Legisladores de oposición ven con preocupación el manejo de las acciones anticorrupción del Gobierno federal. El pasado miércoles la Secretaria de la Función Pública Arely Gómez González destacó, previo a la Cumbre del Gobierno Abierto, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción como el mecanismo más importante lanzado por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir estas prácticas. Sin embargo, uno de los componentes que integra el Comité Coordinador de este sistema atraviesa dificultades: Se trata de la elección del Fiscal Anticorrupción, congelada en el Senado.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Legisladores de oposición y analistas ven en el Gobierno federal una estrategia de presumir logros en el extranjero que aún no logra en casa.
El pasado miércoles, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, resaltó en París, Francia, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), durante una reunión con miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La imagen que proyecta el Gobierno se da en medio de la crisis de los ex Gobernadores que arrastran delitos de corrupción, criticó Marco Arellano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Yo considero que hay un doble discurso por parte del Gobierno federal. Por un lado, intenta proyectar una imagen hacia el extranjero donde México está avanzando. Pero ya en los hechos, en la realidad se puede identificar que ha sido un Gobierno de eslóganes”, detalló el profesor.
El 17 de julio el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el SNA. Durante el evento, y sin reconocer alguna ilegalidad, Peña pidió perdón a la población por el escándalo de la “casa blanca”, en el que una investigación periodística de Aristegui Noticias exhibió a su esposa Angélica Rivera por haber adquirido una casa construida por Grupo Higa, una de las principales contratistas del Estado.
La corrupción le cuesta a México entre el 2 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el estudio “La corrupción en México: tranzamos y no avanzamos” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicado el año pasado.
El Diputado federal del partido Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez hizo énfasis en que el Gobierno no tiene nada que presumir debido a la ola de corrupción que se ha desatado en este sexenio, y de manera especial, en los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y citó el caso de Miguel Alonso, ex Gobernador de Zacatecas, quien el 6 de diciembre fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por Soledad Luévano Cantú, ex candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas, quien lo acusó de defraudación.
Otros ex gobernadores del PRI cargan también con denuncias en la PGR. Es el caso de César Duarte Jáquez de Chihuahua, Roberto Borge Ángulo de Quintana Roo, el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y el ex Gobernador de Veracruz, ahora prófugo, Javier Duarte de Ochoa.
Una orden de aprehensión fue librada en contra de Duarte de Ochoa el 17 de octubre, sin embargo, las autoridades de la PGR no han podido dar con su paradero.
¿Se esconde Duarte con la protección del Gobierno? Marco Arellano contesta que la fuga se presta para la especulación.
“Yo creo que el Gobernador se ha burlado de todos, de la clase política local, y de todo el país, un día antes de desaparecer fue a la televisión nacional. Les avisó a todos, salió en helicóptero y no sabemos donde está”, dijo el profesor de la UNAM.
Varios de los ex mandatarios señalados por corrupción incrementaron durante sus gobierno las deudas de sus estados en cantidades alarmantes.
Los ex Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila incrementaron, en conjunto, en 186 mil 535.7 millones de pesos sus deudas respecto a la que recibieron al llegar al poder, de acuerdo con datos de los estados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
UN SISTEMA QUE NO AVANZA
La oposición ha alertado que el SNA carece de un Fiscal Anticorrupción, o lo que es igual, carece de dientes.
El pasado 29 de noviembre, el Senado acordó postergar la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción, dentro de una terna de 31 aspirantes.
La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Pimbert, argumentó que la designación iba ser ociosa, si paralelamente no se hacían los ajustes pertinentes en la transformación de la PGR, donde se debe dar paso a un Fiscalía General de la República.
“¿Por qué no funciona el esquema actual? Bueno, pues porque no tiene la institución los contrapesos necesarios. Cuando vimos la intención del PRI de dejar a Raúl Cervantes durante nueve años [periodo del próximo Fiscal], se prendieron todas las alarmas”, dijo la legisladora.
La sucesión automática de Procurador a Fiscal, acusó Torres, sería la forma de blindar al Presidente Peña Nieto y a su Gobierno de cualquier investigación posible.
En este contexto, el 29 de noviembre el Jefe del Ejecutivo Federal envío una iniciativa al Senado para cancelar el pase automático de Raúl Cervantes.
El Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Hernández Soriano, sostuvo que los avances en materia de anticorrupción son meramente normativos.
El PAN y el PRD se han aliado en el Senado para poner sobre la mesa una nueva propuesta que le otorgue más independencia a la Fiscalía Anticorrupción (que estará dentro de la Fiscalía General).
Se pretende que el Fiscal Anticorrupción no esté subordinado en nombramiento, asignación de presupuesto, gestión, ni sujeto a destitución, del futuro Fiscal General.
“Estamos proponiendo que en vez de una Visitaduría, haya una Inspectoría General, que se encargue de buscar corrupción dentro de la institución, y de sancionarla“, dijo Hernández Soriano.
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El SNA contará con un Comité Coordinador, donde además de la Fiscalía Anticorrupción, estarán otras dependencias.
Entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la SFP, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y un representante del Comité de Participación Ciudadana.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, señaló que no espera que el Gobierno tenga avances reales contra la corrupción en lo que le resta del Gobierno al Presidente Peña Nieto.
“Yo creo que no hay esperanza. Arely Gómez aparece nombrada en la SFP, y la propuesta para PGR y posible Fiscal es un abogado del Presidente [Peña Nieto] con antecedentes inmediatos partidistas”, dijo Álvarez, en referencia a Raúl Cervantes.
