos nuevas tecnologías difícilmente vamos a conseguir la seguridad alimentaria. Los mayores beneficiados serán los mexicanos», argumentó.
El diputado por el estado de Chihuahua recordó que en México hay «una lucha muy fuerte» para bajar los costos de producción y subir la productividad, mientras los márgenes de los agricultores «son cada vez más pequeños».
Para Barros, la visión del diputado sobre la seguridad «está fuera de la realidad» y apuntó a la necesidad de volver a una producción agropecuaria más ecológica, acorde con «la capacidad extraordinaria de los antiguos mexicanos y sus descendientes» para «adaptar semillas para todas esas condiciones geográficas».
«Esta iniciativa de ley, además, está abriendo la puerta a los transgénicos porque habla de mejorados», advirtió.
