Al menos 12 de los 32 coordinadores estatales del Gobierno federal, figura cuestionada por debilitar al contrapeso e incentivar el clientelismo, no están exentos de señalamientos. Además de que el delegado de Jalisco Carlos Lomelí es investigado por la Secretaría de la Función Pública en torno a sus negocios farmacéuticos, hay casos de sanciones por la Comisión de la Honestidad de Morena, nepotismo, chapulineo y demás.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Una persona con discapacidad se acercó al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Guadalajara, Jalisco, para la entrega de Programas Integrales de Bienestar.
–Ayúdenme, mire cómo estoy– le comentó.
–¿Ya te censaron? –le cuestionó el mandatario, a quien, es sus palabras, la escena «le partió el alma».
–Sí, ya me censaron, pero ¿cuándo va a llegar la ayuda? –le cuestionó.
El Presidente jaló al delegado en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato a la gubernatura del estado por Morena. El Gobierno federal estableció a 32 delegados que coordinan los programas federales con los gobiernos locales y encabezan un «minigabinete» de subdelegados de seguridad, economía, comunicaciones y transportes, y de bienestar en cada entidad.
–Ven y escucha esto. En vez de estar diciendo que en Jalisco, en Puebla, en Tabasco o en Chiapas hay pleitos y platicándome de la politiquería, en vez de eso, lo que me importa es que se termine el censo, lo que me importa es que pronto se resuelva el apoyo a la gente –le dijo López Obrador, de acuerdo con lo que el mismo Presidente narró al día siguiente en el mitin de Puebla celebrado también para la entrega de apoyos sociales.
Frente a los asistentes al mitin, el Presidente dirigió un mensaje a los delegados: «Aquí hay que trabajar 16 horas diarias por el pueblo, para que entre más pronto podamos implementar todos los programas, más beneficios para la gente».
En diciembre López Obrador ya había reprendido también al delegado de Nayarit Manuel Peraza Segovia por no tener listo el censo de los afectados por el huracán Willa.
SANCIONES, NEPOTISMO, CHAPULINES…
La Secretaría de la Función Pública investiga al delegado de Jalisco Carlos Lomelí. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes pasado que si está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado e incluso expulsado del Gobierno federal.
La organización Mexicanos contra la Corrupción reveló que familiares y colaboradores de Lomelí Bolaños forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos. Esas compañías, algunas denunciadas por vender medicamento falso y por sobreprecios, ya han recibido contratos de la actual administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos.
Además, en 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubicó a su empresa Lomedic por presuntos vínculos con el ex cártel de los Amezcua Contreras. En 2017, la misma dependencia registró a otra de sus empresas, Servicios Educativos y de Negocios, por estar presuntamente relacionada con la organización criminal operada por Raúl Flores Hernández, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El diario Reforma también informó que Lomelí ha obtenido en 13 años contratos por siete mil millones de pesos en 17 estados a través de 21 compañías, y sus familiares-socios que están en esta red empresarial también ocupan cargos de elección popular, sobre todo en Jalisco.
Lomelí Bolaños no es el único superdelegado cuestionado.
Guillermo Novelo Solís es delegado en Durango, a pesar de que en 2018 la Comisión de Honestidad de Morena lo sancionó por dos años porque simuló un proceso de elección interna en 2015, además de manipular actas del partido. Esta Comisión interna también sancionó por medio año al delegado en San Luis Potosí Gabino Morales Mendoza por violencia de género contra una funcionaria pública.
Cuando era dirigente de Morena Hidalgo en 2018, el ahora delegado Abraham Mendoza Zenteno fue señalado por consejeros morenistas de permitir entrar al partido a Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo La Sosa Nostra, que controla a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH).
Además, hay chapulines que brincaron del PRI, PRD o PAN y cinco que en elecciones pasadas de 2015, 2017 o 2018 intentaron ser Gobernadores del estado que ahora coordinan por parte del gobierno federal: Víctor Manuel Cosío en Baja California Sur; Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México; Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit; Joaquín Díaz Mena en Yucatán; y Pablo Sandoval Ballesteros en Guerrero, hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Sandoval.
Otros familiares de la «4T» es el delegado en Puebla, Rodrigo Abdalá Dartigues, sobrino del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; y la delegada en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, cuñada del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.
Y el ex delegado y recién candidato ganador a la gubernatura de Baja California, el empresario Jaime Bonilla Valdez, es acusado de gestionar a favor de una compañía.
Después de ser uno de los cinco directores de Agua de Otay, en San Diego, California, y Diputado del Partido del Trabajo en 2012, Consolidated Water Company pudo lucrar con agua potable de Baja California, de acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo que cita una investigación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
CRÍTICA CONTRA SUPERDELEGADOS
Desde su anuncio, la figura de los «superdelegados» del Gobierno federal ha estado sujeta a cuestionamientos de la oposición y del sector empresarial por sus posibles «fines político-electorales», implicar «un retroceso» contra el federalismo y la división de poderes, además de ser blanco de recursos de inconstitucionalidad por su posible injerencia en la administración de los gobiernos estatales.
Antes de tomar el cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el sábado 11 de agosto con los 32 delegados del Gobierno federal, dirigidos por Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, dependiente a la Oficina de Presidencia, a quienes encargó la entrega directa con una tarjeta bancaria de pensiones, becas y otros apoyos económicos.
El levantamiento del Censo de Bienestar arrancó en octubre por 20 mil «servidores de la nación» que casa por casa preguntaron las necesidades de los mexicanos para designarles un programa social. Quedó listo en mayo, luego de cuatro meses de retraso.
Desde noviembre el Congreso aprobó la minuta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal para crear la Secretaría de Bienestar, y la figura de un coordinador estatal para sustituir a los delegados estatales que existían por cada Secretaría de Estado.
El dictamen legislativo documentó que operaban 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal. Pero en el marco de la austeridad, detalló el Presidente, como había «hasta 30 o 40 delegados en las Secretarías del Gobierno federal» hubo una reestructura que generó cientos de despidos a empleados de confianza y un ahorro por 15 mil millones de pesos.
Quedó por estado un solo coordinador y cuatro subcoordinadores para el Gabinete de Seguridad y Gobierno, el Gabinete de Hacienda y Desarrollo Económico, el Gabinete de Energía y Comunicaciones y Transportes, y el Gabinete de Bienestar: 266 coordinaciones para las regiones y municipios, y ocho mil Centros Integradores de Servicio para acercar los apoyos a las cabeceras municipales particularmente retiradas.
«La designación de Coordinadores Estatales supondría una involución en la solidez del sistema federal, debilitando los equilibrios y los contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la Federación. Es irrefutable que el país necesita de gobiernos locales y municipales fuertes, pues en esos órdenes de gobierno es donde pueden potenciarse las capacidades para identificar las necesidades de la población y contar con las mejores aptitudes para atenderlas a través de la tarea de gobierno», cuestionó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Previo a la jornada electoral del domingo pasado, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, informó que se presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena y quien resulte responsable, por la entrega discrecional de tarjetas del Bienestar por parte de delegados en los seis estados donde hubo elecciones.
«Se están usando los recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena. En el caso de Baja California, un delegado de Financiera Rural fue captado en un video junto con el candidato a Gobernador ofreciendo programas federales a cambio del apoyo del candidato. Tanto fue así que tuvo que renunciar de delegado», aseguró desde Aguascalientes, entidad blanquiazul.
«Nadie ignora que nosotros nos enfrentamos a un Presidente de la República cuya prioridad es construir un aparato electoral en lugar de resolver los problemas que vive México», agregó en rueda de prensa.
Respecto a la responsabilidad de los delegados en seguridad pública, en noviembre doce gobernadores encabezados por el de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestaron en una carta que la colaboración con el Gobierno federal no implica «sometimiento» de las autoridades locales legítimamente elegidas por la ciudadanía ni imposiciones desde el centro del poder.
«La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla contra componentes y fines político-electorales», expuso la misiva firmada por los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.
«Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores estatales’ del Gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros».
El 4 de diciembre ya como Presidente de la República, López Obrador sostuvo una reunión con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), respecto a las facultades de seguridad a los delegados. Pero siguen contando con un subcoordinador de Seguridad.
En enero legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) promovieron recursos de inconstitucionalidad contra esta Ley Orgánica de la Administración Publica Federal por los superdelegados y en febrero, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo, también presentó una controversia contra esa figura.
