Valencia (España), 11 jun (dpa) – Tras ser suspendido hace dos meses para garantizar el derecho de defensa de los acusados, hoy se retomó en la ciudad de Valencia, en el este de España, uno de los juicios por corrupción que afectan al Partido Popular (PP), el del presidente del gobierno del país, Mariano Rajoy.
Se trata de una de las piezas del denominado «caso Gürtel», que gira en torno al empresario Francisco Correa, uno de los acusados. Su entramado empresarial se especializó en organizar eventos y campañas electorales al PP, mientras aprovechaba sus contactos con dirigentes de la formación para lograr contratos públicos, por los que pagaba contraprestaciones.
El juicio está relacionado con los contratos del gobierno de la región de la Comunidad Valenciana (este) con la trama corrupta vinculados a su presencia en la mayor feria de turismo de España, Fitur.
En el banquillo se sientan 13 acusados, entre ellos Correa y otros supuestos cabecillas de la trama, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez, así como dos ex cargos del gobierno de la Comunidad Valenciana.
La defensa de los acusados volvió a pedir hoy la suspensión del juicio y una nueva instrucción complementaria ante la incorporación de nueva documentación a la que hasta ahora supuestamente no habían tenido acceso.
Los abogados ya habían solicitado antes la nulidad del proceso por la supuesta vulneración de derechos fundamentales de sus defendidos, detenciones ilegales e intervención de las comunicaciones telefónicas, a la que hoy volvieron a referirse.
En otra pieza relacionada con este caso fue juzgado uno de los entonces principales dirigentes regionales del PP, el ex presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, quien fue absuelto en 2012.
Tras finalizar la instrucción sobre el «caso Gürtel» en noviembre pasado, el juez pidió juzgar por la vía penal a 43 personas. Entre ellas está Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, quien acusó al partido de financiarse ilegalmente.
La Audiencia Nacional dio por acreditada recientemente la existencia de una contabilidad paralela en la formación que actualmente gobierna el país. Días después, el juez abrió juicio contra el PP como responsable civil subsidiaria por un presunto delito fiscal en relación con este caso.
