Se desarrolla una batalla legal en el estado de Cincinnati debido a que una ley, que se encuentra congelada desde su promulgación en 2017, prohibe el aborto a las mujeres del estado de Ohio cuando un feto tenga síndrome de Down; personas piensan que infringe los derechos constitucionales de las mujeres, defensores de la ley no lo ven así.
Por Julie Carr Smyth
Columbus, Ohio, EU (AP) — Un Tribunal Federal en Cincinnati escucha a partir del miércoles los complejos argumentos legales a favor y en contra de una prohibición del estado de Ohio al aborto en caso de que el feto tenga síndrome de Down, un caso visto como fundamental en el debate nacional sobre el procedimiento.
Los abogados del Gobierno sostienen en documentos legales que la congelada ley estatal de 2017 no infringe los derechos constitucionales de una mujer, porque «no prohíbe ningún tipo de aborto», pero un patrocinador de la ley dice que los defensores de la iniciativa aprobada por la legislatura de Ohio nunca lo vieron así.
«Creo que ciertamente previene los abortos», dijo la Representante Estatal Candice Keller, una opositora republicana al aborto.
La ley de Ohio prohíbe a los médicos realizar un aborto si se enteran que un diagnóstico de síndrome de Down, o la posibilidad, influye en la decisión. Los médicos que desafíen la prohibición enfrentarán un cargo de delito grave en cuarto grado, se les despojará de su licencia médica y serán responsables por daños legales. La mujer embarazada no enfrenta responsabilidad penal bajo la ley.
Ésta y otras propuestas similares en todo Estados Unidos han provocado un debate acalorado sobre los derechos de las mujeres, el amor de los padres y la confianza entre el médico y el paciente.
Los gobiernos estatal y federal argumentarán el miércoles durante una la audiencia ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito en Cincinnati que, debido a su estructura, la ley sólo impide actuar a los médicos, no a las mujeres embarazadas.
El Departamento de Justicia del Gobierno del Presidente Donald Trump expresó en enero su apoyo al estado de Ohio, escribiendo: «Nada en la ley de Ohio crea un obstáculo sustancial para que las mujeres obtengan un aborto».
Los opositores, sin embargo, califican a la ley de Ohio de ser una «prohibición de la razón». Alegan que es ilegal y que socava la toma de decisiones independiente de la mujer al intentar persuadirla o evitar que hable libremente con su médico mientras decide abortar o no.
La delicada audiencia del miércoles sigue a dos decisiones anteriores en las que un Juez Federal y un panel de tres jueces dictaminaron que la ley probablemente es inconstitucional. Ha estado congelada desde que se promulgó.
