México «se está poniendo la barra muy alta para llevar a cabo esas investigaciones» y «juega con fuego» porque de no llevarlas a buen puerto «la presión será muy fuerte», afirmó a EFE el profesor de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Eduardo González.
Por Eduard Ribas i Admetlla
México, 10 dic (EFE).- Tras décadas de polémica presencia de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en México, la operación contra el General Salvador Cienfuegos fue la gota que colmó el vaso para el Gobierno de México, que ha optado por desafiar al organismo limitando por ley los movimientos de sus agentes.
«Antes los agentes del Gobierno de Estados Unidos, entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación», dijo este jueves el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al justificar su decisión.
Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el Senado mexicano aprobó el miércoles por la noche una iniciativa presentada de urgencia por el Presidente que regula la presencia de los agentes extranjeros en México.
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.
✅ Con 72 votos a favor y 14 en contra, se aprueban los artículos reservados con las modificaciones aceptadas al dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional.
— Senado de México (@senadomexicano) December 10, 2020
EL DETONANTE CIENFUEGOS
Si bien la iniciativa afecta a cualquier funcionario extranjero con actividad policial en México, «es imposible desligar la reforma del asunto particular del general Cienfuegos y la DEA», dijo a EFE Eduardo González, profesor de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
A nadie se le escapa el enfado mayúsculo de López Obrador por no haber sido informado de la investigación de la DEA contra el General Cienfuegos, que derivó en su captura el pasado octubre en Los Ángeles (EU) por presuntos vínculos con el narcotráfico cuando dirigía el Ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Tras una intensa negociación, el Gobierno mexicano cerró en noviembre un acuerdo inédito con la Administración saliente de Donald Trump para que levantara los cargos contra Cienfuegos, quien regresó a México en libertad mientras la Fiscalía investiga su caso.
Y ahora, con una reforma exprés presentada y aprobada en menos de una semana, López Obrador ha querido tomar cartas en el asunto para que no se repitan episodios similares.
«(El Gobierno) ha querido aprovechar para que la nueva Administración de Estados Unidos se encuentre la ley mexicana de otra manera. Queda ya listo antes de que entre Joe Biden», opinó González, quien auguró «malestar» en la DEA y la CIA.
DE LA PRESENCIA A LA INJERENCIA
En una férrea defensa de la iniciativa, el Senador oficialista Ricardo Monreal aseguró ante el pleno que en el último siglo no se ha sabido «cuántos agentes extranjeros hay en México» y añadió que hasta ahora no había habido «un presidente de la República que se atreviera» a meterse en este tema.
«Está defendiendo la soberanía de nuestro país como nunca se había hecho», defendió eufórico.
México no olvida que tras el asesinato perpetrado por el narco en 1985 contra el agente de la DEA Enrique Camarena, la agencia estadounidense lanzó unilateralmente la Operación Leyenda para capturar a varios narcotraficantes.
Incluso arrestó al médico Humberto Álvarez Machín, acusado de participar en el asesinato de Camarena, y lo trasladó en secreto a El Paso (Texas) vulnerando las leyes de extradición.
«Hasta el día de hoy, es una agencia que prácticamente ha operado a sus anchas, de manera discrecional y libre en territorio mexicano», aseguró a EFE Ramón Celaya, experto en inteligencia y seguridad.
No obstante, defendió que esta reforma legal «no es el instrumento adecuado», dado que ya existen convenios internacionales y acuerdos bilaterales que regulan temas como la inmunidad o las armas de los agentes extranjeros.
Según Celaya, la única novedad es que por primera vez se obliga a funcionarios mexicanos reportar sus reuniones con agentes extranjeros.
UN GRAN RETO PARA MÉXICO
En la bandera nacionalista que enarbola López Obrador, no caben procesos judiciales como el de Cienfuegos en Estados Unidos, país que históricamente ha procesado a grandes capos como Joaquín «El Chapo» Guzmán en medio de una profunda desconfianza hacia las autoridades mexicanas.
Por eso, México pidió también esta misma semana la extradición de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), encarcelado desde hace un año en Nueva York y acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, estos movimientos de presunta soberanía generan suspicacias incluso dentro de México por la ineficacia y la corrupción enquistada en el sistema policial, ministerial y judicial del país.
En esta línea, Eduardo González opinó que México «se está poniendo la barra muy alta para llevar a cabo esas investigaciones» y «juega con fuego» porque de no llevarlas a buen puerto «la presión será muy fuerte».
«Hay una realidad y es que si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80 por ciento de los capos en los últimos 20 años», subrayó a su vez Ramón Celaya.
