El Gobierno de Guanajuato cedió 294 hectáreas a la automotriz Toyota para la instalación de una planta. En lugar de comprar las tierras directamente a los ejidatarios, una empresa se encargó de ello y después las vendió al estado a un precio más caro. ¿Se trata de tráfico de influencias e información privilegiada? Diputados de oposición exigen al Gobierno estatal aclararlo para descartar actos de mala fe o colusión. El Gobernador Miguel Márquez Márquez dijo no tener problema en que sea investigado incluso por el FBI o la CIA.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– La empresa regiomontana JAOS & SGB, de donde dos ex funcionarios de la Procuraduría Agraria del Gobierno de Guanajuato son miembros, adquirió a un precio 294 hectáreas del ejido Caleras de Ameche, en Apaso el Grande, y después las revendió más caras al Gobierno estatal, quien a su vez las donó a la automotriz Toyota, que proyecta instalar una planta armadora en la entidad, de acuerdo con un investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Diputados de oposición exigen al Gobierno estatal, para determinar si hubo tráfico de influencias, clarificar cómo la compañía intermediaria accedió a información precisa y quiénes eran los dueños anteriores de los predios y descartar actos «de mala fe» o colusión con el Gobierno estatal.
El Gobernador Miguel Márquez Márquez dijo ayer que no tiene problema en ser investigado. «A mí que me investigue el FBI, la CIA, ¿quién más quiere que me investigue? No tengo ningún problema. El que nada debe nada teme», respondió a la prensa. También sugirió la intervención de la Auditoría Superior del Estado. «Yo mismo la pediría sin ningún problema que me hagan auditoría», declaró.
La Diputada de Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, aseguró en entrevista que, dado que los dueños de la empresa JAOS & SGB están ligados al Gobierno del ex Presidente panista de México Felipe Calderón Hinojosa, del partido actualmente en el poder del estado, se presume tráfico de influencias, además de que esa compañía haya accedido a información privilegiada sobre la futura instalación de una planta armadora de la automotriz japonesa.
Por su parte, el Diputado priista Rigoberto Paredes Villagómez, afirmó que su fracción quiere «descubrir que no les hayan dado información privilegiada a particulares y mucho menos a empresas; queremos clarificar, transparencia y rendición de cuentas».
La legisladora del verde solicitó un exhorto al Ejecutivo local para que comparezca ante el Congreso estatal y rinda un informe puntual sobre «cómo es posible» que la empresa haya accedido «a la información precisa de dónde se desarrollaría el parque industrial de Toyota y por qué el Gobierno del estado no compró de manera directa a ejidatarios y pequeños propietarios.
«Es una conducta totalmente desleal hacia los propietarios guanajuatenses de esas tierras y también una completa deslealtad hacia el Congreso del estado», acusó. «Más que daño a los ejidatarios, me parece que el daño es al erario público en el momento en que se compraron unos terrenos que, de haberlo hecho directamente, el Gobierno del estado hubiera accedido a un precio mucho más barato».
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el sobreprecio pagado por el Gobierno de Miguel Márquez Márquez con recursos públicos fue del 150 por ciento, equivalente a 290 millones de pesos, al haber pagado 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones. JAOS & SGB, por ejemplo, compró 1.9 hectáreas en 74 mil 179 pesos (menos de cuatro pesos el metro) y el mismo terreno lo vendió al Gobierno estatal en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro).
Manrique Guevara informó que la Secretaría de Desarrollo Económico prometió al Poder Legislativo que el precio al que se adquirirían los predios estaría basado en los valores que arrojara el INDAABIN [Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales].
«Lamentablemente no fue así. Participó una empresa intermediaria que, no es que uno sea mal pensado, pero si son personas ligadas al Gobierno de [Felipe] Calderón del mismo partido del actual Gobernador [Miguel Márquez Márquez], parece que esa información a la que ellos accedieron sobre exactamente dónde era el polígono puede derivar en un tráfico de influencias. Estas personas de la empresa intermediaria accedieron a información privilegiada para comprar los terrenos a un bajo costo y después vendérselos al gobierno del estado a un costo superior».
En noviembre, el Congreso estatal aprobó el decreto donde se autorizó al Poder Ejecutivo a hacer la enajenación de estos bienes para la instalación de la empresa Toyota. «Sin embargo, en el artículo cuarto de este decreto el poder Legislativo estableció la obligación del poder Ejecutivo de informar los procedimientos y los pasos que se llevaran a cabo para las adquisiciones y posteriores enajenaciones de los predios en cuestión. Algo que no se ha hecho hasta la fecha, siete meses después de que se emitió la autorización».
Ayer, ante «las sospechas y dudas», la Diputada solicitó a través de un exhorto que el Ejecutivo comparezca ante el Congreso local para rendir un informe puntual de las condiciones en que se han llevado a cabo estas enajenaciones porque «desde luego se presume la posibilidad de que haya habido un tráfico de influencias, que la empresa haya accedido a información privilegiada y por lo tanto que se haya obtenido una ganancia ilegal para ellos y un quebranto ante el pago que hizo el Gobierno del estado», insistió.
También el jueves el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un posicionamiento en tribuna.
«He estado cerca con personal de la Secretaría de Gobierno y hemos estado participando con algunos ejidatarios. Para clarificar estamos pidiendo como grupo que se exhiba la lista de los anteriores dueños de los predios, cinco años atrás hasta la fecha, para saber que no haya habido gente que obrara de mala fe, gente que a lo mejor estuviera coludida con gobierno del estado o federal», informó el Diputado Paredes Villagómez.
El Gobierno de Guanajuato aclaró anteriormente en un comunicado que su política es no comprar tierra, pero hicieron «una excepción» para facilitar la llegada «de la armadora más importante del mundo al estado».
Después el Gobernador Márquez Márquez declaró a la prensa local que se cumplió «con la normatividad» y compraron «a un solo precio».
El periodista Salvador Camarena, quien coordinó la investigación, expuso en su columna en El Financiero que el mandatario panista de Guanajuato «ha reaccionado de la peor manera ante lo documentado por los reporteros».
El Gobernador, consideró, no puede ignorar el reporte «y lo menos que se esperaría» es que promoviera una investigación de lo denunciado.
LA EMPRESA INTERMEDIARIA
El reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que JAOS & SGB se fundó en junio de 2014, en Monterrey, Nuevo León, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles.
«La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota», asegura la investigación.
«El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?».
José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes son los ex funcionarios de la Procuraduría Agraria del sexenio pasado miembros de la compañía.
Ortega Serrano, dice el texto, es amigo de Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, «el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas».
También se relaciona con Juan José García Henríquez, el apoderado legal de la empresa intermediaria.
Tanto Santiago Germán como Juan José García se hicieron pasar como campesinos para comprar tierras.
LA POSTURA DE TOYOTA
En un comunicado emitido el jueves, la empresa fijo su portura sobre el tema y afirmó:
Toyota de México informa
En abril de 2015 Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares para la construcción de una planta de manufactura en Guanajuato, como parte de su estrategia de largo plazo para la región de Norteamérica. Dicha planta generará 2,000 empleos directos, además de que atraerá a numerosos proveedores a la zona. Para establecer esta planta que será punta de lanza en su visión de innovación y sustentabilidad, Toyota evaluó diversas alternativas en México.
Como parte de los incentivos que los gobiernos alrededor del mundo suelen otorgar para la instalación de plantas de este tipo, se estableció la entrega a Toyota de un predio de aproximadamente 600 hectáreas para la construcción de la misma, además del desarrollo de infraestructura que beneficiará también a la comunidad y a la región.
Como es del conocimiento público, el Gobierno de Guanajuato ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios del mismo. Toyota no ha participado en momento alguno en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas.Toyota de México reitera su más alto compromiso con la comunidad de Guanajuato, y en especial con la población de Apaseo el Grande, para que todas las operaciones de este proyecto se apeguen a los principios de legalidad, ética y transparencia que rigen las operaciones de la empresa en todo el mundo.
