El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 propone un gasto en comunicación social y publicidad de 2 mil 469 millones de pesos, un 40 por ciento menos que el aprobado en 2019. Esta reducción «abrupta» podría generar una concentración de información de algunos medios de comunicación, si no se implementa un mecanismo de fomento a la pluralidad, advirtió Artículo 19 que integra el Colectivo #MediosLibres.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal planea reducir el gasto en servicios de comunicación social y publicidad un 40 por ciento para el próximo año, de acuerdo con el Paquete Económico 2020.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 propone un gasto en comunicación social por 2 mil 469 millones 154 mil 442 pesos, frente a los 4 mil 165 millones 167 mil 089 pesos aprobados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
«Es preocupante porque la reducción tan abrupta, sin un mecanismo alterno de fomento a la pluralidad, conlleva a una concentración masiva de información de algunos medios de comunicación que lleguen a la sociedad y un control político de la información», dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19.
En México, explicó, muchos medios de comunicación dependen del dinero público porque en algunas zonas geográficas no hay otras fuentes de ingresos como en Oaxaca, Guerrero o Chiapas.
«Al momento de retirar ese dinero, se reduce el nivel de información de interés público que puede llegar a recibir la gente», aseguró.
Ruelas expuso que los tratados internacionales recomiendan un gasto en publicidad oficial claro, objetivo y transparente, «y no indiscriminado como lo era en la administración de Enrique Peña Nieto», pero también, reiteró, deben existir mecanismos que fomenten la existencia de medios de comunicación a nivel nacional.
Artículo 19 reportó que en el sexenio de Peña Nieto se gastaron 60 mil 237 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales el 48 por ciento se destinó solo a 10 medios y el 52 por ciento restante a 850 medios.
El Colectivo #MediosLibres, al que pertenece Artículo 19 y otras organizaciones civiles, ha documentado que el presupuesto fue sobreejercido en más del 50 por ciento respecto de lo aprobado por el Congreso de la Unión, por lo que ha exigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador una regulación de publicidad oficial, que sustituya la conocida Ley Chayote, y reglas claras para su asignación a medios de comunicación.
«Hoy más que nunca, con esta reducción, es más necesaria la regulación a publicidad oficial para que haya una distribución más equitativa y más transparente hacia aquellos medios de comunicación que van a transmitir cada una de las campañas», aseguró Ruelas.
LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Cuando el Coordinador General de Comunicación Social Jesús Ramírez Cuevas presentó la Política de Comunicación del Gobierno Federal en abril, reconoció que falta la Ley General de Comunicación Social que incluya un padrón único de medios de comunicación en el país y un estándar único de medición de audiencias.
Ramírez anunció en la conferencia matutina que se publicará en los portales de transparencia la información relativa al gasto de campaña de comunicación social de las dependencias y de Presidencia en tiempo real conforme se va ejerciendo el gasto.
También, dijo, queda prohibido tanto emitir propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores, como realizar erogaciones a los medios para obtener notas favorables, entrevistas, señalamientos o visibilización de funcionarios.
Expuso que la Política de Comunicación Social del Gobierno federal plantea que ningún medio de comunicación puede tener más del 25 por ciento de una campaña; no se harán contratos anuales con los medios de comunicación; se va a contratar la publicidad acorde con las necesidades de comunicación a todos los niveles de medios electrónicos, radio y televisión, impresos, digitales y nuevas plataformas; y cuando se trate de la producción de materiales se va a privilegiar a los medios públicos.
Un mes después, en mayo, se filtró información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con los nombres de los 36 periodistas y sus empresas que “fueron beneficiadas con contratos» por 1,081 millones de pesos durante el sexenio del ex Jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto.
