De acuerdo con activistas, el caso de Tajamar no está perdido. Lo único que pasó, dicen, es que dentro de este proceso se perdió la confianza la Profepa porque no cumplió su trabajo a tiempo y además espero el término de las elecciones para anunciar que el desmonte en la zona fue «legal» y proteger al PRI, partido que gobierna en Quintana Roo. «Nadie puede entrar al manglar», aseguraron, y esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. «Esto sigue en proceso, y primero tendrán que resolverse 20 amparos más los que se acumulen», afirmaron.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– La remoción de vegetación en Tajamar, realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el 16 de enero de 2016, se llevó a cabo bajo el amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente, dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el martes pasado. Pero Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución tuvo tintes políticos de cara a las elecciones del pasado domingo 5 de junio.
«Evidentemente, la Profepa esperó a que pasaran las elecciones porque si hubieran sacado la resolución antes se hubiera entendido que el Gobierno de Quintana Roo, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), estaba a favor de la destrucción en Tajamar y en contra de la ciudadanía», acusó.
La activista expuso que la Profepa está blindando a Fonatur contra posibles demandas de tipo penal y civil de los compradores de los terrenos en el manglar, «porque con este resolutivo le quitan a Fonatur todo el riesgo de que tuvieran que regresar el dinero [a los empresarios], ya que ellos cumplieron con todo».
Domínguez aclaró que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, el Manglar Tajamar no se encuentra en riesgo.
«Queremos aclararle a la sociedad que esto no quiere decir que el caso se perdió. Quiere decir que dentro del proceso perdimos total confianza en Profepa porque no cumplió con su trabajo», subrayó. Nadie puede entrar al manglar. Esto no quiere decir que mañana pueden empezar a construir. Esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. Esto sigue en proceso, y primero tendránn que resolverse 20 amparos más los que se acumulen», agregó.
El 26 de enero pasado, funcionarios de la dependencia federal se presentaron en el terreno de 59 hectáreas, o sea, 10 después de lo que ambientalistas calificaron como un “ecocidio”, donde especies fueron enterradas vivas, otras sufrieron heridas y el resto quedó en medio de un manglar devastado, sin hábitat.
Por ello, la representante de Salvemos Manglar Tajamar, criticó el actuar de la dependencia.
«La Profepa asegura que realizó una profesional vigilancia, pero en realidad pasaron 10 días de la devastación para que ellos visitaran Tajamar, para que ellos realizaran una visita de inspección, después de 10 días claro que las cosas habían cambiado completamente y por supuesto que no pudieron hacer una inspección adecuada, correcta ni fidedigna», dijo.
Los abogados analizan en este momento las acciones que emprenderán ante el resolutivo de 641 páginas que les entregó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:
«Es importante analizar pros y contras de cada uno de los procedimientos de apelación, aunque tenemos procedimientos para poder hacerlo. Vamos a tomarnos el tiempo, esto lo acaban de entregar y merece la pena hacerlo con calma y tenemos 15 días para hacerlo, la semana entrante estaremos viendo qué es lo más conveniente», comentó.
RIDÍCULA, RESOLUCIÓN DE PROFEPA: ONGS
Ante la resolución de la Profepa, en la que aseguró que el desmonte del manglar Tajamar fue legal, Greenpeace México y Salvemos Manglar Tajamar consideraron que «es una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar y dé por hecho que el Fonatur actuó dentro del marco legal cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso».
Mediante un comunicado, los activistas acusaron que con sus acciones, la Procuraduría cada vez pierde más credibilidad:
«En un país donde las propias instituciones de Gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar», señaló.
Aunado a esto lamentaron que el organismo justifique los daños al ecosistema primordial para la conservación de los mares, donde vive una gran cantidad de especies y que además funge como barrera natural contra las inundaciones, por lo que actúa como un muro contra huracanes.
«Contar con manglares sanos es proteger también la vida en los océanos», aseguraron.
En 2007, la Ley General de Vida Silvestre protegió el manglar por su valor ecosistémico, pero eso nada importó porque dos años antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fonatur obras en Tajamar y éste decidió ejecutarlo una década después, pese a que el marco legal mexicano cambió y ya protege la zona, subrayaron las organizaciones.
«El criterio de la Profepa es obsoleto ya que toma consideraciones de hace una década pese a que la legislación se ha actualizado para brindar mayor protección a este tipo de ecosistema, y al mismo tiempo, la visión y entendimiento por parte de la sociedad en general, la sociedad científica e inclusive el sector gubernamental cambió dándole al manglar un estatus de ecosistema esencial para la ecología y bienestar de las comunidades costeras de todo el país que hoy las autoridades intentan minimizar», acusaron.
