Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- A casi un año del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel que devastaron comunidades enteras de Guerrero, alrededor de 70 por ciento de las viviendas dañadas no están reconstruidas debido a la ineficiencia y burocracia de las dependencias federales, aseguró Beatriz Mojica Morga, Secretaria de Desarrollo Social de la entidad.
La funcionaria explicó que de 5 mil 500 casas dañadas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu) sólo ha reconstruido el 30 por ciento, es decir mil 650, mientras que el recurso del Fondo para la Atención de Desastres Naturales (Fonden) no llega por completo a los damnificados de las comunidades que quedaron destrozadas en la Montaña de Guerrero.
“He visto ineficacia. En Guerrero llevamos nueve meses de que pasó el fenómeno natural y estaremos cumpliendo un año en septiembre y aún no está resuelta la reconstrucción, hay un avance lento, hemos solicitado que se agilicen las trabajos y se haga una revisión de fondo, porque Guerrero está en la franja que se enfrenta año con año a los desastres naturales”, dijo.
Mojica Morga explicó que el Fonden funciona adecuadamente en el momento de la emergencia, sin embargo, las dependencias encargadas de realizar las obras de reconstrucción se apegan al presupuesto ordinario y no desahogan con urgencia las necesidades de los damnificados.
Es decir, dejan para después la construcción de puentes, carreteras, casas afectadas, escuelas y hasta el alimento, como sucedió hasta hace unos meses en la Montaña de Guerrero con la entraba de los granos de maíz prometidos.
La funcionaria externó su preocupación por la nueva temporada de huracanes que prácticamente tomará sin vivienda a cientos de familias que aun viven en albergues, con familiares o que en el peor de los casos, se regresaron a sus comunidades sin tener un techo donde resguardarse.
“Las lluvias ya están. Yo insistiría que tenemos que hacer una revisión con calma de las reglas de operación, no precisamente del Fonden, sino de las instancias ejecutoras, para ver que ante un desastre natural el recurso fluya más rápido y no al ritmo del presupuesto ordinario”, detalló.
La Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, dijo que los estragos no resueltos en la entidad por Ingrid y Manuel, se reflejarán en los indicadores de Guerrero.
“No creo que haya tintes políticos, espero que no, espero que no caigan en esa tentación las dependencias, sería lamentable que ante un desastre natural, la reconstrucción sea usada con motivos electorales”, contestó al preguntársele sobre si había un trasfondo político en la actuación del gobierno federal, por tratarse de un gobierno perredista en Guerrero.
DAMNIFICADOS SIGUEN SIN CASA NI ALIMENTOS
Los damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel enfrentan esta nueva temporada de ciclones a la deriva, sin casa y sin alimento.
“Están a la buena de Dios porque hay un rezago muy grande en la atención de las comunidades desplazadas, no les han reconstruido las viviendas y la Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social] se comprometió a construir albergues provisionales y no lo hizo. Entonces ahorita hay gente que se está regresando a su comunidad, donde ni siquiera tienen una casa”, dijo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En total fueron 174 comunidades y mil 500 familias de la Montaña de Guerrero las afectadas por los desastres naturales del año pasado.
De acuerdo con Abel Barrera ni el gobierno federal ni el estatal realizaron una labor preventiva para evitar una desgracia similar a la que ocurrió la pasada temporada de huracanes.
“Las familias se están regresando a sus comunidades y ahí se quedarán a pasar la temporada, con el peligro de que se desgajen los cerros y ahora están peor que el año pasado, porque no tienen viviendas”, dijo.
Una de las omisiones principales del gobierno es que no ha hecho entrega de los dictámenes de reubicación a las familias afectadas.
“Eso hace falta y es preocupante porque las comunidades que permanecen desplazadas. Le ha costado trabajo a Protección Civil Estatal, ellos se comprometieron a entregarlos hace dos meses y no se ha hecho”, explicó Román Hernández, encargado de la oficina de comunicación de la organización.
Román explicó que con el estudio técnico de los daños que dejó el huracán y la tormenta a las comunidades y viviendas de los damnificados, se da paso a la posibilidad de que los habitantes se reubiquen por completo o liberen recursos para el proceso de reconstrucción.
“Aquí lo que cabe mencionar es la poca capacidad del Estado mexicano para responder, atender las necesidades y ofrecer propuestas de las comunidades indígenas”, dijo Román.
En octubre del año pasado, Obdulia Herrera Gálvez, originaria del municipio de Metlatonoc, una mujer indígena, menuda, rompió en llanto cuando tomó el micrófono para hablar sobre la situación de los damnificados.
Primero habló en su lengua y después se propuso dar el mensaje en español.
“Llovió cuatro días el mes de septiembre y hubo desgracias. Murió nuestra familia. Perdimos casas, cultivo de café, de milpa, todo se acabó, ya no hay nada. Necesitamos ayuda. En algunas partes quedó poco, pero en otras perdimos todo; pedimos que nos apoyen, que nos echen la mano, estamos pidiendo que nos abran caminos, que nos apoyen con vivienda, hace falta doctor, nadie nos atendió. Los presidentes municipales no van a las comunidades porque se ensucian, porque estamos atrapados en el cerro que se nos va a caer encima y no tenemos a dónde ir”, dijo.
Hermenegildo Morán Millán, de Malinaltepec, dijo que las viviendas quedaron destruidas y que las mujeres, niños y ancianos dormían en el lodo, sin que ninguna autoridad les llevara apoyo.
“Duermen en el lodo y ya hay brote de epidemia, no tenemos médicos, queremos doctor, que nos surtan de maíz, frijol, arroz, aceite, medicamentos. Las comunidades tienen interrumpidos los servicios de agua y electricidad”, dijo.
Los damnificados dijeron que las pérdidas ascendieron a 100 mil toneladas de café de exportación, que no se recuperarán.
Los terrenos para siembra quedaron devastados, la cosecha de maíz, el alimento principal de esas comunidades, se perdió.
En total murieron 130 personas y quedaron varias viudas sin el sostén de la familia en algunas comunidades.
El gobierno federal tardó seis meses para llevar a los damnificados de Guerrero la primera entrega de 120 kilos de maíz del programa de abastecimiento extraordinario de granos básicos “Que llueva Maíz”, que entregará 750 kilos de grano en un semestre a cada una de las familias.
