Una serie de denuncias en contra de Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros altos mandos, han destapado un esquema de desvíos a través de empresas fantasma. La relación de «Billy», como también se le conoce, con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios, quienes confían que en este sexenio se les haga justicia.
PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a «Billy», como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales «Billy» les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
«La denuncia es reciente y son hechos entre 2016 y 2017», explicó Guillermo Barradas, abogado de las presidencias del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul que representa a más del 80 por ciento de los cooperativistas. «Las facturas tienen la firma de ‘Billy’ Álvarez, hay transferencias electrónicas y tres testimonios. Es una denuncia sólida, fuerte».
A estas 15 empresas fantasma, que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretaría de Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, detalló el abogado.
Esta primera denuncia interpuesta por los disidentes de la Cooperativa fue iniciada hace cuatro meses ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la administración fraudulenta de «Billy» Álvarez. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervención a la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los disidentes; además, procedieron al bloqueo de las cuentas.
En esta acusación se incluyen las declaraciones de la entonces Tesorera de la Cooperativa y del Director de Administración, quienes señalaron directamente a «Billy» Álvarez como la persona que les ordenó realizar movimientos a esas factureras, incluso aparece la firma del presidente del Cruz Azul.
«Dentro de esa carpeta de investigación, la Tesorera y el Director de Administración se sujetan al criterio de oportunidad y proporcionan y colaboran con la Fiscalía», mencionó Guillermo Barradas.
En este criterio de oportunidad, que es un beneficio que la ley otorga a aquellos imputados que quieran proporcionar información en la persecución de un delito grave, se sujetan tres personas: la extesorera de la Cooperativa, el exdirector de Administración y por último se obtuvo la declaración del señor Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, quien presentó 14 pruebas ante la UIF que podrían confirmar la culpabilidad de su hermano «Billy».
«La carpeta se está investigando y estamos a unos días de que se pueda determinar si se ejercita acción penal o no en contra de ‘Billy’ Álvarez y el resto de personas que le ayudaron a operar este esquema para saquear a la Cooperativa», dijo el abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul, integrada por disidentes.
Pero estas acusaciones en contra de «Billy» Álvarez no son nuevas, antes de esta denuncia –la única que ha prosperado jurídicamente– hubo otras que comenzaron hace más de 10 años y que nunca se consolidaron por la protección que desde las autoridades tenía el directivo de la Cooperativa Cruz Azul.
«Ha habido muchos hechos que lamentablemente se han denunciado y por todo el dinero que tiene (‘Billy’) y todas las relaciones no había prosperado y las habían archivado», dijo Guillermo Barradas.»Por ejemplo, en su momento hubo un escándalo de hechos que involucraba a Carlos Terroba Wolf y también hubo unas cuentas en Suiza, pero el problema es que en sexenios anteriores terminaron protegiéndolos».
El abogado de los disidentes espera que en este sexenio no se proteja a Guillermo Álvarez y se termine la corrupción dentro de la Cooperativa.
«Esperamos que este sexenio sea diferente y que no se le encubra como ha sido en pasados donde hubo una red de protección en el poder bastante fuerte», confió. «Hoy estás ante la presencia de otro Gobierno, con otras finalidades, que busca combatir la corrupción y que precisamente están prosperando estas denuncias».
Una de las primeras acusaciones públicas en contra de la directiva de la Cooperativa ocurrió el 30 de septiembre de 2009 cuando el actuario Carlos Terroba, recién despedido de la organización, expuso ante cooperativistas los malos manejos de la administración de «Billy». En videos que aún se pueden consultar en YouTube se observa al actuario en el auditorio de Ciudad Cruz Azul, en Jasso, Hidalgo, confesando la existencia de Blue Eagle Re y Lummar H, paraísos fiscales creados por Álvarez.
El 16 de julio de 2010 se presentó una denuncia de hechos por parte de José Luis Carbajal Campos ante la SEIDO, en la cual se acusa de llevar a cabo operaciones ilícitas a Guillermo Álvarez, a Víctor Manuel Garcés Rojo, entonces director jurídico de la Cooperativa, a Ángel M; Junquera Sepúlveda, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C; José Besil Bardawil, socio de la firma contadores Valera, Topete y Asociados; Carlos Terroba Wolf, director de un grupo empresarial y operador accionista con representación legal de la empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re, entre otros.
Dos años después, el 15 de octubre de 2012, el abogado del depuesto Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Eugenio Olvera, expuso públicamente los malos manejos y los mecanismos utilizados por «Billy» Álvarez, acusándolo junto a sus socios mas cercanos de evasión fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
En 2013 un grupo disidente encabezado por Víctor Manuel Velázquez, exdirector Comercial de la cementera, acusó a Guillermo de ostentar la Dirección General de la Cooperativa.
En medios, el 25 de marzo de 2019 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó dos reportajes en donde reveló que los recursos de la Cooperativa se habían destinado a un grupo de empresas que facturaron por supuestos servicios de consultoría. Además denunció que durante años sus directivos sacaron millones de dólares de la organización para llevarlos a paraísos fiscales.
EL MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo operó este esquema de lavado de dinero? De acuerdo con la declaración de quien fuera Tesorero de la Cooperativa a la que SinEmbargo tuvo acceso, durante los años 2014 a 2016 se percató que existían diversas cotizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían sido directamente autorizadas por Guillermo Álvarez y no seguían los protocolos internos de la organización, los cuales consistían en generar un pedido o contrato y que lo autorizara el área correspondiente.
El extesorero de la Cooperativa acusó a “Billy” Álvarez de haber instruido desde el 2014 el pago por parte de la Cooperativa a empresas fantasma respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio, pero sí se facturó y cobró, generando gastos inexistentes en perjuicio de la organización y sus socios.
El testigo dice en su declaración, con fecha del 2 de marzo de 2020, que cuando se dio cuenta de este modus operandi solicitó que las facturas ya no las firmara solo el Director General de la empresa, sino también estuviera la rúbrica de los directores de Jurídico, Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y Vigilancia; sin embargo, por haber presentado esta solicitud, Guillermo Álvarez lo suspendió de sus labores como director Financiero.
El mismo esquema fue denunciado por quien fuera Tesorera de la Cooperativa. En su declaración detalla que durante los años 2015 a 2019 se dio cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero relacionados con servicios no prestados las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Álvarez, mismas que no seguía el proceso interno.
La extesorera acusó a “Billy” Álvarez de instruir pagos de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio.
«La extesorera y el exdirector de Administración acudieron ante la Fiscalía y prefirieron decir ‘Yo no estuve de acuerdo (con los desvíos) y tan no estuve de acuerdo que el señor ‘Billy’ Álvarez me corrió después de estos hechos porque me opuse a realizar este tipo de acciones que para él eran normales y los hacía constantemente”, señaló el abogado Barradas. «Ellos exhiben las facturas, reconocen la firma de ‘Billy’ y explican que él les ordenaba realizar esos movimientos y se exhiben los comprobantes de las transferencias bancarias».
EL RESPALDO A «BILLY»
El pasado 4 de junio, la Cooperativa La Cruz Azul calificó de difamación la campaña emprendida por un grupo disidente que ocasionó la congelación de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez y su hermano Alfredo.
«Cooperativa La Cruz Azul SCL expresa su rechazo a las acciones de difamación, daño moral y perjuicio en contra de la imagen y estabilidad económica que un grupo de socios suspendidos de sus labores ha encabezado a través de la manipulación de información sustraída ilegalmente de la empresa», expresó en un comunicado.
La Cooperativa agradeció la intervención de las autoridades porque al investigar podrán deslindar responsabilidades y desmentir lo que calificó como imputaciones sin sustento que se ha externado de forma mediática.
Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, dijo en entrevista que estas acusaciones son un tema añejo que han venido reciclando los opositores a la actual administración y que ahorita están suspendidos.
«Este grupo sacó información de la Dirección Financiera de la organización y le dio una manipulación jurídica e informativa porque todas las empresas a las que ellos se refieren ninguna tiene problemas de tipo fiscal», aseguró el vocero. «Todas han sido proveedurías que están perfectamente bien certificadas y tipificadas frente a las autoridades».
Dijo que se están entregando los documentos correspondientes a las autoridades en donde se demuestra que «todas estas salidas (de dinero) corresponden a inversiones de infraestructura». También señaló como responsables de estas difamaciones a José Antonio Marín y Víctor Manuel Velazquez, quienes encabezan este grupo disidente dentro de la Cooperativa.
«Son socios suspendidos de sus actividades y sujetos a investigación, y quien ha filtrado la información que ellos sustrajeron fue Juan Briseño, quien es el exdirector Financiero de la organización. Ellos fueron suspendidos porque después de auditorías se determinó actos que no tenían cabal transparencia y que hoy en día están sujetos a proceso legal», explicó Hernández.
Sobre las acusaciones que realizó Alfredo Álvarez en contra de su hermano, el vocero detalló que él estuvo suspendido de la organización a partir del 2010 y regresó a sus funciones hasta el 2018-2019, por lo que es imposible que tuviera conocimiento de las supuestas operaciones ilícitas.
«Si no estaba en funciones porque estaba suspendido, ¿cómo puede decir que tiene pruebas?», cuestionó. «Todo este proceso del que estamos hablando supuestamente se presenta en su ausencia laboral y los contratos de los que él habla son ajenos a su departamento y área correspondiente. Él no tenía relación ni con los proveedores ni tenía actividad laboral en el tiempo donde se presentan esos servicios».
