Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Expertos, académicos y autoridades exigieron «¡ni un secuestro más!» y denunciaron que a pesar de que los gobiernos han implementado programas y estrategias para combatir este delito, las cifras no bajan.
Durante una mesa de discusión sobre la problemática del secuestro en México, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), afirmó que resulta evidente el crecimiento de la delincuencia organizada, la fractura del tejido social, la colusión entre delincuente, políticos y actores económicos, el debilitamiento de las instituciones de seguridad, además de la fragmentación de cárteles de droga que han «minado las condiciones de seguridad en el país».
Un reporte de la organización, en el que denuncia la evolución histórica del secuestro de 1997 a 2014, detalló que durante el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se registraron 2 mil 962 denuncias por secuestro en el país. En el de Vicente Fox Quesada, entre 2001 y 2006, se contabilizaron 2 mil 687. Mientras que entre 2007 y 2013, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el primer año de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 8 mil 277 denuncias, es decir 47 por ciento más que las reportadas entre 1997 y 2006, y en el primer cuatrimestre del 2014 se han reportado 683 víctimas de secuestro.
Rivas Rodríguez recordó que actualmente los municipios con mayor número de secuestro son Reynosa (Tamaulipas), Cuernavaca (Morelos), Ciudad Victoria (Tamaulipas), Morelia (Michoacán), Centro (Tabasco), Chilpancingo (Guerrero), Tijuana (Baja California), Cárdenas (Tabasco), Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Tampico (Tamaulipas).
Nicandra Castro Escarpulli, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, exigió el llamado de frenar los secuestros en el país. «Unidades funcionales, operaciones adecuadas, políticas de gobierno, prevención, pero secuestros ya no. Todo lo demás tiene que ser para completar el presupuesto de que estamos realmente en el camino adecuado para que ya no se esté dando esto», planteó.
La especialista exigió que se estipule en la ley qué es un secuestro, pues consideró que «no hay la capacidad de entenderlo» por parte de muchas autoridades.
«Sí se ha hecho mucho en materia legislativa, pero ahora tenemos que hacerlo operativo, todo eso que ya esté ahí de un reflejo real en la actividad funcional para convertir este delito», dijo.
«Las organizaciones gubernamentales están obligados, los ciudadanos estamos comprometidos pero no está ocurriendo lo que necesitamos. Eso nos obliga a buscar lo que funciona… ¿Por qué nos quitan lo que funciona? Cada que hay un cambio de gobierno hay un cambio de estrategia y queremos que esto se haga de manera distinta», expuso.
Aseguró que «las organizaciones han crecido, y el gobierno no, entonces ahora jalemos al gobierno, con las organizaciones para que crezcan como ciudadanos porque sí estamos dispuestos a hacer algo por este país».
Rivas Rodríguez reiteró que «es inaceptable que sigamos teniendo niveles de incidencia delictiva. Es una vergüenza que nuestras autoridades nos hallan fallado por años y sobre todo en brindarnos seguridad».
Dijo que «los ciudadanos debemos levantarnos, no podemos permitir que estos sigan siendo los niveles de incidencia en el país. Como organizaciones de la sociedad civil, y habemos muchos dedicados al tema de la inseguridad y estoy seguro que necesitamos apoyo y el apoyo puede ser en segundos, con una denuncia. No es posible que llevamos 17 años y no pase nada. Necesitamos resultados».
PROGRAMAS FALLIDOS
María Elena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común, hizo un recuento de algunos programas que han implementado distintos gobiernos desde Ernesto Zedillo Ponce de León que implementó la Cruzada Nacional contra el Crimen Organizado, después con Vicente Fox Quesada, quien creó por decreto la Agencia Federal de Investigación (AFI) y resaltó que en esa época es que bajó de manera constante el secuestro.
«Es la única época que baja de forma notable, pues algo hicieron bien y además era casi la misma gente que terminó incluso el sexenio pasado. Algo hicieron bien ahí y algo se hizo mal después porque en 2006 empezó a subir la cifra y con Calderón siguió subiendo», denunció.
Recordó que en 2008 se creó el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad, donde se fortaleció nuevamente a las unidades antisecuestro e, incluso, se le pidió a autoridades un observatorio del delito. Pese a ello «no se logra bajar la cifra y no sólo eso sino que sigue subiendo», aunque lo llevaba la misma gente del 2004.
Recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto, tras una reunión con organizaciones civiles, como Causa en Común, quienes presentaron una cifra de denuncias en secuestro, dijo: «Vamos a hacer algo» y designó a Renato Sales Heredia, coordinador nacional Antisecuestro, quien está al frente de las unidades antisecuestro.
Sin embargo, «las unidades las pueden hacer y deshacer y sin embargo no las terminamos de hacer bien. Las organizaciones civiles nos hemos equivocado en exigir que estén mejor las cifras, las unidades, que vamos a ver las unidades, si están bien organizadas, si tienen todos los instrumentos, si el personal está certificado, cuando lo único que deberíamos dedicarnos es a decirles ni un secuestro más. Háganle como ustedes quieran, pero ya estamos hartos de que las cosas en este país no cambien o no cambien lo suficiente».
Ahora con el Presidente Enrique Peña Nieto, la única diferencia grande entre las estrategias anteriores es que trabaja en coordinación que sirve de sustento a todos los esfuerzos, pero le hace falta que el coordinador, en este caso Renato Sales, tenga «una mayor injerencia y pueda jalar los hilos y pellizcar a los estados».
«Mientras no pueda hacerlo de forma contundente para que al salir los gobernadores tiemblen y digan aguas, porque ahí viene el lobo y ahora sí vamos a tener que hacerle caso, las cosas no van a cambiar porque Sales va y visita a los estados y casi les suplica que hagan las cosas bien y unos estados hacen caso, otros no y otros mas no les importa lo más mínimo», expuso la activista.
Resaltó que los estados de Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México están en una situación «sumamente crítica; sin embargo, no cambian las cosas porque no hay alguien que de veras esté tan exigente y que les pueda quitar los recursos».
Dijo que hay mucha gente, organizaciones, asociaciones que se han dedicado al tema de la inseguridad. Pero «no lo hacemos bien porque no puede ser que años después tenemos el mismo modelo, con uno de los mismos problemas y uno es que no sabemos cómo están las cifras. Puede que todo lo que nos digan sea verdad, pero si es así solo serán parche de verdad».
Concluyó reconociendo que la responsabilidad «no sólo es del gobierno, sino de las organizaciones civiles por permitir que las cosas no cambien lo suficientemente bien para mejorar porque hablar de un secuestro o de 10 o 100 no hace la diferencia para quien está secuestrado porque el que está secuestrado sufre lo mismo si es él solo o si hay 20 más que también están secuestrados. El cambio que genera en la familia de las víctimas es tan grave que ni la víctima, en caso de regresar con vida, ni los familiares vuelven a ser los mismos. Hay mucho por hacer y todos debemos participar y ser más exigentes».
