En su comparecencia, José Rodríguez Núñez reiteró que Iván y Alfredo Guzmán le pidieron que manifestara ante los medios de comunicación que ellos no tenían nada qué ver con la emboscada a militares en Culiacán, «que eran ajenos por completo a ellos y que pedían una investigación imparcial».
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El coordinador de la defensa legal de Joaquín «El Chapo» Guzmán, José Refugio Rodríguez Núñez, fue interrogado este día, calidad de testigo, por la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que deslindó a los hijos del capo por la emboscada a militares en Sinaloa.
José Rodríguez acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a las 10:00 horas para declarar sobre la emboscada del pasado 30 de septiembre en la que cinco militares murieron y otros 10 resultaron heridos.
En su comparecencia, Rodríguez Núñez reiteró que Iván y Alfredo Guzmán le pidieron que manifestara ante los medios de comunicación que ellos no tenían nada qué ver con esos hechos, «que eran ajenos por completo a ellos y que pedían una investigación imparcial».
Carlos Castillo, integrante del equipo legal del narcotraficante, aclaró que el citatorio, recibido desde la semana pasada, sólo pedía la comparecencia de José Rodríguez.
El pasado 30 de septiembre, en Culiacán, un presunto miembro del Cártel de Sinaloa, que responde al nombre de Julio Óscar Ortiz Vega «El Kevin», era trasladado por un convoy de 17 soldados, al que un un grupo de sujetos armados atacó dejando como saldo a cinco militares muertos y 10 heridos.
A los hijos de «El Chapo» les fueron atribuidos estos ataques por el General Alfonso Duarte Mújica, jefe de la Tercera Región Militar, por lo que el abogado del Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez Núñez, los deslindó a través de un mensaje que dio a la prensa días después.
Por estos hechos, la fundación Gral. Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados A. C. presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el argumento de que las autoridades con facultades reales para realizar labores de seguridad pública son de la Policía Federal o Estatal, no de los militares.
