«Todo el mundo tiene derecho a protestar en el país. Construimos la democracia para que eso no fuese crimen. Pero este es un país responsable y bloquear carreteras, comprometer la economía popular, amenazar el abastecimiento de alimentos y de combustibles… esto tiene componentes de crímenes ya previstos», afirmó.

En declaraciones que concedió a periodistas durante la visita a las obras de ampliación del metro de Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos de 2016, la gobernante advirtió que la obstrucción de rutas pone en riesgo el abastecimiento de la población.

«Obstruir es crimen. Obstruir es afectar la economía popular, que es un crimen. Manifestarse es algo absolutamente legal. Es parte de la democracia y le hace bien al país. Todos estamos obligados a cumplir la ley, principalmente las personas que ejercen la facultad de cumplir la ley», dijo.

La jefe de Estado justificó así la decisión del Gobierno de imponer elevadas multas a los camioneros que bloqueen las carreteras y de autorizar a la policía a retirar a la fuerza tales vehículos para que no interrumpan el tránsito.

Tales medidas hicieron que la huelga perdiera fuerza este martes.

Los camioneros en huelga llegaron a realizar el lunes manifestaciones o bloqueos de vías en 43 trechos de carreteras en 14 de los 27 estados brasileños, en tanto que hoy las protestas se redujeron a 34 tramos de rutas en nueve estados, según el último boletín de la Policía Federal de Carreteras.

Además, mientras que el lunes los camioneros llegaron a bloquear por completo importantes carreteras federales de Brasil, hoy promovieron bloqueos parciales, ya que tan sólo impidieron la circulación de otros camiones.

La intensidad de las protestas se redujo luego de que el Ministerio de Justicia anunciara que impondrá multas de hasta mil 915 reales (unos 490 dólares) a los camioneros que bloqueen las carreteras y que había autorizado a la policía a retirar a la fuerza vehículos que amenacen la libre circulación en las rutas.

Los huelguistas, que se dicen independientes de los sindicatos y fueron convocados por las redes sociales, protestan contra los altos impuestos sobre el transporte y contra recientes aumentos de los precios de los combustibles, pero los principales sindicatos del sector, que rechazan la huelga, aseguran que esas reivindicaciones no son suyas sino de grupos con intereses políticos.

Los camioneros más radicales aseguran que tan sólo suspenderán la huelga con la renuncia de Rousseff, a quien acusan de haber hundido el país en una grave crisis económica y política.

El Gobierno, que alega haber atendido todas las reivindicaciones de los camioneros en las últimas negociaciones, asegura que la huelga es puntual y acusa a los organizadores de estar al servicio de la oposición para generar un «desgaste político».

El principal líder de los huelguistas, Ivar Schmidt, admitió que el objetivo inicial era presionar a Rousseff pero que, como la huelga no obtuvo el apoyo popular esperado, las reivindicaciones se limitarán a las de los camioneros.

«Nuestra principal pauta era la renuncia de Dilma (Rousseff) para que el pueblo se nos juntara, pero el pueblo no entendió. Por eso vamos a limitar las reivindicaciones a las de los camioneros», afirmó el dirigente en declaraciones a periodistas.

En su visita a las obras de la línea 4 del metro, que conectará la zona sur de Río de Janeiro con Barra de Tijuca, el barrio en que son construidos el parque y la villa olímpica, Rousseff conversó con diferentes autoridades y felicitó a algunos de los obreros.

«Está todo maravilloso», dijo sobre las estaciones subterráneas y sobre un puente que le permitirá al metro superar una laguna.