Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, ha sido vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito sumándose así a la lista de funcionarios del Gobierno pasado con cuentas pendientes ante la justicia.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Ildefonso Guajardo, uno de los artífices del peñismo de las negociaciones del T-MEC, enfrenta acusaciones de dinero mal habido, sumándose así a una lista de exfuncionarios de la administración pasada que enfrentan señalamientos ante la justicia como Rosario Robles y Emilio Lozoya. También hay otros nombres como el de Luis Videgaray y el General Salvador Cienfuegos, quienes han podido librar, hasta ahora, los señalamientos en su contra.
El exsecretario de Economía fue vinculado a proceso la tarde del viernes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito debido, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Fue a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, inició el proceso contra Guajardo, quien —según la acusación— durante los años 2014 a 2018 “probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.
Guajardo explicó en una entrevista con W Radio, que la investigación se explica por una transferencia de 300 mil dólares que recibió en una cuenta de Washington, D.C., que él tiene por haber sido funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). El exsecretario de Economía indicó que la cifra total investigada es de 9 millones, aunque no aclaró si son dólares o pesos mexicanos.
El ahora Diputado del PRI electo deberá firmar de manera periódica y no podrá abandonar el país, según la FGR, que tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.
Su caso suma así a los de Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu, la única integrante del Gobierno pasado que está en prisión preventiva, y al de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien desde su posición como testigo colaborador ha involucrado a Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, y al propio expresidente Enrique Peña Nieto en malos manejos.
Mención a parte son los señalamientos en contra del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido y acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Luego de la intervención del Gobierno mexicano, el exsecretario de la Defensa Nacional llegó al país sin cargos, y aunque la FGR inició investigación, concluyó la misma al no encontrar pruebas para procesarlo.
LA OPACIDAD DE GUAJARDO
Una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo a las declaraciones patrimoniales que Ildefonso Guajardo presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio pasado, arrojó algunos datos sobre su riqueza.
Por ejemplo, a inicios del sexenio pasado, ya tenía dos casas, dos departamentos y un terreno pagados de contado. En mayo de 2018, declaró tener la misma cantidad de bienes muebles (sin contar una casa heredada que dejó de declarar en 2017). También tenía tres vehículos –que vendió a lo largo de los años– y diversas obras de arte y muebles que, hasta 2015, estaban valorados en 1.8 millones de pesos.
Guajardo Villarreal sólo declaró los montos de sus posesiones, en 2015, por un total de 19.2 millones de pesos.
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Sobre el salario devengado por el exsecretario de Economía, los datos arrojaron que de 2012 a 2018, Guajardo percibió un ingreso anual neto aproximado de 13 millones 920 mil 243.17 pesos.
De acuerdo con datos del portal Declaranet, Ildefonso Guajardo ganó 168 mil 123 pesos en el año 2012, cuando llevaba un mes en su cargo de Secretario de Economía. Para el segundo año percibió más: 2 millones 331 mil 177 pesos.
En los años 2014 y 2015, el sueldo anual del exfuncionario disminuyó ligeramente: 2 millones 228 mil 709 pesos y 2 millones 216 mil 317 pesos, respectivamente.
En el año 2016 Guajardo percibió un total de 2 millones 397 mil 554 pesos y para 2017 se llevó 2 millones 447 mil 753 pesos.
Para 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, el exfuncionario percibió 2 millones 130 mil 610.17 pesos correspondiente al salario de 11 meses, esto debido a que en la declaración de 2019, que corresponde al ejercicio fiscal de 2018, Guajardo decidió no hacer públicos sus ingresos anuales netos como Secretario de Economía.
LOZOYA, TESTIGO COLABORADOR
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial de magnates. Emilio Lozoya dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020, sin que se le haya visto a la fecha ya que nunca pisó prisión y en su lugar fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal a causa de una supuesta anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
Además, dijo que en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
José Antonio Meade y Luis Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún.
LAS CUENTAS PENDIENTES DE VIDEGARAY
El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado más avances sobre el caso de Luis Videgaray, mientras que desde el Gobierno federal se le ha inhabilitado por 10 años a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años.
Con Lozoya ha sucedido algo similar, aunque la Fiscalía no ha dado cuenta de avances, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el pasado de 26 de mayo que alistaba otra denuncia por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos hacia la empresa brasileña Odebrecht y el desvío de mil 400 millones en favor de otra empresa.
ROBLES, EN PRISIÓN PREVENTIVA
Paralelo al caso de Emilio Lozoya y Luis Videgaray ha naufragado el de Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a quien se le acusa de uso indebido del servicio público en la trama conocida como la Estafa Maestra a través de la cual se emplearon a universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos.
Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace 21 meses en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La exfuncionaria se declaró inocente el pasado 26 de marzo de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la Estafa Maestra, mientras que la FGR busca imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.
Su defensa ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
El pasado 24 de junio, un Juez ordenó revisar la orden que mantiene a Rosario Robles Berlanga privada de la libertad desde agosto de 2019, por lo que su situación se definirá en los próximos días.
LA EXONERACIÓN A CIENFUEGOS
A la par de estos casos de alto perfil, la Fiscalía de la República informó el pasado 14 de enero que no ejercería acción penal en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien llegó el 18 de noviembre pasado al país procedente de Estados Unidos, en donde fue detenido el 15 de octubre por narcotráfico, acusaciones que el Gobierno de Unión Americano retiraría tras una intervención de su contraparte mexicana.
A su llegada al país, la FGR realizó una investigación al general y uno de los encargados de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto. No obstante, la Fiscalía determinó que Cienfuegos no se relacionó con narcotraficantes “ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos» por lo cual desechó las pruebas obtenidas por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) con las cuales se pretendía que el mando militar fuera enjuiciado.
Incluso la dependencia “transparentó” el expediente del caso, el cual lució en su mayoría testado, una situación que le valió críticas y que llevó a que se difundiera una nueva versión a inicios de este mes luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se lo ordenara.
