«El Gobierno chino ha fracasado sistemáticamente en prevenir la tortura, en exigir responsabilidades a los torturadores y en respetar los derechos de las víctimas», sostiene el informe «Impunidad, la raíz del problema de que la tortura persista en China», publicado hoy por Chinese Human Rights Defenders (CHRD) en coalición con oenegés chinas.

El documento se basa en entrevistas y datos de más de 2 mil 300 casos de privación de la libertad desde enero de 2012 hasta junio de 2015, y ha sido enviado al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que revisará la situación en la segunda potencia mundial en un diálogo la próxima semana.

En China, la investigación sobre torturas es «inusual» y las víctimas que buscan una compensación o justicia se encuentran con todo tipo de obstáculos y, en algunos casos, con represalias, dice el informe, que insta a la ONU a que pida reformas a Pekín.

El maltrato va desde una detención excesivamente prolongada sin juicio, como en el caso del abogado Pu Zhiqiang, que lleva más de un año bajo arresto; agresiones a abogados de derechos humanos cuando están realizando su trabajo, privación de la asistencia médica que en algunos casos ha llevado a la muerte del arrestado -como la activista Cao Shunli-, o la tortura física o psicológica.

En uno de estos casos, una peticionaria -ciudadanos que viajan a Pekín en busca de justicia al no haber sido atendidos por las autoridades de su localidad o provincia- fue agredida y aislada en una minúscula habitación de una cárcel negra durante dos semanas, en las que se le privó de comida en determinados periodos de tiempo.

La policía suele mantener a algunos arrestados como los peticionarios en ubicaciones no especificadas, por ejemplo en cárceles negras e incluso en hospitales psiquiátricos, caso de Xing Shiku, otro peticionario que permaneció en uno de estos centros durante ocho años sin que se le diagnosticara ninguna enfermedad de este tipo, recopila el documento.

A pesar de que el Gobierno introdujo leyes en 2009 para prevenir estos casos, existen vacíos legales que pueden dificultar la prevención de la tortura y evitar castigos por cometer abusos, además de que sigue siendo legal que los tribunales acepten confesiones forzadas mediante tortura para emitir un veredicto.

Además, señalan las ONG, nuevas legislaciones como la Ley de Seguridad Nacional dan más poder a la policía y recogen «excepciones» respecto a las cláusulas destinadas a proteger a los detenidos o sospechosos.