La Primera Ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, informó que la reaperturas de fronteras tras la baja de casos de COVID-19 se adelantaría dos meses antes de lo previsto.
Sídney (Australia), 11 may (EFE).- Nueva Zelanda, país que aplicó una de las medidas más estrictas del mundo contra la pandemia de la COVID-19, reabrirá completamente sus fronteras internacionales el 1 de agosto, dos meses antes de lo previsto, anunció este miércoles la Primera Ministra del país oceánico, Jacinda Ardern.
Los viajeros de cualquier país podrán entrar al territorio neozelandés a partir de las 23:59 hora local del 31 de julio, aunque las autoridades remarcan todavía la necesidad de un certificado de vacunación para entrar o sin vacunar pero con una exención aprobada.
La medida también da luz verde a la entrada al país desde esa fecha a los cruceros y la reanudación de todas las actividades de enseñanza a estudiantes internacionales, de acuerdo al comunicado el Ejecutivo de Wellington.
Ardern incidió en que el país quedará entonces «completamente abierto» y que esta medida ayudará a las empresas a paliar la escasez de mano de obra cualificada habitual en determinados sectores.
Nueva Zelanda blindó sus fronteras desde marzo de 2020 e incluso retrasó el regreso de sus propios nacionales al imponer un cupo de entrada diario con el objetivo de evitar que el virus entrara y se propagara por el país.
A principios de febrero, las autoridades anunciaron un plan de reapertura en cinco etapas que comenzó el 28 de febrero al levantar el límite diario para el regreso de neozelandeses y que concluía inicialmente en octubre, pero ahora adelantado al 1 de agosto.
Nueva Zelanda, que en enero registraba menos de un centenar de casos de COVID-19 y ha vacunado al 96 por ciento de la población diana con dos dosis, reportó este miércoles 8.047 nuevas infecciones y acumula más de un millón de casos, incluidos 855 fallecidos, desde el inicio de la pandemia.
A pesar de la alta tasa de vacunación, un numeroso movimiento de antivacunas acampó frente al Parlamento entre febrero y hasta principios de marzo, cuando fueron desalojados por la Policía, en protesta por la inoculación obligatoria del suero contra la COVID-19 en algunos sectores laborales y otras medidas contra la pandemia.
