«La transformación de la PGR en una nueva Fiscalía requiere de disposición de diálogo entre los diversos actores de la sociales y de gobierno», señalan os colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Integrantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás anunciaron que tuvieron una reunión con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, entre otros integrantes del equipo del virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre una la nueva Fiscalía General.
A través de un comunicado, los colectivos informaron que como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo con el objetivo de exponer los diversos puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General.
«La transformación de la PGR en una nueva Fiscalía requiere de disposición de diálogo entre los diversos actores de la sociales y de gobierno», señala el comunicado.
EL FRENTE IMPULSA REFORMA AL 102
En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta y en espera sea subido al Pleno de la Comisión Permanente, Diputados y senadores de Por México al Frente piden que el Fiscal General no sea propuesto por el Presidente y que para ello, se realice una reforma constitucional al Artículo 102 para delinear requisitos que protejan la autonomía de éste con grupos de poder.
«No podemos permitir que sea nombrado ningún Fiscal sin que antes haya sido reformada la Constitución para dotar al Congreso de un procedimiento claro y transparente que permita que el nuevo Fiscal goce del reconocimiento y apoyo social que le permitan desempeñar sus labores de manera equitativa e imparcial», argumentan.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho, son los requisitos propuestos para modificar el artículo 102 de la Constitución Mexicana.
Además de gozar de buena reputación, «independencia, honradez, alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos» y no haber sido condenado por delito doloso.
En el documento se subraya que esta exigencia también ha sido expuesta por la sociedad civil y por legisladores, pero no ha sido desahogada por el Poder Legislativo.
