Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, pagó una fianza de 150 mil euros. Ella y otros cinco legisladores son investigados por las acciones que condujeron a que el Parlamento votara la declaración de independencia el 27 de octubre.
Por Ciaran Giles
MADRID (AP) — Una legisladora catalana que pasó la noche en la cárcel como parte de un grupo acusado de rebelión por haber declarado la independencia de Cataluña pagó su fianza y el juez ordenó dejarla en libertad, informó el viernes el Tribunal Supremo.
Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, pagó una fianza de 150 mil euros (175 mil dólares). Ella y otros cinco legisladores son investigados por las acciones que condujeron a que el Parlamento votara la declaración de independencia el 27 de octubre.
Después de interrogarlos, el magistrado Pablo Llerena solo ordenó el encarcelamiento de Forcadell. Ordenó a cuatro de ellos a pagar fianzas de 25 mil euros (29 mil dólares) en una semana para seguir en libertad y dejó en libertad a otro, que se opuso a declarar a Cataluña una república independiente.
Llerena escribió en su fallo que todos los acusados dijeron que renuncian a la futura actividad política, o que quienes quieren seguir activos renunciarán a toda acción por fuera del marco constitucional.
Forcadell, una dirigente histórica del movimiento independentista, declaró el jueves ante el juez que la declaración de independencia fue «simbólica», de acuerdo con abogados al tanto del proceso.
El ministro del Exterior español, Alfonso Dastis, dijo a radio Cope que estaba por verse si Forcadell acataría las leyes y fallos judiciales que prohíben la secesión unilateral. Si no lo hace, Dastis prevé que el juez revocará la fianza.
Ocho miembros del difunto gobierno catalán permanecen en la cárcel acusados de rebelión. El expresidente regional Carles Puigdemont y otros cuatro exmiembros de su gobierno huyeron a Bélgica, donde enfrentan un pedido de extradición.
Dos líderes de grupos secesionistas de la sociedad civil están presos y aguardan juicio por sedición.
La Corte Constitucional advirtió que el voto por la independencia del 27 de octubre y la declaración de la república catalana sería ilegal. La mayoría de los legisladores de oposición boicotearon la sesión parlamentaria.
El gobierno español asumió el control de la región, la primera vez en las cuatro décadas transcurridas desde el fin de la dictadura de Francisco Franco que Madrid interviene en una de las 17 regiones autonómicas.
Las autoridades centrales destituyeron al presidente regional y su gobierno, disolvieron el Parlamento y convocaron a elecciones el 21 de diciembre.
Cataluña, con 7,55 millones de habitantes, representa el 20% del PIB español. Las encuestas revelan que su población está dividida en partes iguales sobre la independencia.
