Cuando el gobierno oculta información a la ciudadanía al no proporcionarla a los reporteros y periodistas que tienen el compromiso social de reportar lo que sucede en el día a día sea cual sea el contexto político de inseguridad, económico o social, dos sectores son vulnerados. La población por supuesto y primer lugar, a la que someten a la ignorancia y a la manipulación de la información, y los periodistas que sin el respaldo de las instituciones publican de manera independiente y libre sus investigaciones, por lo cual y un contexto de “no pasa nada en el México en paz”, son amenazados, atacados, secuestrados, robados y hostigados.

Es así por ejemplo y en el caso de los temas de narcotráfico: el gobierno federal, el de Enrique Peña Nieto, está obligado a perseguir y combatir los delitos del orden federal entre los que se encuentran los delitos contra la salud, el tráfico de drogas, la asociación delictuosa. Es facultad de la PGR realizar, elaborar e integrar las investigaciones ministeriales para establecer la comisión de delitos y las personas responsables. Presentar en su calidad de fiscalía la información científica y documentada ante un Juez Federal para que éste proceda a la persecución formal de quienes hacen daño a los mexicanos a partir del trasiego y la venta de droga, la corrupción de las instituciones, los asesinatos y ejecuciones, a partir de órdenes de aprehensión.

Pero si el trabajo de la PGR no fuese eficiente ni eficaz ni científico ni comprometido con la procuración de justicia, el Gobierno Federal tiene otras instancias a las que ha facultado para la investigación y el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Ahí tiene la Comisión Nacional de Seguridad –antes Secretaría de Seguridad Pública Federal-; los grupos de investigación, análisis y supuesta inteligencia, del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), además de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, instituciones a las que han encomendado labores de persecución y aprehensión de narcotraficantes y criminales organizados.

Bien; a pesar de los muertos que se ven todos los días, balaceras entre narcos y autoridades en el Estado de México, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán por mencionar algunos estados, los desaparecidos y los ejecutados con mensajes del narco, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y todas las instituciones ya mencionadas, niegan información a los reporteros, manipulan la información en sus reportes, y desvían la atención de la ciudadanía hacia otros temas. Al no tener los reporteros información, la buscan. La encuentran entre sus contactos de buena fe, funcionarios, hombres y mujeres que le abonan a la libertad de expresión entregando el expediente, la fotografía, la copia de la orden de aprehensión de manera anónima pues hacerlo públicamente les traería consecuencias legales y laborales.

Cuando los periodistas publicamos la foto del narcotraficante más buscado, junto con su expediente, vamos contra la protección que la autoridad federal le provee al no proporcionar información de él a la sociedad, ni sus generales, ni su fotografía, ni sus crímenes, entonces, quienes corren peligro son los periodistas.

Si el narcotraficante se ve descubierto y exhibido no fue por la autoridad sino por la prensa, intentará acabar con el medio que le saca del anonimato en el que se encontraba gracias a la impunidad que le proveen las autoridades federales. De ahí que periodistas independientes que reportan lo que el Gobierno Federal oculta, son amenazados, secuestrados, desaparecidos o asesinados.

En política y administración pública ocurre lo mismo. El Gobierno Federal y le siguen muy de cerca en la misma línea muchos gobiernos de los estados y los municipios, ocultan información de actos de corrupción que se cometen en esas instituciones. Obligados las Procuradurías o Fiscalías Estatales a investigar los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad, cohecho, entre otros, no cumplen cabalmente con esta obligación.

De igual manera los órganos de fiscalización o contraloría son omisos en la persecución de funcionarios deshonestos, y los diputados de los Congresos de los Estados, que también tienen la responsabilidad de supervisar el buen uso de los recursos, utilizan las investigaciones o acusaciones para negociar en términos políticos y entre partidos.

La impunidad que la Procuradurías, los Órganos Superiores de Fiscalización, las Contralorías y las Secretarías de la Función Pública y los Congresos de los Estados proporcionan a funcionarios y servidores públicos deshonestos, corruptos, ladrones y abusivos, solo vulnera a la sociedad, presa de esas prácticas, y los periodistas que están dando cuenta de las tropelías a partir de lograr información con investigaciones y contactos en los órdenes de gobierno.

El político o funcionario público que se ve descubierto, exhibido en su corrupción, arremeterá no contra la autoridad que no lo está investigando, sino contra el periodista que está publicando sus irregularidades con documentos, fotografías y dichos extraoficiales y anónimos (antes era común que solo en materia de inseguridad la fuente pidiera omitir su nombre por temor a una venganza del crimen organizado, hoy esa práctica es común también en temas de política y administración pública).

Los funcionarios públicos tienen a denostar al medio primero, a restringirle la publicidad oficial, a publicarle desplegados a los periodistas, a atentar contra ellos. Cuando no los pueden comprar, a los periodistas los mandan golpear, mandan robar, los mandan matar, los mandan desaparecer. Silenciado el periodista, el criminal –político o narco- encontrará en la autoridad procuradora la paz de la impunidad.

Hace unos días una joven reportera que cubre la fuente gubernamental en Silao, Guanajuato, fue golpeada. Karla Janeth Silva, refieren organismos de protección y defensa de los periodistas, criticó con sus notas y reportajes a las autoridades municipales de Silao. Quienes la atacaron entraron a las oficinas de su diario El Heraldo de León y la golpearon en cabeza, cara, pecho además de darle de patadas, para después sentenciarle “bájale de huevos a tus notas”.

La reportera Karla Silva había estado reportando sobre el mal uso de los recursos públicos del municipio de Silao que encabeza el priísta Enrique Benjamín Solís Arzola, un personaje atento a la labor de la periodista dado que la joven ya había recibido críticas por su trabajo de parte de la autoridad municipal, así lo reportó El Heraldo de León:

“Karla Silva ha sido crítica con la pésima administración que encabeza Benjamín Solís Arzola, al denunciar la carencia de servicios municipales, la inseguridad, falta de transparencia y el derroche de recursos en ese municipio, lo que ya le había valido reclamos directos y el bloqueo a su trabajo por parte de funcionarios municipales. La periodista reiteradamente había comentado, en ocasiones anteriores, su temor por ser víctima de represalias”.

Tanto el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto como el Gobierno del Estado de Miguel Márquez Márquez, deben investigar con toooooodas las instancias y dependencias que tienen a su disposición para cumplir con proveer certeza jurídica, tranquilidad y paz verdadera, quiénes fueron los autores materiales del ataque a la reportera y quién o quiénes los autores intelectuales.

Mientras la impunidad persista, para narcos o políticos, los mexicanos corren peligro. Todos, de todas las profesiones. Y se encuentran en peligro de estar como los periodistas, entre el hostigamiento y los golpes.

Adela Navarro Bello

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