En las elecciones del domingo pasado se demostró una vez más que las coaliciones son y serán determinantes en los comicios futuros, con un electorado cada vez mayor que empieza a votar en clave de incentivos. Qué gano al votar al candidato A y qué pierdo si voto al partido B o C. Algo de este razonamiento ocurrió entre los ciudadanos de los estados donde ganó la coalición PAN-PRD y la del PRI-Verde-Panal.
Y es que mire, estimado lector, los triunfos del PRI son inexplicables sin la alianza nacional que sostiene con el Partido Verde y el Panal, y parcialmente en algunos estados con el PT, como también los del PAN en su alianza con el PRD, y sin ella son explicables sus derrotas en los estados donde el Blanquiazul perdió por ir solo, como son los casos de Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, sin dejar de reconocer los triunfos bajo las mismas circunstancias en Aguascalientes, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas.
La letra de la Ley señala que las coaliciones deben ser entre formaciones afines ideológica y políticamente. Sin embargo, en la realidad son meros ejercicios de cálculo y conveniencia política, yo aporto tantos votos y tú otros tantos, de manera que sumados los coaligados se eleven las posibilidades de triunfo electoral.
Es decir, son coaliciones pragmáticas y no programáticas, lo cual es una gran debilidad que no se ve en sistemas parlamentarios porque son de gobierno, y si hay una ruptura en la coalición ganadora llevaría a elecciones anticipadas para formar posiblemente una nueva coalición.
La Ley electoral mexicana ya contempla la figura de coaliciones de gobierno, sin embargo, las grandes formaciones políticas las han reducido estrictamente a lo electoral y su implementación podría ser una de las grandes ofertas en las elecciones presidenciales de 2018 porque daría mayor certeza a los votantes, que ya no solo estarían votando un partido sino un programa de gobierno.
El país necesita este cambio sustantivo para evitarse todo este mercadeo de votos que estamos viendo en cada elección, y que al final solo demuestra que el PRI y el PAN terminan siendo siempre los que gobiernan, salvo contadas excepciones a la regla. Ahí está como ejemplo que en estas elecciones ningún perredista va ser Gobernador como tampoco ningún verde o panalista, menos un petista, solo les quedan algunos cargos de representación o en las administraciones públicas. Son los segundones de las coaliciones.
Peor está el partido Morena, que siendo un partido en ascenso electoral, y que estuvo en la disputa en los estados de Veracruz y Zacatecas, no pudo hilvanar ningún triunfo de Gobernador por el dogma que representa hablar en ese partido de coaliciones y la imposibilidad de articular alianzas que perfectamente podrían ser coaliciones de gobiernos de izquierda utilizando lo escrito en la Ley.
Lamentablemente la desconfianza permea esta formación política, y las coaliciones se ven como una traición al pueblo. Vamos, hacer este tipo de política, que sin duda es la que premiaron ampliamente los ciudadanos el domingo pasado y estará en el imaginario de las próximas elecciones presidenciales significa, perdonen, ir con los partidos de la mafia del poder lo que es no hacer política.
Por lo pronto entran a revisión en el PRI, para saber qué fue lo que les falló, pero ahí la explicación rebasa a las propias coaliciones, el afán insensato del Presidente Peña Nieto de restaurar el priismo raya en la locura, no se puede hacer entre otras razones porque el “dedazo presidencial” es un anacronismo. Una tara del sistema político. Imposible en sociedades abiertas y altamente competitivas, además, cómo poder hacerlo bajo un aura de un bajo rendimiento institucional y altos niveles de corrupción e impunidad.
Lo primero que tendría que hacer el Presidente de la República es pedir al Poder Judicial revisar las riquezas inexplicables de los gobernadores que dejan su cargo y someterlos al juicio de la Ley para pensar en una restauración legítima.
Pero eso es impensable en la política mexicana. El tráfico de influencias, complicidades y el andamiaje institucional lo hace prácticamente imposible. Ahí están los casos mediáticos y documentados de personajes como Humberto Moreira, Rogelio Medina, Guillermo Padrés, Javier y César Duarte o Roberto Borge. Nada se mueve más allá de los medios y las formalidades del poder.
Sin embargo, el nuevo aire que tomaron las coaliciones es una oportunidad para transitar desde lo electoral al gobierno, de los votos a las decisiones políticas. Ahí están los medios para superar los obstáculos que parecen insalvables.
Ya algunos de los futuros gobernadores panistas dicen que meterán a la cárcel a quienes hoy gobiernan esos estados. Está bien, pero no les vaya a pasar lo que a «El Bronco» que con esa bandera llegó al gobierno de Nuevo León y ya se le fue un año sin poder hacer absolutamente nada. Para estos asuntos es evidente que sí existe una clara separación de poderes y una cosa dice el Gobernador y otra los ministros.
En tanto, la buena noticia de esta elección, es el castigo que sufrió el partido del Presidente que ya sabe qué características tiene el piso electoral sobre el que competirá en las elecciones presidenciales de 2018.
Nada qué ver con el de 2012.
