Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– México está rezagado en materia de derechos de la infancia, aún cuando firmó la Convención sobre los Derechos del Niño hace 24 años. El Estado ha dejado la agenda de las garantías de los menores de edad en el tema de la asistencia social, aspecto que ha rebasado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
«México tiene un grave rezago en materia de derechos de la infancia, aunque firmó la Convención hace 24 años no ha hecho prácticamente ningún cambio. Si se revisara qué cambios legales, de diseño institucional se han hecho, no hay ninguno […] En el caso del Sistema DIF, entre 62 y 74 tuvo una transformación y eso hace que del 77 a la fecha el Sistema DIF no haya cambiado. Ya pasó la convención hace 24 años, estamos en el 2014, es decir ya tenemos la época del Internet y no ha cambiado», dijo en entrevista para SinEmbargo Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Redim.
A decir de Pérez García, el gobierno mexicano tiene el reto de superar una estructura cultural compuesta por tres errores de pensamiento sobre el derecho de la infancia. Explicó que el primero de estos errores es que el Estado considera que todo es culpa de las familias.
«Un chico callejero, alguien que trabaja, una adolescente embarazada, alguien que cometió una infracción a la Ley, lo automático, lo que todo mundo piensa, lo que los funcionarios y funcionarias municipales, estatales y federales piensan es que es responsabilidad de la familia, no hizo su tarea, fueron irresponsables. Y es cierto, hay una participación de la familia, pero la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el garante de los derechos es el Estado», precisó el especialista.
Indicó que esto debe hacernos cuestionar a las autoridades sobre qué tipo de políticas implementaron para prevenir estos casos y no actuar sólo cuando los menores de edad se ven expuestos a una situación de vulnerabilidad.
«El Estado no se ha hecho cargo de eso, porque hay un segundo error de pensamiento: El Estado sólo interviene cuando los niños son víctimas o son victimarios. Esto es una renuncia a la prevención. Y hay un tercer error de pensamiento: que toda la infancia es vulnerable y en consecuencia objeto de asistencia», comentó el representante del organismo civil.
EL ABANDONO
A raíz del escándalo que suscitó el operativo federal en el albergue La Gran Familia, que Rosa Verduzco, mejor conocida como «Mamá Rosa», dirigía en Zamora Michoacán, salieron a la luz las condiciones insalubres e inhumanas en las que vivían cientos de menores de edad privados de sus cuidados parentales.
Sin embargo, este caso también evidenció el abandono del Estado mexicano hacia los niños y adolescentes que se encuentran en este tipo de lugares, los cuales carecen de supervisión. En esto han coincidido tanto organismos nacionales como internacionales.
Dos días después del cuestionado operativo en el que policías federales apoyados por soldados entraron al albergue La Gran Familia para liberar a 458 niños que, dijeron, eran obligados a mendigar y en algunos casos habrían sufrido abuso sexual, la Unicef exhortó al gobierno de México a «colocar en el centro de la agenda nacional la necesidad de revisar los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar, tomando como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)».
Por su parte Save The Children recordó que la obligación del Estado es proteger contra toda forma de “abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, o explotación, incluidos el abuso sexual”, a niños, niñas y adolescentes como lo estipula la Convención.
El organismo internacional indicó que la institucionalización o internamiento de menores en casas hogares o los albergues debe ser el último recurso toda vez que se han agotado las posibilidades de cuidado familiar, y su estancia debería durar el menor tiempo posible.
Al respecto, Pérez García dijo que «el Estado mexicano ha abandonado paulatinamente su responsabilidad de atender a niños y niñas sin cuidados parentelas».
«El 80 por ciento de los niños que están en instituciones, son en instituciones privadas, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y otras que hacen su esfuerzo cada quien como puede de conseguir dinero por todos lados, muchas lo hacen en sobrevivencia, trata de hacer lo mejor posible, pero al no tener el respaldo del Estado, al no tener supervisión pues llegamos a estos escenarios como el de Zamora», comentó el especialista.
Detalló que la Convención de Naciones Unidas es un instrumento que obliga a los estados firmantes, como es el caso de México, a hacer un nuevo rediseño en su forma de trabajo para poder atender y garantizar los derechos de los niños. Indicó que esta convención tiene un órgano de tratado compuesto por 18 expertos que ayudan a los estados a interpretar la convención, orientan cómo tendría que ser la aplicación.
Dijo que los especialistas han desarrollado observaciones generales, en una de las cuales establecen la necesidad de crear sistemas de protección integral. «Esencialmente son mecanismos de coordinación alto nivel que permitan la articulación de los esfuerzos del Estado en sus diferentes versiones: gobiernos federales, estatales, municipales y las distintas secretarías de Estado», explicó.
«Hago alusión a ello porque México no ha cumplido con esa tarea. México lamentablemente ha dejado la agenda de infancia en la asistencia y no hay ningún mecanismos de coordinación de alto nivel que permite articular el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública que atiende a 27 millones de niños y adolescentes tampoco ningún mecanismo que articule la Secretaría de Salud o Desarrollo Social incluso con el propio Sistema de Asistencia DIF, de manera que cada quien está siendo lo que entiende, lo que puede, pero no hay una articulación de política pública», agregó.
De acuerdo con el representante de Redim, México necesita un Sistema Nacional de Garantías que permita crear este sistema de coordinación. Señaló que este sistema debe contener un apartado de protección especial, «que es la asistencia, DIF tendría lugar dentro de ese sistema como quien se encargue de estos temas de protección especial junto con otros».
«Lamentable el Estado de mexicano como no ha hecho esta tarea, en automático todo los temas de infancia le tocarían al DIF, pero está totalmente rebasado. No es la alternativa ponerle más dinero, fortalecerlo para seguir atendiendo todas las problemáticas. Es necesario tener una nueva institucionalidad, una nueva forma de organización para que se articulen las secretarías de estado de los distintos niveles de gobierno y todos en sinergia usen sus recursos etiquetados, usen sus programas y los homologuen», afirmó.
LOS PENDIENTES
Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó que parte del camino para atender los rezagos en los derechos de niños, niñas y adolescentes es «entender que la garantía del derecho es del Estado a través de políticas públicas y que tiene como gran aliado a las familias».
«Es necesario desarrollar políticas públicas para fortalecer a las familias, a todas no sólo a las familias pobres, a las ricas a las rurales o a las urbanas. Por eso es tan importante que el Estado tenga políticas para todos, sin discriminación, y esto se traduce en desarrollar acciones preventivas […] por ello la importancia de tener un mecanismo de coordinación que siente a los secretarios de Estado», explicó Pérez García.
Indicó que otro tema es realizar una reforma legislativa en base a los cambios logrados en 2011 en el Artículo 73 constitucional que permite que el gobierno federal y entidades federativas puedan tener articulación entorno a los derechos de la infancia. «Antes esto era sólo competencia de los estados, por eso es que tenemos 32 leyes de derechos de niños y niñas distintas, todas malas, pero distintas», agregó.
«Necesitamos a partir de esta nueva legislación una Ley General de Derechos de Niños y Niñas que permita crear el sistema de garantías que a su vez va a verse reflejado en cada una de las 32 entidades», refirió.
Al emitir su posicionamiento sobre la situación en la que vivían los menores en el albergue de La Gran Familia, la Unicef recordó que desde 2006 manifestó su precupación por la falta de información sobre el número y las condiciones de vida de los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones.
En este contextó, Pérez García manifestó la necesidad de contar con una Ley General de Cuidados Alternativos y un Sistema de información Único a nivel nacional «que nos permita conocer a todos esos niños: cuál es su edad, su situación jurídica, su integridad física y saber sobre todo cuándo van a dejar de estar las instituciones y por supuesto requerimos luchar contra la impunidad».
En 2011, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó, por primera vez, un censo de albergues públicos y privados. Según dicho conteo, para entonces había en el país 633 centros asistenciales resguardando a 18 mil 218 niñas y niños. Del total de albergues registrados entonces, 540 eran privados y 93, públicos; es decir que por cada albergue público que atendía a niñas y niños sin cuidados parentales, había seis albergues privados.
De acuerdo con datos estadísticos de ese censo, proporcionados por el DIF en respuesta a una solicitud de información pública hecha por SinEmbargo (folio 1236000030713), en seis estados sólo existían albergues manejados por particulares. Se trata de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Michoacán. Además, en Jalisco había 103 centros de asistencia privados, lo que superaba diez veces la cantidad de centros públicos, que sumaban diez.
Sin embargo, el director ejecutivo del Redim dijo que «en el 2010 el INEGI ubicó a más 28 mil 600 niños en hogares colectivos, sobre este dato al mismo tiempo INEGI da cuenta de 600 instituciones de cuidado. Nosotros hacemos un cálculo de 30 mil».
Al respecto,la Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) reporta que en México, se identifican aproximadamente 412,456 niñas y niños privados de cuidados parentales, de los cuales cerca de 29,310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad.
«El asunto clave es que quien tiene que darnos esa información es el Estado y no hay un Sistema de Información Único que permita tener esto […] Otro detalle importante es que estamos hablando de albergues conocidos, pero hay muchos adolescentes que están encerrados en estos ‘centros de rehabilitación’ ‘granjas’ y ‘anexos’ bajo la lógica aparente de atender sus adicciones que tampoco son supervisados. Y estos establecimientos es conocido que están sustentados en la tortura, los malos tratos como base de su supuesto tratamiento», declaró Pérez García.
Cuestionado sobre este alto número de menores privados de su medio familiar, dijo que aunque se trata de varios temas de carácter estructural, el principal de ellos es la pobreza en la que vive el 47 por ciento de la población y la pobreza extrema que padece el 23 por ciento de los mexicanos.
«Hay condiciones de precariedad que hacen que muchas familias por más esfuerzos, por más intentos que hagan no logran cubrir las necesidades de sus hijos. Esto también tiene un tema de carácter estructural, las políticas de acompañamiento a las familias y sus derechos sexuales y reproductivos no siempre están homologados. A veces una cosa tan simple como poder tener accesibilidad al servicio de salud para poder tener control de natalidad en los lugares donde sabemos que hay esta problemática, no se puede dar», opinó.
Asimismo agregó otro elemento: «Estamos viendo un tránsito en las lógicas de familia. La idea de mamá, papá e hijos ya está cada vez siendo mucho más pequeña, no hay todas las condiciones para poder quedarse con ese modelo, tenemos ahora muchos modelos de familias extensas, familias reconstituidas, familias homoparentales. Entonces no hay políticas para atender a las familias tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. El mejor lugar para que un niño y niña se desarrolle es la familia. Por ello el Estado tiene que desarrollar políticas para apoyar a las familias así de diversas como son para que los niños y niñas puedan estar ahí».
De igual forma refirió, las «cifras dramáticas» que ha dejado la inseguridad en los últimos ocho años.
«[Hablamos] de cien mil asesinatos en el marco de la lucha contra el crimen organizado, 27 mil desaparecidos, y si de manera muy básica hacemos este calculo por el mismo número de familias estamos hablando de miles de familias que quedaron en pérdida de padre y madre», dijo el integrante de Redim, quien criticó que el Estado no haga política pública «para hablar con niños y niñas sobre esto que están viviendo».
«Esto se traduce en vínculos afectivos muy frágiles, que muchos incluso estén desplazándose por miedo o para garantizar su integridad», afirmó.
