La dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade justificó que no había investigado el caso debido a que se encontraba en investigación.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo/EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castello, y del ex Procurador de Justicia estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, por presunta falsificación de documentos relacionados con el caso del incendio de la Guardería ABC.
En un comunicado, la dependencia federal informó que «en cumplimiento a lo determinado por el Juez de Control, el agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso realizará la investigación en los términos ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus atribuciones en forma expedita», indicó.
La PGR detalló que inició una investigación conforme a derecho por dos denuncias de hechos presentadas por familiares de menores afectados por el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Recursos legales que fueron presentados el 30 de agosto y 3 de octubre de 2016 por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y ejercicio indebido de servicio público.
La institución en un boletín señaló que los denunciantes impugnaron esa determinación y que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México le ordenó iniciar «una investigación conforme a derecho».
La dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade justificó que no había investigado el caso debido a que se encontraba en investigación.
Actualmente, Abel Murrieta Gutiérrez es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ayer, la organización Manos Unidas por Nuestros Niños un juez ordenó a la Fiscalía mexicana investigar al ex Gobernador y al ex fiscal estatal como indiciados en la averiguación previa por el incendio en la guardería ABC, que dejó 49 niños muertos.
El día de la tragedia el incendio comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora ubicada en Hermosillo, capital del estado, y se propagó a un edificio adjunto donde operaba la guardería ABC, subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Según la organización, ambos ex funcionarios ordenaron «alterar y perturbar el lugar de los hechos» para evitar investigaciones que se centraban en el foco del incendio -la secretaría de Hacienda- e incluso introdujeron «documentos apócrifos» para que el peso de las acusaciones recayera en el personal de la guardería.
En mayo pasado, un juez mexicano condenó a penas de entre 20 y 29 años a implicados en el incendio de la guardería ABC.
Entre ellos a la jefa del departamento de guarderías del IMSS (29 años) y al delegado estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (28 años).
También a la representante legal y al secretario del consejo de administración de la guardería ABC, al director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo y al director de Bomberos de la urbe, todos con 28 años.
Para los padres de las víctimas, estas condenas supusieron una «justicia parcial», por ser bajas y por no afectar a «funcionarios federales ni de medio ni de alto nivel», los cuales no fueron presentados ante un juez como posibles responsables, denunciaron a Efe en su momento.
