A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la exfuncionaria refirió que ha aportado documentos que constatan las decisiones administrativas «que se tomaron en su momento».
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– La titular de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda, aseguró que las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) son infundadas, por lo que dijo que impugnará ante la Ley.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la exfuncionaria refirió que ha aportado documentos que constatan las decisiones administrativas «que se tomaron en su momento».
«Las sanciones que me impuso el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, son notoriamente infundadas. Las impugnaré ante las autoridades pertinentes dentro de los plazos que me concede la ley para el efecto», escribió.
Agregó que ha contribuido con las autoridades para aclarar «cada punto» sobre el presunto daño al erario público con el programa «Museo de Museos».
Sobre la información que ha circulado el día de hoy en medios de comunicación, me permito exponer lo siguiente: pic.twitter.com/p0o2NCKIqP
— Ma Cristina García C (@mcristina_gc) November 10, 2020
«He aportado documentación soporte sobre las decisiones administrativas que se tomaron en su momento. Contribuyo con las instituciones a aclarar debidamente cada punto sobre este caso», tuiteó.
Por último, sostuvo que en sus 40 años de trayectoria, siempre ha trabajado con transparencia, apego a la legalidad y rendición de cuentas.
El día de ayer, la SFP sancionó a García Cepeda por provocar daño al erario cuando entregó recursos al programa “Museo de Museos”, que nunca se llevó a cabo.
La Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que la dependencia a su cargo sancionó a la extitular de la Secretaría de Cultura, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a dos de sus exfuncionarios de alto rango, por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto “Museo de Museos” que nunca se concretó.
“La Función Pública hace honor a su nombre, estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de recursos públicos durante el régimen neoliberal. Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población”, afirmó Sandoval Ballesteros.
Además, detalló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exservidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.
La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por nueve millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables.
Por tales irregularidades, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas exservidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su extitular, el exoficial Mayor y la ex Directora General de Administración.
La sanción inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.
María Cristina García Cepeda es la segunda Secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública. La primera fue la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
