Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en América Latina. Involucra a funcionarios públicos y empresarios de 10 países. La investigación detalla cómo la constructora brasileña entregó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El 29 de septiembre, un juez en Estados Unidos determinó que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) puede ser extraditado a su país para responder a la justicia por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que durante más de dos décadas entregó a gobiernos y altos funcionarios de la región sobornos para obtener trato preferencial en licitaciones.
Toledo fue detenido en 2019 en California, donde vivía junto con su esposa, la belga Eliane Karp. Después de siete meses en prisión, pudo obtener el beneficio de arresto domiciliario, en marzo de 2020, pero la decisión del juez Thomas Hixon podría llevarlo nuevamente a prisión, ya que en Perú es acusado por la fiscalía que investiga el caso de la Lava Jato, de haber recibido 20 millones de dólares por parte de Odebrecht para que le otorgara la concesión de la carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil.
El de Toledo es ejemplo de cómo otros países han desarrollado sus investigaciones sobre este caso que estalló en diciembre de 2016, mientras que en México, ningún ex funcionario mayor ha sido sometido a proceso a pesar de que han salido a relucir nombres de ex presidentes y ex secretarios de Estado. Las investigaciones derivaron en el arresto de expresidentes de Perú, Panamá y El Salvador.
En Brasil, donde todo empezó, 174 personas fueron condenadas, según un balance publicado por la Fiscalía en enero de este año. Gracias a estos procesos fue posible regresar al erario 765 millones de dólares. Además de que salpicó a los expresidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
En México, Emilio Lozoya Austin, ex director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que se convirtió en testigo cooperante del Gobierno y cumple arresto domiciliario en la capital del País, se mantiene como el único “pez gordo·, que ha caído por este escándalo de corrupción.
LA LISTA DE LOS PEÑISTAS
Lozoya Austin, hijo de un ex Secretario salinista de Energía, Emilio Lozoya Thalmann, desató indignación el fin de semana, luego que en su cuenta de Twitter, la columnista Lourdes Mendoza difundiera una serie de fotos en las que se aprecia al ahora testigo cooperante cenando con otras tres personas en el lujoso restaurante Hunan, en su sucursal de la lujosa zona de las Lomas, en la capital.
Lozoya Austin está bajo arresto domiciliario, porta un brazalete electrónico para saber su ubicación y le fue retirado su pasaporte, y a pesar de que no abandonó la Ciudad de México, como lo ordenaron las autoridades, su presencia en un sitio público causó indignación en redes sociales.
Las confesiones hechas por el ex director de la petrolera estatal a la FGR para evitar pisar la cárcel han puesto en la mesa al expresidente, Enrique Peña Nieto, y a su excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Exdirectivos de Odebrecht confesaron haber pagado en 2012 el equivalente a 50 millones de pesos en 2012 para la campaña electoral de Peña Nieto, pero Lozoya declaró que fueron 100 millones, y que el dinero fue para pagar asesores extranjeros de la campaña de Peña Nieto, según reveló ayer la FGR, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos ex funcionarios se ha presentado ante las autoridades para declarar sobre el tema.
El 10 de abril pasado, un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, del Partido Acción Nacional (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos en la trama Odebrecht.
Lavalle se convirtió en el primero en pisar la cárcel de la decena de políticos que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de la brasileña. La Fiscalía acusó al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Una investigación realizada por el diario El País, en julio pasado, reveló que los funcionarios señalados como parte del entramado de corrupción han logrado esquivar las acusaciones de las autoridades además de evadir el pago de sanciones administrativas impuestas por la Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo con lo documentado por el rotativo, fueron 9 mil 814 millones de pesos a los contratistas y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a la red de sobornos de la constructora brasileña, así como a los señalados en la compra fraudulenta de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal.
“La mayor parte de los castigos, que también incluyen inhabilitaciones, se impusieron en este Gobierno bajo el mando de la depuesta secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. La mayoría de las sanciones se encuentran envueltas en litigios en tribunales, pero hay algunas que ya agotaron el proceso legal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha concretado el cobro de los adeudos”, detalló.
Entre los funcionarios sancionados mencionados por el diario español aparecen Marco Antonio Sierra Martínez, un extrabajador de la petrolera mexicana quien fuera residente de obra en Pemex Transformación Industrial para la Refinería Miguel Hidalgo; Luis Alberto de Meneses Weill y Gleiber José de Faría, director general y titular de Finanzas del consorcio Odebrecht, respectivamente, “quienes fueron sancionados con 1.2 millones de pesos durante el Gobierno de Peña Nieto.”
En esta Administración la dependencia multó a Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes y a José Manuel Carrera Panizzo, quien fue director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex.
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