La cúpula empresarial en México instaló el «cuarto de junto» o «Cuarto de Inteligencia» para analizar las estrategias a seguir en el destino del TLCAN, ante las amenazas del Presidente Donald Trump de romper ese tratado, o modificarlo en favor de la nueva política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, alertan grupos civiles y representantes de sectores productivos, los hombres de negocios líderes no han hecho sino repetir el «esquema autoritario» con el que hace 25 años dio su apoyo al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari para concretar el Tratado de Libre Comercio con EU, dejando afuera a la sociedad civil, a los sindicatos y a los empresarios medianos y pequeños.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Ante la revisión al Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) advertida por Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, la cúpula empresarial mexicana instaló el “cuarto de junto” para acompañar al Gobierno federal en la “consulta” de las renegociaciones.
“A través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales se han puesto en funcionamiento el Cuarto de Junto, mecanismo de consulta del Gobierno con el sector privado, y el Cuarto de Inteligencia, que se encuentra analizando los posibles escenarios, propuestas y estrategias para apoyar la negociación bilateral encabezada por el Gobierno”, reportó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 26 de enero pasado.
“Estas instancias están conformadas por representantes de las principales organizaciones empresariales, así como por reconocidos especialistas con experiencia y capacidad probada en negociaciones internacionales”, agrega el boletín del CCE, que agrupa a diferentes cámaras y confederaciones.
Este “cuarto de junto” del CCE repite el esquema de las negociaciones realizadas en 1992, antes de la firma del TLCAN entre México Estados Unidos y Canadá, cuando el Gobierno federal mexicano contó también con la asesoría de la cúpula económica, entonces a través de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE).
Esquema que, de acuerdo con diversos sectores, redujo el acceso al contenido de las negociaciones del acuerdo comercial más importante de la historia hasta ese momento sólo a la cúpula política y empresarial, excluyendo al resto de la población y sociedad civil mexicana.
“Es exactamente el mismo tema que hace 25 años: está claramente diseñado para excluir a otras voces en el proceso”, dice Benjamín Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que revisa el comportamiento de las empresas. “Me parece que es una versión exprés (de consulta), para incluir la voz de las empresas y excluir las voces de los demás”, agrega.
La renegociación del TLCAN firmado en diciembre de 1992 entre los tres países fue una de las primeras medidas firmadas por el nuevo Presidente estadounidense Donald Trump, que desde su campaña electoral lo llamó el peor acuerdo comercial de la historia.
El jueves, el Canciller mexicano y anterior Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, sostuvo el primer encuentro con su símil norteamericano, Rex Tillerson –antes director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil Corporation–, en la sede del Departamento de Estado norteamericano.
De acuerdo con el boletín de dicha agencia gubernamental estadounidense, ambos funcionarios dijeron que buscaban trabajar conjuntamente en la relación esencial entre los dos países, pero sin mencionar el comercio.
“Tuvieron una conversación constructiva sobre una variedad de temas en la colaboración México–Estados Unidos, incluyendo aplicación de las leyes migratorias y seguridad. Acordaron que el Secretario visitaría la Ciudad de México”, agregó el texto.
Al salir del encuentro, de acuerdo con reportes de prensa, Videgaray Caso mencionó la visita de Tillerson y, sobre la revisión al TLCAN, dijo que el Gobierno mexicano había iniciado una “consulta” de 90 días y que, al concluir, iniciarían las negociaciones.
“Es importante que el Gobierno mexicano conozca y considere la opinión del Senado, del sector privado y de distintos grupos interesados sobre el Tratado de Libre Comercio”, dijo Videgaray, de acuerdo con El País.
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La consulta de 90 días fue anunciada desde el 1 de febrero por el Gobierno federal, que delegó la responsabilidad en la Secretaría de Economía.
“El Gobierno de la República iniciará un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días, mismo que continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación, para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, informó la SE en un comunicado.
Dos días después, el titular de la SE se reunió con el CCE, que aglutina al Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones internacionales (CCENI) y que, ese día, reportó estar apoyando en la agenda comercial con otros países.
“Durante la reunión, la SE y el Consejo Consultivo coincidieron en la importancia de trabajar de la mano, no sólo en lo relativo a la negociación del TLCAN, sino también en la agenda comercial que México conduce actualmente con otras regiones (Europa, Asia y América Latina)”, indicó el CCE en un comunicado.
Este medio solicitó información tanto a la SE como al CCE sobre el avance del proceso de consulta, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“No nos han consultado, y sólo se anunció la participación de la Iniciativa Privada, que es la repetición del esquema autoritario que llevó a cabo al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con las cúpulas en la negociación del TLCAN, cuando sólo se tomaron en cuenta los interesas de las cúpulas económicas”, coincide Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), que aglutina a unos 65 mil pequeños productores de granos básicos.
El pasado 7 de febrero, la ANEC entregó un oficio a la SE solicitando su inclusión formal en el proceso de consulta y advirtiendo que, a diferencia de hace 25 años, en el país hay ahora instrumentos para garantizar procesos más democráticos en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
“Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que habla sobre la Información del Ejecutivo al Senado sobre negociaciones formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”, agregó la ANEC en un comunicado.
De acuerdo con datos de esta organización y otros diagnósticos, el campo mexicano fue uno de los principales perdedores por el TLCAN debido a que, con la modificación Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales, el Estado mexicano abandonó las actividades productivas y económicas en las zonas rurales.
El resultado, ha explicado Suárez, es la pérdida de dos millones de empleos agropecuarios y la migración de seis millones de personas a las ciudades o a Estados Unidos, además de la expansión de cultivos ilegales y la presencia del crimen organizado.
Por tanto, dice en entrevista, repetir el error de hace 25 años y dejar fuera de nuevo a los pequeños productores del campo continuará con el proceso de sacrificio de la población rural en beneficio de una élite.
“No obstante la sociedad mexicana ha impulsado la inclusión y la transición, 25 años después, este Gobierno federal reproduce los mismos esquemas autoritarios elitistas y excluyentes de Carlos Salinas de Gortari con el TLCAN, y por eso las consecuencias: el sacrificio de un sector para enriquecer a una élite”, insiste Suárez.
EXCLUSION Y COPTACION
Poder y otras organizaciones aglutinadas en el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos también buscarán formar parte de las “consultas” de la SE que, hasta el momento, dice Cokelet, carecen de la divulgación necesaria para que participe la mayor parte de la población.
“Porque ellos le llaman consulta, pero ni siquiera pasa por lo llamamos una consulta, que sea libre, informada, de buena fe, con tiempo, acorde a las diferentes culturas de los participantes, y ni siquiera están siendo pensadas para eso”, afirmó el también sindicalista.
En entrevista, Cokelet explica que, en 1992, la estrategia de los empresarios y del Gobierno federal fue dejar fuera a los pequeños productores del campo y fracturar a otros sectores de la sociedad civil que también reclamaban información del pacto comercial, como los sindicatos independientes y los ambientalistas.
Así, dice Cokelet, se formaron los Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental de América del Norte, cuyas funciones, sin embargo, quedaron fuera del texto del acuerdo comercial, por lo que, años después, se dieron cuenta de que carecían de “dientes” para ejercer una verdadera protección de los derechos tanto laborales como ambientales.
La estrategia de cooptación, agrega, se repitió en los tres países participantes. “Desde los tres gobiernos, con los grandes empresarios, básicamente hicieron un mapeo de la sociedad civil, dividieron y conquistaron”, dice el activista.
“Ofrecieron a los sindicatos y ambientalistas algo para que el campo no tuviera nada, y en la sociedad civil de los tres países hubo división como parte de la estrategia política, y eso dio con que el TCLAN, como tal, no incluye temas de derechos humanos, sino acuerdos en los temas ambientales y laborales que están en acuerdos paralelos, sin dientes para llevar casos a las cortes”, explica.
Alberto Arroyo Picard, cofundador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), observa también la similitud entre la secrecía del proceso actual y la de los años previos a la aprobación del TLCAN, cuando organizaciones de la sociedad civil debieron obtener una filtración del penúltimo texto del acuerdo para poder conocer el contenido.
“Siempre se ha presionado para que abran la información del TLCAN y lo más que se ha logrado es que, ante la presión, se abrieron sesiones de información y tuvimos algunas sesiones con la Secretaría de Economía, con Herminio Blanco, en las que la verdad es que te contaban mentiras descaradamente”, dice el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Cuando logramos filtrar el texto, porque a de la secrecía se logró filtrar el penúltimo texto, en la siguiente reunión fue terrible, les decíamos: ‘la propuesta que nos dijiste no es la que están haciendo’. Y ahí se acabaron las reuniones”, agrega.
LA CONSTRUCCION DE UNA ELITE
La instalación de un “cuarto de junto” por parte de la élite empresarial junto al Gobierno mexicano en las negociaciones previas al TLCAN en 1992 no sólo dejó fuera al resto de los sectores que se verían impactados por el acuerdo, como los campesinos o los obreros.
De acuerdo con diversas fuentes, fue en ese periodo de profundas reformas económicas, como las privatizaciones y la liberación comercial, cuando también se sentaron las bases legales para que estas medidas beneficiaran sólo a la élite política y económica que las impulsaba.
Un ejemplo, ha dicho Suárez, es la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN, en cuya discusión participó como representante mexicano de este sector el priísta Eduardo Robinson Bours Castelo, propietario de la agroempresa Bachoco y, en 1992, presidente de Consejo Nacional Agropecuario.
El resultado, explicó Suárez en entrevista anterior, fue que México obtuvo para el sector avícola beneficios como la libre importación del sorgo necesario para la alimentación de las aves de Bachoco y, al mismo tiempo, una protección de 10 años al huevo y a la carne de pollo que vendía desde entonces la misma empresa de Robinson Bours, luego Gobernador de Sonora.
“Ellos [los empresarios] se constituyeron en el ‘cuarto de al lado’ de los negociadores gubernamentales, y alimentaban las propuestas que querían que se negociaran y, como hablamos de trasnacionales, a ellos les interesaba, en primer lugar, asegurar una libre importación sin aranceles de sus materias primas”, dijo Suárez a SinEmbargo en diciembre pasado.
“Tenían una capacidad de expresar sus intereses mayor, en contraposición los productores de sorgo, que no teníamos la misma capacidad de negociación”, agregó, entrevistado con motivo del entonces reciente anuncio de la revisión del TLCAN.
Veintidós años después de esas negociaciones, de acuerdo con la ANEC, Bachoco es uno de los 20 corporativos que controlan el mercado agroalimentario mexicano, lo mismo que las firmas Maseca, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Coca Cola y otros “monopolios privados” en poder de todos los cultivos y eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, procesamiento y distribución de los comestibles.
Otro negociador del capítulo agropecuario por parte del Gobierno federal, recuerda Suárez, fue Luis Téllez Kuénzler, ahora consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y, en el sexenio de Salinas, Subsecretario de Agricultura y participante en la Reforma al Artículo 27 Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales.
Al término del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –en el que fue Secretario de Energía–, Téllez se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Desc [hoy Grupo Kuo], que aglutina negocios de químicos y alimentos, entre ellos alianzas con Nutrimentos Agropecuarios Cargill, filial de la firma norteamericana Cargill.
Y ésta, de acuerdo con la ANEC, gracias al TLCAN se quedó con el mercado de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y, ahora, domina el mercado de granos en el país.
“Desaparecieron los monopolios estatales, pero se generaron los monopolios privados, y hoy el sistema agroalimentario mexicano está controlado por no más de 20 corporaciones agroalimentarias trasnacionales”, mencionó Suárez.
CAPTURA DEL ESTADO
Fue en ese periodo de instalación del “cuarto de junto” en el salinismo, agrega Cokelet, cuando también inició en el país el uso de la “puerta giratoria”, o tránsito de servidores públicos al sector privado, cargados con información privilegiada y acceso al poder político y cuyos intereses empresariales terminaron por “capturar” las decisiones del Estado mexicano.
Desde 2013, Cokelet publicó una investigación en la que encontró que menos de 40 integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) que impulsó la negociación del TLCAN se quedaron, 20 años después, con una tercera parte de la riqueza de todo México.
“En colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su investigación.
En el texto, titulado “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política, élites y toma de decisiones en México”, Cokelet identifica el periodo previo a las negociaciones del TLCAN como el momento en el que se consolida esta “captura” del Estado.
“A cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero, financiando la participación del sector privado en el apoyo de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su Presidencia”, dice la investigación.
“Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la crisis del peso en 1995”, agrega.
El poder del “cuarto de junto” de las negociaciones previas a la firma del TLCAN fue también reseñado en el artículo “La COECE: un caso de cooperación entre los sectores público y privado en México”, publicado en 1997 por la revista del Banco Mexicano de Comercio exterior.
El texto narra que estas negociaciones previas a la firma del TLCAN fue un nuevo momento en la relación de los empresarios con el Estado mexicano, enfrentados en sexenios anteriores pero reconciliados a partir del salinismo.
“Las negociaciones del Tratado ofrecieron un espacio privilegiado para la definición de una nueva forma de relación y colaboración entre el Estado y los empresarios, en donde éstos desempeñaron un papel destacado en la formulación de la estrategia económica”, dice el texto.
“Esto puede plantear problemas importantes en sus relaciones con el sector obrero, los campesinos y los movimientos populares, muchos de los cuales han sido sustento del PRI. Algunos sectores consideran que el Estado ha establecido alianzas estratégicas privilegiadas con los grandes empresarios y que los pequeños no se han beneficiado con la nueva política económica”, agrega.
Por eso, insiste la ANEC, 25 años después de las negociaciones iniciales, se debe evitar el error de negociar sólo con las cúpulas económicas.
“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas, toda vez que representan más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, planteó la ANEC en su posicionamiento.
