En la región, según cálculos entregados por Unicef con motivo de la conmemoración este viernes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se estima que hay 17.4 millones de niños y niñas trabajadores, cifra que equivale al 16 por ciento del total de menores que viven en esta parte del orbe.
Por Claudia Polanco Yermanos
Bogotá, 11 jun (EFE).- América Latina, epicentro creciente de la COVID-19, se enfrenta hoy no solo a los estragos económicos y de pérdidas humanas que deja el virus sino también a la amenaza de que la pandemia empeore una enfermedad social que, aunque para muchos es invisible, afecta a sus pobladores más vulnerables: el trabajo infantil.
En la región, según cálculos entregados por Unicef con motivo de la conmemoración este viernes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se estima que hay 17.4 millones de niños y niñas trabajadores, cifra que equivale al 16 por ciento del total de menores que viven en esta parte del orbe.
Los pequeños, algunos de los cuales no alcanzan la mayoría de edad, víctimas del maltrato, del abuso sexual o de las deplorables condicionales laborales a las que son sometidos, se desempeñan principalmente como sirvientes, agricultores, comerciantes, mineros, recolectores de basura o pescadores.
A esta preocupante situación se suma ahora el nefasto panorama que dejará el coronavirus. Unicef y Save The Children alertan de que unos 16 millones más de niños latinoamericanos podrían vivir en la pobreza cuando termine el 2020 si los gobiernos no hacen ya lo que les corresponde.
EL AHOGO DE LA POBREZA
Al respecto, la directora de Save The Children Colombia, María Paula Martínez, aseguró a Efe que «es probable que aumente el número de niños que empezará a trabajar debido a la pandemia, así como el de aquellos que se verán enfrentados a desarrollar trabajos peligrosos y adolescentes que iniciarán su vida laboral sin condiciones de trabajo decente».
Lo anterior se generará debido a que las medidas de control de contagio del virus aumentarán significativamente los niveles de desempleo y, como consecuencia, se incrementará el subempleo, en donde por lo general se ven vinculados los menores.
Además, ahondó Martínez, «se debe entender que si los proveedores del hogar son adultos mayores o población en riesgo de contagio y las medidas de aislamiento han disminuido la manutención de los hogares, serán los más jóvenes de la casa quienes deban asumir esa carga».
Precisamente en Brasil, el segundo país en el mundo más afectado por el virus, con más de 39 mil muertos y casi de 780 mil contagiados, el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil consideró que «el riesgo de crecimiento de la explotación frente a los impactos de la pandemia es grande» porque mucha mano de obra formal puede ser sustituida por niños.
Por ello, los menores seguirán teniendo una «educación interrumpida» para ayudar al sustento de sus hogares y estarán expuestos a enfermedades, inclusive al propio coronavirus, manifestó el director de la OIT en Brasil, Martin Georg Hahn.
No menos aterrador es lo que pasa en Venezuela, en donde los menores que viven de los ingresos que puedan generar en sectores informales están al borde del precipicio por la pandemia, y ni qué decir de aquellos que en el último sexenio, cuando el país entró en la debacle económica, quedaron en la indigencia.
«La situación es especialmente áspera debido a lo vulnerables que están los niños en el marco de la emergencia» y se hace más compleja porque «no hay una política de Estado, estadísticas ni diagnóstico», aseguró a Efe Fernando Pereira, coordinador de la organización Cecodap, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los menores desde 1984.
Otros que están a un paso de la desesperación son los miembros de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia, que pidieron al Gobierno dotarlos de medidas de bioseguridad ante la urgencia que tienen de salir a trabajar para mantener a sus familias a pesar del riesgo de enfermarse o, incluso, morir por el virus.
CON LAS MANOS LLENAS DE TIERRA
Las labores del campo, que desde siempre han sido orgullo de buena parte de los latinoamericanos, son las que concentran el 52 por ciento del trabajo infantil en la región, que casi siempre los aleja de la escuela e imposibilitan con ello que salgan de la pobreza.
En ese sector, considerado uno de los más peligrosos para la infancia y adolescencia debido a las largas jornadas que demanda, la exposición a climas extremos y el contacto con productos químicos, se ganan el sustento el 34.5 por ciento de los 2.3 millones de niños mexicanos que trabajan.
También, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador señalan que en las áreas rurales del país andino se trabaja cerca de cinco veces más que en las ciudades y que por etnias, la población indígena tiene a más número de niños entre los cinco y 14 años trabajando, con un 26 por ciento.
Cosechar, acarrear agua y tratar a los animales son algunas de las actividades que la OIT denuncia que realizan cerca de 200 mil pequeños argentinos, de los cerca de 763 mil 544 que están sometidos al trabajo infantil, un problema que no se ha visto como tal, puesto que la mayoría de las veces se da en el ámbito familiar y se considera una responsabilidad ante los padres.
En ese sentido, el especialista de la OIT contra el trabajo infantil en Argentina, Gustavo Ponce, sostuvo a Efe que «hay que correr ese velo y mostrar que si un chico ingresa a los ocho años al mercado laboral, esto tiene un impacto en su trayectoria escolar y lo aparta de cosas simples como el tiempo libre o el deporte».
HAMBRE, CONFLICTO Y MIGRACIONES
En Colombia, aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que entre 2012 y 2019 la cifra de trabajo infantil se redujo de 10.2 al 5.4 por ciento, persisten males como el reclutamiento ilícito de menores que se ha acrecentado durante la emergencia por la COVID-19.
Por esta razón, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la Fiscalía investigar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros grupos armados que los están usando para llevar a cabo homicidios, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado.
«Hay una amenaza latente porque al haber una reducción del ingreso surge la necesidad de que los padres le digan a los hijos que tienen que salir a rebuscarse. Esta es una amenaza sobre la cual debemos luchar fuertemente», advirtió al respecto el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, Mauricio López.
Coincide en ello la vocera de Save The Children, María Paula Martínez, quien a su turno teme por los niños inmigrantes venezolanos que atraviesan el continente caminando junto a sus padres o, en ocasiones, solos con la ilusión de poder enviar dinero a sus casas.
Con frecuencia, afirmó, «ellos experimentan maltratos, aislamiento, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados ante las autoridades».
Todo lo anterior demuestra que, a pesar de la gran cantidad de niños involucrados en el trabajo en esta región, sus necesidades no siempre están sobre el tapete político y los gobiernos siguen quedando cortos a la hora de elaborar respuestas efectivas para proteger a quienes, sin embargo, publicitan en sus campañas como el prometedor futuro de América Latina.
